La primera en la frente

En GFB, según cuenta el Diario Montañés los imputados, entre otros Agudo y Pesquera no metieron mano a los dineros de la empresa, aunque según parece, si gestionaron  mal los dineros de todos los cántabros.

 

Muchos fueron los delitos que el Partido Popular quiso imputar a los gestores de aquella afamada iniciativa, nacida en los albores de la crisis económica y en plena paralización de la construcción en todo España. Recuerdo a los diputados Carlos Bedia y Van den Eynde, desde el atril del parlamento regional acusar una y otra vez sin descanso, de malversación, fraudes en las subvenciones y malísima gestión en la Administración incluso desleal, en la encomienda encargada a Sodercan.

 

Y ahora tres años después de la acusación parlamentaria, el Juzgado nos dice que la gestión ha sido "irresponsable" que comprar la maquinaria a los de Pujol Martin a precio de oro, cuando era de saldo, sólo demuestra gestión irresponsable en lo económico y chapuzas varias en la compra de materiales imposibles de vender, y sobre costes al tener que reparar la maquinaria sin apenas ponerla en marcha.

 

Me imaginó que los políticos de aquél entonces, vamos los mismos que los de ahora, estarán contentos de su suerte, aunque no lo deberían estar tanto, porque al final pagar un sobreprecio de 12 millones de euros, y 5 más por puesta a punto, además de tres millones  por placas de fibroyeso imposibles de vender es un "delito no penal" pero del que alguien debería responsabilizarse públicamente con la correspondiente inutilidad para gestionar lo público, más que Miguel Ángel Pesquera. Dejó para la reprobación final el gasto abusivo en sueldos inútiles y dietas elevadísimas, comportamientos poco éticos  de personajes que en su día nos vendieron GFB como buque insignia de la nueva industria regional.

Apartado 13º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Curtidos Pedro Mendicouague

Antigua fabrica Pedro Mendicouage Santander

La revista Cantabria Económica en febrero de 1998, publicaba un amplio reportaje de ocho sociedades industriales, que por una causa o por otra habían pasado a manos de los trabajadores. Entre ellas, Productos Dolomíticos donde se habían cedido las acciones a sus trabajadores, Cunosa donde  los operarios convertidos en acreedores habían instado la quiebra de Magefesa, y con ello quedarse con las dos plantas que tenia el grupo en la región, Trefilería y Derivados en Ramales de la Victoria, Forjas y Aceros de Reinosa, ABB, y Astander  fueron empresas en las que la participación de los trabajadores se hizo notar,  incluso en Sniace los trabajadores de aquel entonces adquirieron un paquete de acciones con la intención de influir en el consejo de administración, y por último, Curtidos Mendicuague, que cerraba la lista de sociedades que por causas diversas estaban condenadas al cierre a no ser por los trabajadores y su empeño en mantenerlas. Y fue precisamente en la empresa familiar Curtidos Mendicouague, donde con el asesoramiento de USO se haría posible que la titularidad pasara a manos de los trabajadores, no sin confrontar duramente con unos empresarios que desconocían el oficio a la postre empresarios de tercera generación.

Mendicougue elaboraba un producto de muy buena calidad fruto de profesionales de contrastada valía,  en la gerencia, dirección técnica, y trabajadores que muchos de ellos desde muy niños habían aprendido en oficio de curtir y tintar pieles en la fábrica de General Dávila de Santander. La  ubicación de la empresa totalmente cercada por viviendas y con un alto nivel de contaminación e impacto ambiental por el curtido de pieles, se vio en la obligación de  trasladarse  al  polígono industrial de Cabezón de la Sal, donde se construyo la nueva fabrica y depuradora que por desgracia pronto entraría en suspensión de pagos y posterior quiebra en apenas dos años.

Unos años antes de tan enorme descalabro, la USO había pasado a formar parte del Comité de Empresa con el compañero José Alonso Revilla. El proyecto de la nueva fabrica de Cabezón de la Sal nos fue presentado como el único posible para la pervivencia de Mendicouague y de sus puestos de trabajo - de forma paralela se recalificaron los terrenos – en definitiva un proyecto de nueva fábrica que requería consumir al menos un año de desempleo de los propios trabajadores.

No importo ningún sacrificio en este orden, colaboramos con la empresa desde el primer día para conseguir la rápida calificación de los terrenos industriales en urbanos y con ello por construir  viviendas, convencidos que con la venta de los mismos no solo se generaban recursos para las nuevas instalaciones sino para que la familia Mendicouague recibía unos muy buenos ingresos extraordinarios.

A esta nueva iniciativa enseguida se arrimaron los jóvenes – jabatos - de la familia que sin experiencia alguna y presumiendo de gestores - de la nada - apartaron a sus mayores que habían hecho posible  un imperio económico del que estaban disfrutando, y como herederos de tercera generación se pusieron a fabricar pieles a destajo.

Recuerda José Alonso Revilla “la puesta en marcha de la fabrica en octubre de 1992 fue espectacular, en apenas dos años la producción se había incrementado en un 66%, alcanzando los 2,35 millones de pies y doblar la plantilla de trabajadores”. Todo hacia presagiar un futuro muy halagüeño, que garantizaba la nueva fabrica preparada para producir 500.000 pies al año, totalmente automatizada, con maquinaria nueva, depuradora de última generación que daba estabilidad en materia de medio ambiente, una fabrica en la que se invirtió unos 360 millones de las antiguas pesetas, vamos, “todo un lujo del que se sentían orgullosos los trabajadores a pesar de tener que desplazarse unos 40 kilómetros todos los días, no importaba estaban seguros de que allí se iban a jubilar, y que el esfuerzo merecía la pena.

Pero esa espectacularidad en la producción fue precisamente uno de los detonantes para la crisis, y posterior quiebra, la mala gestión y la falta de entendimiento entre los accionistas – todos de la familia – que unido a la falta de oficio de sus gestores, provocaría que en Diciembre de 1995 se confirmara la suspensión de pagos.

A esa fecha más de la mitad de la plantilla ya estaba en el paro, consumiendo el escaso desempleo que les quedaba, y la empresa, con una lista de acreedores donde predominaba Caja Cantabria, Hacienda y Seguridad Social, sin un Plan de Viabilidad que pusiera orden a los temas económicos y de producción, en claro enfrentamiento entre los accionistas, en definitiva un barco a la derivada que necesitaba de un patrón que pusiera orden en el rumbo, y resolviera un pasivo de - 1.026.363.260 millones de las antiguas pesetas.

Javier Eraso

En ese orden, lo primero que los trabajadores reclamaron, fue la vuelta de la dirección y los técnicos anteriores, ellos habían demostrado durante muchos años, que sabían gestionar bien la empresa, pero basta que lo pidieran los trabajadores, para que se hiciera precisamente lo contrario, recuerdo que Pedro Presa, Gerente por aquel entonces me dijo que “desde cuando los trabajadores deciden en las empresas”, esta frase fue el presagio de un final muy triste y conflictivo.

