Lo
ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El
informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como
un accidente inevitable. No lo fue.
Fue
el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas
que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se
degradaba a ojos de cualquiera.
El
dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para
un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de
resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura
condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.
Aquí
es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar
responsabilidades concretas.
La
Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir
su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como
ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar,
mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.
El
Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no
fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano,
conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en
su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.
El
Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión,
coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede
reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención
es también una obligación política.
Y
junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde
estaban los controles técnicos?.
La
corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es
el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían
hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.
Lo
más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en
el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las
competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa…
hasta que ocurre una tragedia.
Y
entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las
promesas de investigación.
Pero
esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA
INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un
accidente para convertirse en una responsabilidad.
Ahora
toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final
toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.
El
Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente
fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.
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