El
crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es
casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los
gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el
coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda
residencial, y precios disparados.
Y frente a
esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que
retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han
estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más
allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que
la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que
técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.
La
regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque,
sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han
gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido
que la situación derive en un modelo insostenible.
Pero si hay
un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en
Peñacastillo.
Más de 25
años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas
reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de
los suelos más estratégicos de Santander.
El listado
de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos
estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de
parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos
impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La
Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la
política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno
ha asumido la solución.
Mientras
tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras
que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la
espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se
pongan de acuerdo.
Y todo ello
en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander
en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.
La
conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en
Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.
Las
soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva
las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar
decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos
como La Remonta.
Por lo tanto,
lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico,
lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque
mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no
como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que
vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

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