La maquinaria jurídica se puso rápidamente en funcionamiento, se nombraron los interventores judiciales y comenzaron las negociaciones entre la empresa y los acreedores, negociaciones que paralelamente fueron también realizadas por el Comité de Empresa que en todos los casos se hacia acompañar de los trabajadores, como medida de presión, “teníamos en nuestras manos una fabrica totalmente nueva, por lo tanto nos jugamos mucho como para dejarlo en manos de estos inútiles”.

Paralelamente a estas reuniones, los trabajadores asesorados por la USO, iniciaron las movilizaciones que comenzaron en marzo de 1996, con un encierro en las instalaciones de la empresa como medida de presiono para que afianzaran el pasivo ante el Juzgado de Torrelavega y entrar en la insolvencia provisional que hiciera posible un acuerdo con Caja Cantabria a quien se le entrego importantes activos inmobiliarios que la familia tenía en Madrid, Barcelona y Santander.

 Por aquel entonces la fabrica estaba sin producción, los trabajadores acudían diariamente a las instalaciones con el fin de mantener la presión y la denuncia pública, a la vez que se comenzaba a mirar a la Consejería de Industria a través de Sodercan, como solución a la crisis y sobremanera para pedir su colaboración económica de 100 millones de pesetas, para poner en marcha la instalación y realizar el primer aprovisionamiento de pieles.

Sodercan a través de su presidente Javier Eraso, tenía muchas dudas sobre financiación y más si era gestionada por Pedro Presa. Recuerdo unas declaraciones de prensa que dejaba claro la falta de profesionalidad en la gestión “la empresa ha perdido 120 millones de pesetas en un año trabajando a maquila algo realmente difícil entender cuando solo ponía la mano de obra”. Con esta frase dejaba resuelta la posición de la administración que nunca concedió la ayuda, hasta que se produjo la disolución de la sociedad y la creación de una nueva.

Esta posición radical de Sodercan, coincidente con la de Caja Cantabria, provoco que el Comité de Empresa con el asesoramiento del sindicato diera un paso hacia delante, se trataba de buscar los recursos para competir en la subasta de la maquinaria, y posteriormente la del conjunto de la fábrica, objetivo difícil para los trabajadores, al solo contar con las indemnizaciones de los despidos y algunas cantidades de salarios pendientes de pago, mientras que la propia empresa concurría a través de sociedades y personas superpuestas.

Y sin abandonar el encierro en las instalaciones de la fabrica los trabajadores alcanzaron un acuerdo con el Banco Exterior de España, quien había manifestado su interés en competir en la subasta de las instalaciones para ello los trabajadores depositaron en una cuenta especial, los cuarenta millones de sus indemnizaciones por despido para que conjuntamente con los veinte de puja que el BEX tenia de crédito, se pudiera quedar el banco con la empresa y posteriormente entregársela a los trabajadores a través de un nuevo proyecto industrial Curtidos Cantabria SAL que ya habíamos elaborado y contaba con el visto bueno de la administración y las otras entidades bancaria.

Recuerdo que el día anterior una empresa de estas muertas que solo se activan para hacer negocios raros, se persono en el juzgado haciendo el depósito sobre la cantidad que se adeudaba al BEX, y por lo tanto dispuesta a concurrir en el subasta del día siguiente. En apenas una tarde pudimos descubrir que Lamswin Internacional, era una empresa fantasma con una sede social en Madrid que estaba cerrada y que solo se había activado para concurrían en nombre de Mendicouague como tapadera.

La USO descubrió la trampa pero no pudo evitar su concurrencia en la subasta del 11 de septiembre de 1997, representada por un letrado que horas antes ya se encontraba en el juzgado,  pudo concurrir y hacer una puja superior a los sesenta millones que habíamos pactado entre los trabajadores, Caja Cantabria y el BEX, aquí tengo que reconocer que  el apoderado del banco se porto como un caballero, conocía de las necesidades de los trabajadores y todavía jugándosela por su cuenta pujo con cinco millones más de lo pactado, pero por desgracia no fue suficiente, y así una entidad tapadera la del consejero delegado Pedro Presa se hizo de los activos de Mendicouague, por un millón de pesetas de diferencia.

Pero cuando las cosas no son hechas desde la legalidad, casi siempre salen mal y el sindicato pudo descubrir la vinculación de esta entidad fantasma con una importante empresa del sector ubicada en Vitoria Juan Alonso e Hijos, dedicada al curtido a la que pudimos no solo localizar sino anunciarla la imputación de un fraude por su intervención, provocando de inmediato una visita a sus oficinas centrales en Vitoria donde quedo todo perfectamente aclarado, retirando su puja y haciendo posible que los trabajadores se quedaran con las instalaciones y maquinaria.

Ahora se trataba de convencer a Sodercan que nuestro plan de viabilidad, el de una Sociedad Laboral tenia futuro, para ello los trabajadores habían puesto cada uno tres millones de pesetas - en la mayoría de los casos hipotecando su vivienda -  y después de una revisión minuciosa por parte de los técnicos, y posterior aprobación del Consejo de Administración de Sodercan, se pudo dar la tan ansiada ayuda económica de 125 millones destinados exclusivamente a la compra de pieles y a la puesta en marcha de las instalaciones.

Y lo conseguimos, la USO y los trabajadores codo a codo logramos la recuperación de una empresa que nunca debió pasar por los avatares que paso, que nunca debió quedar en manos de personas inexpertas por muy herederos que fueran de Doña María Mendicouague y que sirvió de transito para que la mayoría de los trabajadores alcanzasen la edad de jubilación.

La Opera de Cuatro Notas de Tom Johnson,

Versionada por su propio Director Paco Mir, me ha sorprendido gratamente por lo que tiene de opera cómica y en buena medida de opera didáctica, en la que con un relato muy entretenido incluso divertido, van a apareciendo, el tenor siempre protestando por el escaso protagonismo que le da la obra, el barítono y la soprano presumiendo de sus arias del  relumbre en el evento, una mezzo maltratada y reducida a contralto y el bajo también maltratado por el libreto que le reduce a una mínima interpretación acompañada de la acústica de la caja china, una opera novedosa al menos para mi que no deja al espectador sin opinión, incluso para aquellos melómanos acostumbrados al bel canto que bien pudieran considerarla como una pérdida de tiempo.

Escasamente en hora y media la Opera de Cuatro Notas del componente de Tricicle Paco Mir, va dando paso entre chascarrillos, comparaciones y preludios a la interpretación, a un relato de canciones envueltas en esas cuatro notas que por ser tan escasas y literales se atreven los cantantes a interpelar al público por si hubieran sido capaces de distinguirlas, notas repetidas una y otra vez por el pianista que también tiene cierto protagonismo cómico.

