Hay decisiones que explican mejor una crisis, que cualquier comunicado oficial.

Lo ocurrido en USO Industria Cantabria el pasado 2 de octubre es una de ellas. Lo que debía haber sido la celebración del Consejo Regional de Industria acabó convertido en una asamblea de delegados, un cambio aparentemente formal, pero con profundas consecuencias sindicales y democráticas.

Un Consejo Regional no es una simple reunión, es el órgano donde se debaten las discrepancias, se examinan las decisiones y se adoptan acuerdos, es el espacio en el que los representantes elegidos por la afiliación pueden analizar una situación extraordinaria y pronunciarse sobre ella, precisamente lo que algunos parecen empeñados en evitar.

La crisis abierta desde hace meses entre la Federación de Industria y la Unión Regional de Cantabria continúa sin resolverse, lejos de abrir espacios de participación y transparencia, la respuesta ha sido intervenir estructuras elegidas democráticamente y apartar de sus funciones a representantes respaldados por la afiliación.

Ni siquiera la presencia del secretario de Organización Confederal, David Díaz Vílchez, acompañado por representantes de la Federación Estatal de Industria, junto a la secretaria general regional y otros responsables, consiguió despejar las incógnitas.

La pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda, ¿a quién molestaba que se celebrara el Consejo Regional?

Nadie ofreció, según lo expuesto en la reunión, una explicación convincente de por qué se sustituyó el Consejo previsto por una asamblea sin la misma capacidad decisoria, y más aún, cuando se impide que un órgano competente debata y se pronuncie, a no ser que sus acuerdos pudieran incomodar a determinadas direcciones.

La exigencia de transparencia volvió a ocupar un lugar central. Se reiteraron viejas reclamaciones, como el acceso al Libro Mayor del sindicato en Cantabria y aclaraciones sobre cuestiones económicas pendientes, incluidas las dudas planteadas sobre posibles complementos abonados a colaboradores jubilados, al igual que la reclamación a convocar el X Congreso Regional de USO Cantabria, pendiente desde mayo.

Una organización sindical puede soportar discrepancias, pero difícilmente puede justificar indefinidamente el bloqueo del principal espacio democrático para renovar o ratificar a su dirección.

La asamblea expresó también su rechazo a las actuaciones disciplinarias contra Fernando Rey, secretario general de la Federación de Industria de Cantabria, y Sheila Rozas, secretaria de Igualdad y Afiliación, cuyo despido se ha vinculado a una supuesta pérdida de confianza, y la de otros integrantes de la ejecutiva elegida en el III Congreso Regional de Industria, celebrado en Puente Viesgo en octubre de 2023.

¿Cómo se puede defender la democracia interna mientras se aparta de sus funciones a una ejecutiva elegida por los afiliados sin que estos hayan podido pronunciarse colectivamente sobre el conflicto?

Especialmente preocupante resulto la presencia de José Vía Iglesias, Presidente de la Comisión de Garantías de USO Cantabria y vinculado a la representación sindical de Solvay, en una reunión enmarcada en esta crisis. La cuestión adquiere mayor relevancia ante las denuncias sobre supuestas convocatorias privadas a distintas secciones sindicales, aprovechando el reconocimiento y la posición orgánica que ostenta, para promover una determinada orientación en el conflicto.

Si estas reuniones se están utilizando para influir en favor de una posición partidista, al margen de los cauces democráticos y de la voluntad expresada por la afiliación de Industria, la situación exige explicaciones claras. Las secciones sindicales no pueden convertirse en instrumentos de presión para condicionar una decisión colectiva que corresponde a los afiliados.

Y hay una cuestión institucional que no puede eludirse: ¿cómo se preserva la apariencia de imparcialidad de la Comisión de Garantías cuando su presidente participa en actuaciones que pueden interpretarse como una toma de posición en el mismo conflicto sobre el que eventualmente podría tener que pronunciarse? No se trata de prejuzgar su actuación, sino de exigir transparencia, prudencia y una separación inequívoca entre las opiniones personales y las responsabilidades orgánicas.

Mientras tanto, los representantes de la Federación Estatal de Industria continúan, a juicio de los críticos con su gestión, respaldando decisiones disciplinarias e intervenciones sin ofrecer una salida que permita recuperar la normalidad democrática.

Porque la verdadera crisis no comenzó con los expedientes ni con las suspensiones, comenzó cuando los órganos dejaron de reunirse, los congresos quedaron pendientes, las preguntas incómodas dejaron de obtener respuesta y la discrepancia empezaron a tratarse como una amenaza. Y es precisamente con estos mimbres, que se está trasladando un mensaje profundamente preocupante, a las secciones sindicales, que están exigiendo transparencia, defensa de autonomía para los órganos elegidos y su derecho a participar en el interno del sindicato.

Quienes hoy ocupan responsabilidades deberían recordar algo elemental, las ejecutivas pasan, los secretarios generales pasan, los responsables confederales pasan y los conflictos terminan pasando, lo que permanece es la credibilidad de la organización.

Cuando la democracia interna deja de ser un principio y empieza a considerarse un obstáculo, la crisis ya no pertenece únicamente a una federación, alcanza a todo el sindicato.