Re, La, Mi y Si, son las notas en las que se apoya la partitura para dar vida a esta opera desconcertante que enseña perfectamente  las diferencias entre las diversas tonalidades de voz de los componentes clásicos de la opera, voces que con claridad reivindican su papel en la interpretación y que son comentadas y entre bromas ridiculizadas por sus propios compañeros.

La obra se sustenta en muchos gags propios del director, que con esa facilidad a la expresión facial – típica de Tricicle - logra que los profesionales del canto, den con el gesto momentos cómicos que entretienen al espectador, siempre atento a la interpretación siguiente, gestos y pequeños comentarios a la obra, y su autor que logran que las cuatro notas en muchos momentos se olviden y se arranque la risa del publico haciéndole participe del evento hasta el final, incluso  en el escenario a través de un espontaneo.

Cuatro notas es todo lo que ofrece Tom Johnson en la opera que ha puesto en escena el Palacio de Festivales, cuatro notas capaces de entretener al público, con una versión de libre creación de Paco Mir que merece la pena tener como un buen encuentro para con la cultura. 

Los votos del PRC tienen la culpa.

Codiciados por todos los partidos políticos de Cantabria, que se afanan en planificar estrategias para que hacer posible que al menos parte de ellos se vayan a sus filas. Los unos por la necesidad de aumentar el escaso resultado, no vaya a ser que ni tan siquiera saquen dos diputados como es el caso del PP - siempre en liza con Ciudadanos - los del PSOE por cerrar la posibilidad a Podemos de que alcance un diputado, y el propio Podemos que no debería descarta dicha posibilidad, todos, con las expectativas abiertas a la espera del posible pronunciamiento de Miguel Ángel Revilla, que por otra parte parece haber excluido de su apoyo al PP, a quien hace culpable de gestionar mal la crisis, y con ello provocar mayores problemas en la región.

Entre los partidos políticos en liza y con alguna posibilidad esta Podemos que con casi 30.000 votos en las elecciones pasadas, bien pudiera ser receptor de al menos una parte de ese botín electoral, que en las pasadas elecciones voto al regionalismo, y que pudiera estar pensando si votar al PRC y en las nacionales a Podemos, es un síntoma de incoherencia política, o por el contrario, algo posible y coherente con el momento de “convulsión” política que se está viviendo.  

Soy de los que piensan que al menos para estas próximas elecciones las ideologías clásicas izquierda-derecha estaban superadas y que ahora lo que se llevaba es votar eficacia, a veces incluso por encima de las simpatías personales que pudieran generar los políticos, que en el caso de nuestra región  siempre han tenido cierta incidencia. 

Las encuestas a Podemos le conceden cierta estabilidad en la intención de voto, que según parece, esta provocando lecturas diversas siempre intencionadas, que van desde el origen plural de sus promotores del 15M, hasta la acusación mas radical para la ideología de quienes lo gobiernan, cuando no, esa definición genérica de "juventud", para sus dirigentes como si esto fuera algo excluyente, obviando que en los casi 30.000 votos que obtuvieron en las elecciones pasadas en Cantabria, había jóvenes y no tan jóvenes que decidieron dar el salto a favor de una democracia más participativa y plural, también jóvenes, muchos de ellos nacidos en democracia, que con su voto dieron un meneo a las instituciones representadas, en muchos casos por políticos acomodados -cuando no corruptos- que bajo el paraguas de partidos tradicionales se habían  enriquecido manipulando los privilegios que les otorgaba el voto de los españoles. 

Las próximas elecciones del 20 diciembre,  van a estar muy condicionadas mas allá de lo exclusivamente regional, por propuestas de enorme calado que no van a permitir vuelta a tras y que provocaran cambios sustanciales en el devenir de los españoles y la política, cambios en la legislación para lograr “de verdad” la participación ciudadana en la gestión de lo público - eje central de la política que defiende Podemos - respuestas inmediatas a la necesidad social que sufren muchos ciudadanos, o la devolución de derechos laborales y sociales perdidos en los últimos años, reformas tributarias sobre principios de proporcionalidad, o abrir  la ya imparable reforma de la Constitución que resuelva entre otros el modelo de estado, y por supuesto, dejar fuera a corruptos y sinvergüenzas varios.   

Llevar la voz de Cantabria al parlamento nacional no debe ser fácil, al menos para los partidos políticos tradicionales, que se han venido repartiendo históricamente diputados y senadores sin que se les recuerde actuaciones decisivas para la región, quizá ahora, con nuevos partidos emergentes, como Podemos, se puedan elegir otros diputados y senadores que de verdad lleven la voz de los cántabros sin que estén sometidos al corsé político de quien tiene el poder central para decidir. 

 Hasta la fecha el compromiso con la participación ciudadana de los partidos “tradicionales” ha sido muy limitada, por eso es muy saludable ver en el programa de los nuevos partidos, propuestas que hablan de financiación y trato igualitario para Cantabria, o de política de infraestructuras, incluida la sanitaria, de participación incluso cambiando la constitución para hacer más efectivas herramientas democráticas como la iniciativa legislativa popular, o la puesta en marcha de consejos ciudadanos para la sanidad, educación, cultura, iniciativas en todo caso, que pueden devolver la democracia los ciudadanos de a pie.  

Pero ahora toca hablar de las carencias de Cantabria en su relación con el Estado, y en esto seguro que también abra coincidencias entre las reivindicaciones del PRC y Podemos, mas cuando este partido está abriendo a la ciudadanía la confección de su programa político a través de reuniones abiertas a todos, iniciativa interesante que ayudara a poner propuestas ciudadanas a los programas electorales y no propuestas “metralleta” que tanto nos tienen acostumbrados los partidos políticos.

La USO es más que Justino Sánchez Gil en Torrelavega

Hace unos días José María Gruber, dirigente del Sindicato Unitario, y asesor de los trabajadores en las negociaciones de Sniace, publico un artículo que analizaba el comportamiento sindical del miembro del comité de empresa y secretario general de USO en la Comarca del Besaya Justino Sánchez Gil, y la posible repercusión jurídica con la decisión del sindicato de instar ante el Tribunal Supremo, la declaración de culpabilidad del Consejo de Administración en el Concurso de Acreedores, decisión que según Gruber “abriría una brecha jurídica en las negociaciones entre el Comité, la Empresa, el propio Tribunal Supremo y especialmente entre los accionistas, y posibles nuevos inversores imprescindibles para el futuro inmediato”.

Esta forma de proceder por parte de USO le hace preguntarse a Gruber  - ¿Qué puede mover a un sindicato a poner, insistentemente, palos en las ruedas en un proceso que pretende que los trabajadores despedidos vuelvan a la plantilla?  - pregunta cargada de intencionalidad que bien merece una reflexión a la luz de las conclusiones que vinculan el comportamiento de Justino al Partido Popular y al ex-presidente regional Ignacio Diego. Palos en las ruedas de un proceso que con muchas dificultades están coincidiendo  “voces autorizadas” en una sola dirección la viabilidad de Sniace apoyadas por “autoridades, administradores concursales, jueces y lo más importante acreedores, que han apostado por la continuidad, aún a costa de soportar importantes sacrificios”, todos excepto el sindicato USO.

Con esta radicalidad en el análisis se vuelve a recordar una y otra vez las diferencias importantísimas que existe en el comité de empresa a la hora de afrontar las soluciones entre la mayoría representado por SU, UGT y CCOO y el sindicato discordante la Unión Sindical Obrera que según Gruber ya ha decidido “tirar la toalla, ante los despidos, para dedicarse únicamente a reivindicar la correspondiente indemnización”

En este afán por justificar la dureza de estas declaraciones, Gruber recuerda que “El gobierno de Ignacio Diego, nunca estuvo por la viabilidad de Sniace, antes bien, por su liquidación, para una vez disuelta  sus activos, al menos los más rentables, ser vendidos, sin deudas, sin plantillas, libres de polvo y paja, a "cualquier inversor afín".

Resulta duro asumir esta denuncia del amigo Gruber y más cuando lo hace sobre una persona dirigente de un sindicato que lleva en su ordenamiento y practica sindical la independencia política como principal seña de identidad.

 Me cuesta asumir que la posición de Justino sea la del sindicato a nivel regional, estarían locos si hubieran perdido como punto referencia el manteniendo de los puestos de trabajo a cambio de un puñado de euros, - que por otra parte al final siempre están garantizados -  y mucho más que tenga algo que ver en la supuesta liquidación y pelotazo urbanístico a futuro.

La USO es una organización que debe quedar al margen del comportamiento coyuntural de Justino y su vinculación al Partido Popular. Durante los años que he sido responsable del sindicato en Cantabria, he tenido la oportunidad de hablar con dirigentes del PP y contrastar opiniones diversas también de Sniace, por lo que puedo coincidir con la denuncia que hace Gruber, pero de ninguna manera vincularla el sindicato.

Creo que la USO tiene todo el derecho a discrepar con el resto de los sindicatos, en las soluciones del grave problema que tiene Sniace, pero la defensa del empleo y con ello la reapertura de las instalaciones debería ser el punto de referencia para la organización sindical, y mucho más cuando esta parece ser la voluntad mayoritaria de los trabajadores reiteradas en las sucesivas asambleas.

Apartado 12º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Fyesa

 El 30 de Diciembre de 1986, el Comité de Empresa de Fyesa  se vio sorprendido  por la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo que pretendía dejar en 144 trabajadores una plantilla de 290. Como siempre un desalmado Plan de Viabilidad, esta vez elaborado por una empresa vizcaína IDOM, había decido, dejar en la calle a 146 trabajadores, que ya venían consumiendo parte de su propio desempleo en años anteriores.

No había pasado ni un mes  de negociaciones cuando los compañeros de USO en el Comité de Empresa, conjuntamente con UGT y CCOO, se pusieron manos a la obra, comenzando las movilizaciones sindicales de baja intensidad, conscientes de que la pelea iba a ser dura y nada fácil de negociar en un momento de crisis industrial también para un sector el de ferroaleaciones, que competía con producciones de bajo coste en países del tercer mundo.

Los compañeros de USO en el Comité de Empresa y Sección Sindical, Miguel Calva, Ramón Pérez, Miguel Diez Jañez, Joaquín Calzado, Cosme Bolado, Siro Hermana, Víctor Inchauspe, de inmediato asumieron con radicalidad la oposición a tanto despropósito, llevando a cabo una campaña de información ante la opinión publica y muy especialmente a los ciudadanos del Valle de Camargo, a la vez que se iniciaban los primeros cortes de carretera, y algún que otro bloqueo de la fabrica, como medidas de presión de una lucha sindical que no había hecho más que empezar.

La dirección Fyesa, también fue consciente desde el primer minuto de la movilización que la cosa iba para largo, y el miedo se fue apoderando lentamente de una negociación que fue sacada de la propia empresa, a otros lugares por el miedo a posibles enfrentamientos con los trabajadores, reuniones muy duras donde el Comité de Empresa, dejo muy claro - y lo cumplió - que no estaba dispuesto aceptar en ningún caso, reducciones de plantilla por vías traumáticas, en contraposición, un plan de jubilaciones anticipadas, algunas bajas voluntarias con indemnización pactada y bajas por incapacidad laboral, cerraron el acuerdo después de un año de negociaciones y con ello la viabilidad de la empresa dentro del sector de las ferroaleaciones.

Por aquel entonces Gonzalo Burgués, era el Director Provincial de Trabajo, y Ángel Arozamena Consejero de Industria del Gobierno Regional, ambos se ofrecieron en diversas ocasiones como mediadores de un conflicto difícil de resolver.

Los compañeros de USO, conjuntamente con los otros sindicatos, estaban convencidos que las palabras y los compromisos empresariales no eran mas que palabras huecas, dice Ramón Pérez “lo que querían era sacar producto y mantener una presión sobre los trabajadores”, por eso la movilización tuvo que dar un nuevo paso hacia delante, se trataba de llevarla a Maliaño, a las puertas del Banco de Santander que era el mayor accionista de la empresa, aunque en el fondo todos sabíamos que sacar la movilización del Barrio de San Camilo en Boo, era provocar a la fiera herida, la Guardia Civil que embrutecida espera a los trabajadores de Fyesa en una especie de venganza por lo que había pasado recientemente en Reinosa.

Ramon Perez

Y ese temor pronto se hizo realidad, lo que antes eran cortes de carretera, en el barrio, ahora se trasladaban a Maliaño, convertido en campo de batalla donde medirse los trabajadores de Fyesa y la Guardia Civil, que respondió con mucho material antidisturbios, y una violencia desorbitada.



Recuerda Miguel Calva y Ramón Pérez  “fueron noches muy duras, la guardia civil se paseaba con las tanquetas y disparaba a todo lo que se movía, las pelotas de goma y los botes de humo volaban, y mientras más agredían más nos llenábamos de razones para pelear, estábamos en una especie de guerra de guerrillas”. “Una barricada sustituía a otra, hasta el tren de Madrid sufrió un fuerte retraso a su paso por la estación de Boo de Guarnizo, que también se vio impactada por un artefacto explosivo de fabricación casera, que ironía”.

El Comité de Empresa, había decidido encerrarse dentro de Fyesa, las movilizaciones habían provocado los primeros despidos disciplinarios, y con ello, la negativa de la dirección a negociar hasta que no se volviera a lo que ellos llamaban normalidad, una vez mas Gonzalo Burgués, se ponía manos a la obra y propiciaba reuniones, que estaban muy lejos de resolver el problema laboral, porque de lo mas que se hablaba era de los temas de orden publico.

El 27 de abril de 1987, una fecha de triste recuerdo ingresaban en prisión por lanzar cócteles molotov, seis jóvenes que secundando a los trabajadores de Fyesa habían sido perseguidos por la guardia civil en un coche camuflado a lo largo de tres kilómetros - Ángel San Román, Pedro Alberto, Alberto Herrera, Rafael García, Ricardo Bercina y José María Campo - que sin ningún miramiento el juez de instrucción numero uno Sáez Vélez mando a prisión, poniendo si cabe más difícil, las negociaciones ahora entre los sindicatos y las administraciones políticas y judiciales.

Pero lejos de amedrentar el ánimo de los trabajadores y de los ciudadanos -  que ayudaron mucho  a la movilización - persistió la lucha  y con ello nuevas detenciones, esta vez por colocar una barricada en Boo de Guarnizo, siendo los afectados, José Nieto miembro del comité de empresa, Francisco Javier y Ángel Barriuso trabajadores de Fyesa y las vecinas de Camargo Esperanza Sancibrian y Emilia Juárez.

La Corporación Municipal de El Astillero solidaria con la causa de los trabajadores aprobó una moción que expresaba el apoyo a la lucha por los puestos de trabajo, que acompaño a los trabajadores a un nuevo encierro estaba vez, en el pabellón polideportivo municipal.

Fueron cuatro meses de movilización permanente que vieron incluso arder las oficinas de la empresa, comenta el compañero Ramón Pérez “éramos incapaces de ver el final de un túnel que se cerraba cada vez mas pero en negativo para nosotros” la empresa había comunicado a la Dirección Provincial de Trabajo su decisión de “llevar a cabo un cierre patronal” que de inmediato fue respondido por los trabajadores con su propio encierro en la planta de Tanabe a 25 metros de altura.

La totalidad de la plantilla bien pertrechados de alimentos y medios de defensa por si la guardia civil les desalojaba, se dispusieron a dar la última batalla, la empresa por su parte convoco a los  representantes sindicales entre los que me encontraba, a una reunión inextremis que duro ocho horas, pero en la que al final pudimos llegar al acuerdo. Los despidos no serian traumáticos, y todo el excedente seria pactado sin que existiera tiempo limite para ello.

Con el acuerdo en la mano a las once de la noche, llegamos a la fabrica. Unos compañeros nos subieron a Tanabe en el ascensor que quedo inmediatamente bloqueado, limitándose el acceso a una escalera de apenas un metro que ascendía por la fachada. La asamblea debatió hasta la saciedad lo que para muchos no era mas que una nueva trampa, al final pudimos convencer a todos y poco a poco con una cierta sensación de alivio se dio por finalizaba una pelea sindical que guarda recuerdo entre los trabajadores y ciudadanos del Valle de Camargo.

Justamente un año después Diciembre 1998, el Banco de Santander vendía Fyesa a Carburos Metálicos, en una operación societaria que traspasaba las acciones a precio testimonial, mientras  que la nueva empresa se hacía cargo de las deudas de la sociedad, 3.000 millones de las antiguas pesetas, operación que un poco tranquilizo a los trabajadores, al formar parte de un holding del sector de las ferroaleaciones con más de 3.000 trabajadores repartidos por Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Valencia y ahora en Cantabria.

La Sección Sindical de USO recuerdo que le dio muchas vueltas a  esta operación, el Banco de Santander estaba muy interesado en deshacerse de su división industrial, y con aliviar un paquete de deuda y confrontaciones que comercialmente no le compensaba, al final se tuvo que asumir incluso que la integración al grupo de Carburos Metálicos, se retrasase dejando a Fyesa en una especie de isla en el vació que necesito de nuevas movilizaciones para que el holding la integrase con todos los derechos de los trabajadores reconocidos.



Juan Miguel Villar Mir

En el verano de 1990, nuevos problemas, ahora con los ecologistas, de Camargo, que acusaban a la empresa de “estrechar el margen de la ría de Boo, formando una presa en su cauce, matando con ello toda la flora y fauna”, acusación grave que genero mucha inquietud entre los ciudadanos de la zona y que obligo a los representantes sindicales - principalmente a Ramón Pérez,  Presidente del Comité de Empresa y José Antonio Arce responsable de salud laboral por aquel entonces ambos de USO - a salir al paso de las acusaciones anunciando el cumplimiento escrupuloso de los controles ambientales y una importante política de inversiones para la instalación de un espesor de lodos que actuaría en circuito cerrado con agua dulce en lugar de agua salada, con ello se resolvió un grave problema ambiental que venia arrastrando la empresa desde hacia muchos años.

Pero estaba claro que los trabajadores de Fyesa, estaban condenados a seguir en la intranquilidad. En enero de 1991, unos meses después de cerrar el debate público con los ecologistas, Carburos Metálicos presento un nuevo plan de viabilidad como respuesta a una crisis comercial y de competitividad en precios, cerrando un horno y con el ello despidiendo a unos setenta trabajadores, plan que se acompaño con una OPA que Banesto planteo con el fin de hacerse cargo de la empresa, eran los momentos en los que Mario Conde pretendía ser el magnate de las finanzas y para ello apostaba por comprar todas las industrias que le salían la paso.

Para Fyesa eran momentos difíciles, la producción disminuía de forma alarmante por la irrupción en el mercado de las ferroaleaciones de China y Rusia, argumento con el que la empresa se hacia fuerte en su pretensión de despedir, mientras que el comité de alguna manera asumía esta circunstancia ofreciendo una vez mas la posibilidad de ir al paro de forma temporal a través de un expediente. Para Carburos Metálicos este ofrecimiento no fue suficiente y después de ajustar el excedente a través de jubilaciones, bajas incentivadas y alguna que otra movilidad geográfica, se quedo en cincuenta trabajadores que irremediablemente se veían en la calle. Y una vez mas la huelga y la confrontación social, - siempre con la memoria puesta en las movilizaciones de 1987 – que incluso llevo a retener durante nueve horas en las oficinas de la empresa a dos directivos, Francisco Petruss y Juan Carlos Sánchez.

La OPA de enero 1991 había dejado en manos de la división industrial de Banesto a Fyesa, y ahora, Juan Miguel Villar Mir, antiguo presidente de Electra de Viesgo compraba la empresa y anunciaba la puesta en marcha de dos líneas de producción separadas, la sección de energía a través de una nueva sociedad anónima y la de ferros, nueva estrategia empresarial que genero inquietud entre los trabajadores, - hasta la fecha ambas venían enjuagando los beneficios y las pérdidas en conjunto - preocupación que pronto se disiparía abriendo un largo periodo de tranquilidad con la actual Ferroatlantica.

A los compañeros de USO y especialmente a Miguel Calva, Ramón Pérez, Miguel Diez Jañez, Joaquín Calzado, Cosme Bolado, Siro Hermana, Víctor Inchauspe, y Javier Jimeno, ejemplo para muchos otros que han venido después, mi reconocimiento personal, ellos estuvieron durante mucho tiempo en la pelea sindical siempre convencidos de que el puesto de trabajo en aquella empresa hoy más que centenaria bien merecía la pena defender.

Apartado 11º.- Haciendo memoria “Así empezó todo” Cierre de las Clínicas Privadas de Torrelavega

Solar Sanatorio del Carmen Torrelavega

  El 25 de Octubre de 1983, unas cincuenta trabajadoras de la Clínica del Carmen de Torrelavega, entre ellas dirigentes regionales de la USO - se encerraban en las oficinas del Insalud de Santander, en señal de protesta por el impacto que sobre el empleo - 120 puestos de trabajo - se podía dar después de que el Insalud anunciara su decisión de suprimir los conciertos con los sanatorios de la comarca del Besaya, a cambio una promesa abierta en el tiempo de crear una estructura sanitaria que conjuntamente con el Hospital de Valdecilla atendiera a los ciudadanos de Torrelavega y su comarca.

 

Inmediatamente, el por aquel entonces Director del Insalud Fernando Lamata, puso en marcha una campaña de intoxicación informativa, para intentar convencer a los ciudadanos de Torrelavega, que los anuncios de pérdida de puestos de trabajo y del deterioro del servicio sanitario, solo obedecían a razones “tendenciosas y malintencionadas”, a la vez, que justificaba la retirada de los conciertos sanitarios, en el abuso que estos venían haciendo en la facturación al Insalud, por el mantenimiento de pacientes ingresados por más tiempo del necesario.

La UGT buena compañera de viaje del partido socialista de aquel entonces, fue quien primero justifico los recortes, envolviéndose en palabras grandilocuentes para  convencer de las maldades “corruptelas y despilfarros”  de las clínicas privadas, a quienes colocaba como meras empresas privadas, obviando su vinculación de muchos años con la atención sanitaria y la sustitución del Insalud en la comarca del Besaya. Como respuesta al abandono sanitario, se anunciaba la construcción de un hospital comarcal que por aquel entonces se encontraba en las antípodas, cuando lo que se necesitaba era mantener las clínicas privadas como garantía sanitaria para los 46.000 ciudadanos de la segunda población más importante de Cantabria.

Fernando Lamata Director Provincial INSALUD

Aquel encierro y sobretodo la causa por la Defensa de la Sanidad en Torrelavega, para la USO fue el inicio de una acción sindical sostenida en el tiempo y a la que se fueron uniendo otras organizaciones, sociales hasta la creación de la COORDINADORA POR LA SANIDAD, que en los siguientes años vertebraría la denuncia social contra el cierre de los establecimientos sanitarios.

Aquel encierro fue atajado de muy malas maneras por la policía, el desalojo fue extremadamente violento, sobremanera con los compañeros de USO, quienes fueron introducidos a trompicones en los furgones policiales para su detención, solo evitada por los ciudadanos que se arrojaron sobre la policía y los furgones haciendo imposible que arrancasen.

Días después la Clínica del Alba sería la primera en recibir la orden del Insalud, para trasladar los enfermos al Sanatorio del Carmen y Hospital de la Cruz Roja, constatando con ello su cierre y lo irreversible de la decisión política tomada un hecho que impulsaría todavía más la movilización, ahora de los trabajadores sanitarios de las tres clínicas, que veían en esa primera decisión administrativa su futuro a medio plazo.

En esta defensa colectiva de los trabajadores, los sindicatos al principio intentaron discutir con el Insalud aspectos de carácter técnico, que estuvo a punto de hacernos perder la referencia de lo más importante,  la defensa de la sanidad y de todos los puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Torrelavega, con su alcalde Manuel Rotella a la cabeza, enseguida ofreció los terrenos para centro sanitario, lo que produjo un nuevo frente sindical ahora para integrar a los trabajadores de las clínicas privadas en el nuevo hospital comarcal de Sierrallana

Recuerdo que durante buena parte de las reuniones, los trabajadores estuvieron encerrados en la Parroquia de la Asunción, desde allí, sindicatos y comités de empresa se  desplazaban, para de inmediato regresar a informar de los avances y retrocesos, en las difíciles negociaciones que a finales del 1983 se llevaban a cabo entre el Insalud, Consejería de Sanidad, Gobierno Regional, sindicatos, clínicas privadas y comités de empresa, vamos un ejército de personas que nos empeñábamos en poner orden a un futuro sanitario que diera tranquilidad hasta que el hospital comarcal viera la luz.

Los sindicatos teníamos claro que el objetivo final no era otro, que la incorporación de los compañeros al Insalud, sin que para ello tendrían que realizar prueba alguna, cuestión esta que tropezaba con alguna que otra disposición legal que debimos sortear y en las que la administración sanitaria se hacia fuerte a nada que bajábamos la guardia. La solución final, el reconocimiento por del Insalud de una escala de baremos a razón de dos puntos por año de servicio en las clínicas privadas, baremo que facilito mucho la solución final del conflicto.

Esta solución fue base para una bolsa de trabajo que escrupulosamente controlada por los sindicatos sirvió para que se inscribieran los trabajadores sanitarios, procedentes de la Clínica del Alba, Sanatorio del Carmen y Hospital de la Cruz Roja, y su incorporación a la Seguridad Social en distintos lugares de Cantabria, cubriendo, bajas, vacaciones, contratos de interinidad, etc.

Ahora solo quedaba acordar la atención sanitaria en la zona mientras se construía el Hospital de Sierrallana, para ello se barajaron muchas alternativas que una y otra vez tropezaban con el Insalud empeñado en cerrar las tres clínicas, incluso proponiendo que de forma temporal quedase una abierta. Para el Insalud el futuro solo pasaba por que asumiéramos el padrón de beneficiarios, 46.000 personas y con ello los ratios de estructura personal y numero de camas necesarias – 120 -  para atender dicha población, números y mas números que no hacían mas que demostrar el excedente de al menos dos de las clínicas privadas.

Esta rigidez, diría tozudez, por parte del Insalud, fue inmediatamente contestada por el Ayuntamiento de Torrelavega y por personas muy cualificadas del sector sanitario, como los doctores Manuel Teira y Eduardo Cuevas, destacados dirigentes del PSOE, y por la propia Coordinadora que cerró filas en torno a unos datos que demostraban lo absurdo de los argumentos del Insalud.

En uno de los manifiestos que la Coordinadora - constituida inicialmente por los sindicatos USO - CCOO, partidos políticos AP, PDP, PCE, CDS y PRC y asociaciones de vecinos, Rio Indiana, Covadonga, Sierrallana, Caseríos, Santa María, Nueva Ciudad, el Consejo Municipal de la Tercera Edad y la Asamblea de Mujeres de Torrelavega - se podía leer “Este Insalud, establece que una asistencia sanitaria decente debe disponer de 3 camas por cada 1.000 habitantes. Atendiéndose a sus recursos económicos, aunque el criterio de la Organización Mundial de la Salud establece 5 camas, partiendo de este dato y para una mayor comprensión del problema, bastará observar el cuadro siguiente para comprobar la negativa evolución y constantes rebajas a las que en materia de sanidad, se esta sometiendo a Torrelavega y su comarca. Habitantes de la Comarca, mas de 180.000, camas necesarias según el Insalud, 400, camas disponibles actualmente 203, camas que el Insalud pretender darnos 120, estos datos fueron el revulsivo que provocaría la asistencia masiva a las manifestaciones y concentraciones que se dieron a lo largo del tiempo, y a las que en buena parte no acudieron al menos de forma oficial ni el PSOE ni la UGT.

Habían pasado mas de dos años y ahora le tocaba en suerte defender las posiciones del Insalud a su Director Provincial Arcadio Prieto, quien prácticamente, venia a decir lo mismo que Fernando Lamata, “las clínicas privadas deben asumir el concierto económico que diga el Insalud, con una ocupación de doscientas camas a repartirse entre el Sanatorio del Carmen y la Cruz Roja”, y así sucesivamente una y otra vez sin ofrecer alternativa al dialogo, ni con las clínicas, ni con la Coordinadora, aunque formalmente la vía de negociación nunca se cerrara.

La Coordinadora por la Sanidad de Torrelavega, también llevo la movilización al Ayuntamiento, y lo hizo en sucesivas ocasiones aunque la más importante se desarrollaría el 4 diciembre de 1985, en un pleno, al que se le obligo a incluir en su orden del día el problema sanitario, por aquel entonces el alcalde era el socialista José Gutiérrez Portilla.

La USO fue quien llevo la voz cantante de los trabajadores, e interpelo al alcalde para que se tratase el tema sanitario, una interpelación que acabo como el rosario de la aurora, con bronca, suspensión del pleno, desalojo de todos, concejales incluidos del salón de plenos, intervención directa de la policía nacional, quien se llevo por delante entre otros a Juan Carlos con cierta violencia, vamos un pleno para olvidar si no fuera por lo que estaba en juego.

El Sanatorio Nuestra Señora del Carmen en el mes de Septiembre de 1985, presento oficialmente el Expediente de Regulación de Empleo que dejaba en la calle a setenta trabajadores, para ello  argumento, pérdidas económicas derivadas del incremento de costes, imposible de asumir debió a que la Seguridad Social estaba reduciendo de forma paulatina el número de pacientes en la clínica.

Las compañeras Trinidad Fuentevilla y María Ángeles Hernández, fueron las encargadas de negociarlo y hacerlo prácticamente en la calle. Después de cada reunión se celebraban asambleas, a la vez que se informaba a los distintos miembros de la Coordinadora, y Instituciones de las propuesta del Sanatorio del Carmen que llego a ofrecer en venta sus instalaciones y negocio al Insalud, Cruz Roja Ayuntamiento de Torrelavega, Diputación Regional de Cantabria y en último extremo a los propios trabajadores.

Aquellas discusiones duraron oficialmente unos tres meses, por la mesa pasaron diversos planes y multitud de documentos justificativos de ofertas y contraofertas que de nada sirvieron, siempre tropezábamos con el mismo problema, el futuro no estaba en la mesa de negociación, el futuro estaba muy lejos de Torrelavega, alguien había tomado la decisión de cerrar las clínicas y con ello el negocio de la asistencia sanitaria contratada entre el Insalud y la medicina privada, y como cabeza de turco un Director Provincial del Insalud, Arcadio Prieto Moro que por más que le presionamos no dio para atrás ni para tomar impulso.

Y una vez mas - y era la tercera - los ciudadanos de Torrelavega, salieron a la calle, unas cinco mil personas, bajo el grito “contra  el desmantelamiento hospitalario de Torrelavega”, esta vez, reclamando viabilidad para las clínicas principalmente para el Sanatorio del Carmen que día tras día veía mas cerca su cierre, una manifestación que finalizo dejando la puerta abierta a nuevas movilizaciones, por aquel entonces ya se empezaba hablar de huelga general.

 Sin solución de continuidad unos días después la dirección del Sanatorio del Carmen, entrego definitivamente las cartas de despido a todos los trabajadores, a quienes por aquellas fechas se les adeuda cinco meses de salario, y mas de lo mismo, debates y mas debates sobre el “concierto sanitario”  y su futuro, debates que ya no tenían ningún fin ya que los trabajadores a partir del 22 de febrero de 1986 dejaron de pertenecer a la empresa.

 

Todavía vendrían  grandes palabras ahora de José Ramón Toribio, Secretario General del PSOE en Torrelavega quien llego anunciar que “El Sanatorio del Carmen abriría con un decreto de intervención”, de mano del Delegado del Gobierno García Villoslada, declaraciones grandilocuentes de un partido político que se movía entre dejar caer la sanidad y publicitar su oferta electoral, estábamos en elecciones políticas.

 El 21 de Marzo de 1986, se celebro la  huelga general secundada por toda la población, el cien por cien de los establecimientos comerciales, entidades bancarias, colegios, empresas, todos se sumaron a la convocatoria solo fue empañada mínimamente por la UGT - PSOE que no la secundaron.

Los militantes de USO siempre estuvieron al frente de aquellas movilizaciones, demostrando un valor y una claridad de ideas encomiables, militantes como Fernando Izuel, Secretario General de USO, por aquel entonces, Rufino Castañeda, Juan Carlos Gutiérrez, entre otros muchos, no duraron ni solo memento en prestar su fuerza sindical y personal que de todo hubo en aquellos largos años de confrontación social.

Luego llegaría la construcción del Hospital Comarcal de Sierrallana, el hospital de referencia que tanto y tanto costo que se hiciera, del que tanto presumió el PSOE como si fuera la obra de una pelea social por ellos conseguida, enorme mentira, la solución de ese hospital importante del que hoy disfrutan los ciudadanos del besaya, fue fruto de una movilización social que duro mas tres años.

Pero no hay dos sin tres, la Coordinadora de la Sanidad, se tuvo que poner una vez mas al frente de la movilización, ahora por la instalación de unos barracones sanitarios – el Insalud los llamaría módulos provisionales – en el Centro de Salud Dobra del barrio de la Inmobiliaria, barracones que no fueron aceptados por sus vecinos ya que su instalación podría justificar retrasos intencionados en la finalización del hospital comarcal.

Pero la instalación de esos barracones dejo algo más que confrontación social, dejo un lista de sancionados y demandas judiciales instadas por el Insalud, a Rufino Castañeda, que era miembro de la Coordinadora, Presidente de la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria y dirigente de USO  le costo un pleito judicial por un “supuesto delito continuado de desordenes públicos” por los que el fiscal solicito una pena de seis meses y un día de prisión menor y una indemnización entre dos y cuatro millones de de las antiguas pesetas.

Bien es cierto que sucesivamente se fueron retirando las sanciones a los diversos compañeros de la Coordinadora a José Alberto García, Ángel Francisco Ceballos, Dionisio de la Parte, Pedro Ontavilla, Herminio Ruiz, entre otros, pero con Rufino se ensañaron lo dejaron hasta el final, hasta el mes de septiembre de 1996, quisieron dejarle como ejemplo de lo que les podía pasar a los que se manifestarán en contra de las decisiones del Insalud y el Ayuntamiento, pero Rufino aguanto, y acompañado de los vecinos y militantes de USO que siempre le reconocieron su liderazgo y compromiso social pudo llevar ese mal trago y rabia contenida que te produce la injusticia cuando lo único que has hecho ha sido defender la sanidad para una comarca tan importante como la del besaya.

Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, fue una pelea social de todo un pueblo y de muchos compañeros y amigos del sindicato que justo seria reconocerles con su nombre en este escrito, pero son muchos los que se manifestaron y se la jugaron en el Ayuntamiento de Torrelavega, por eso vaya el reconocimiento a una ejemplar actuación sindical de la USO y sus militantes. 

Tanto remar para morir en la orilla

Seccion Sindical USO Ayuntamiento de Santander

Nuevos recortes a los empleados públicos del Ayuntamiento de Santander UGT, CSIF Y CCOO junto con la abstención de APL lo hicieron posible, adiós a tres días de Formación online

 

Me vais a perdonar si comienzo haciendo un poco de historia. Todos recordamos los dos infaustos decretos, el 08/2010 del gobierno de Zapatero y el 20/2012 del gobierno de Rajoy, mediante los cuales el gobierno de la nación cercenó los derechos de los empleados públicos. Resumiendo, estos dos decretos se llevaron por delante el 5% de nuestro sueldo de 2010 y lo congelaron del 2011 en adelante, la paga extra de 2012, dos días de vacaciones (que podían ser hasta cuatro dependiendo de la antigüedad de los funcionarios), tres días de asuntos propios (más los adicionales por antigüedad, de nuevo), la jornada reducida de verano, la festividad de Santa Rita y los días de Navidad. A modo de compensación, obtuvimos 51 horas de formación online.

En los últimos días, el Ayuntamiento de Santander, basándose en la recuperación de derechos por parte de los empleados públicos (hasta ahora, la mitad de la paga extra y dos días de asuntos propios), presentó una propuesta de aplicación del RDL 10/2015 (que nos devuelve el último día de asuntos e incluye días adicionales de asuntos y de vacaciones en función de la antigüedad) que incluía la eliminación de las horas de formación.

Recapitulemos:

¿Cómo se obtuvieron esas horas de formación? No por el trabajo individual de un sindicato concreto, sino por la unión y movilización de muchos compañeros en los VIERNES NEGROS. Fue para acabar con las movilizaciones por lo que el ayuntamiento concedió esa compensación, no se trató de una medida de gracia.

Ahora, el ayuntamiento nos quita la mitad de las horas de formación amparándose en los derechos recuperados.

¿Qué nos concede ahora el ayuntamiento? Nada a lo que no estuviera obligado por el R.D. Ley 10/2015. Este decreto establece un total de 6 días de asuntos particulares (más días adicionales en función de la antigüedad), y hasta cuatro días adicionales de vacaciones en función de la antigüedad. El ayuntamiento se limita a cumplir el decreto, y no sólo no nos regala nada, sino que nos lo quita: tres días en horas de formación.

¿Qué teníamos que negociar con el ayuntamiento? El tiempo necesario de servicios prestados para acceder a los días adicionales, exclusivamente. Y en este punto el ayuntamiento no dejó margen a la negociación, amparándose en un informe del servicio de Inspección, Evaluación y Calidad que contaba, según dijo el jefe de este servicio, con el visto bueno del secretario municipal. La eliminación de horas de formación la introdujo el ayuntamiento, y algunos sindicatos siguieron el juego.

¿Quién ha salido perjudicado? Todos los empleados municipales, y especialmente los que tienen menos de dieciocho años de antigüedad, que a pesar de lo que se recupera con este decreto, el próximo año van a tener menos días de permisos y vacaciones que éste. Y no se trata de un puñado de trabajadores, sino del 44 % de la plantilla.

¿Qué opinaban los sindicatos acerca de este tema? Menos de dos semanas antes de la reunión en la que se ha aprobado la propuesta del ayuntamiento, se abordó el tema en una reunión de Mesa general de negociación. En esta reunión, las posturas fueron:

· UGT no estaba de acuerdo con eliminar las 51 horas de formación, alegaba que el RDL 10/2015 no podía suponer un paso atrás en la recuperación de derechos.

· CSIF no aceptaba la pérdida de días de formación, y solicitaba por escrito iniciar negociaciones para recuperar derechos pendientes.

· CCOO consideraba que las 51 horas de formación eran un derecho consolidado.

· APL tenía dudas en torno a la propuesta.

· USO se posicionó en contra de la propuesta, manifestando que la administración sigue teniendo una deuda con los empleados públicos.

¿Qué sucedió en la reunión? Sorprendentemente, UGT, CSIF y CCOO votaron con el ayuntamiento a favor de la propuesta, APL se abstuvo y solamente USO votó en contra. En consecuencia, la propuesta fue aprobada y los empleados del ayuntamiento hemos perdido la mitad de las horas de formación online. Además, la propuesta de USO de que dos de los días adicionales de vacaciones fueran reconocidos desde el primer día de antigüedad fue desestimada a pesar de la documentación que se presentó, que podréis consultar hoy mismo en otro mensaje.

No vamos a entrar en disquisiciones acerca de los motivos de los demás sindicatos para votar a favor de un acuerdo del que reconocían que lesiona los intereses de los trabajadores, lo que no estamos dispuestos a permitir es que además se trate de presentar el acuerdo como una victoria. Las horas de formación se consiguieron gracias al esfuerzo de los compañeros en las movilizaciones, si el ayuntamiento pretendía eliminarlas, lo lógico hubiera sido convocar una asamblea y actuar en función de las decisiones que allí se tomaran. Firmar el acuerdo tal y como lo ha presentado el ayuntamiento sin consultar a los trabajadores es un acto como mínimo de complicidad, y desde luego no es algo de lo que deba sentirse orgulloso ningún sindicalista