No se puede considerar un éxito
el que se produzca un rescate parcial, de nuestra economía, mediante la
intervención del sector financiero. Era necesario reconocer que nuestro
sistema financiero está enfermo, ese mismo sistema, que hace pocos años era el
mejor del mundo y que no necesitaba ningún tipo de ayuda cuando los gobiernos
de los países europeos y de EE.UU. salieron a rescatar a los suyos. Es el
Gobierno quien recibirá esa inyección de capital a través del FROB, y no
directamente los bancos, y es el Gobierno quien responde de ese dinero, y lo
hará una vez más, sobre los contribuyentes con nuevas cargas.
No se debe hacer de la necesidad
virtud, impidiendo que los más elementales principios de transparencia presidan
todo el proceso y se nos está hurtando, utilizando la emergencia como coartada,
la necesaria información para que los ciudadanos nos enfrentemos al problema,
conozcamos su verdadero alcance y lo que supondrá o no este rescate para
nuestros bolsillos. La USO
apuesta porque el coste de este rescate sea asumido íntegramente por los
accionistas e inversores de las entidades de crédito afectadas y por las
entidades que son acreedoras, convirtiendo la deuda en caso de impago en
acciones y asumiendo así su responsabilidad.
Los españoles tendremos que
hacernos cargo de 100.000 millones más y sus intereses que computarán como
déficit, sin que nuestros políticos vayan a notar restricción alguna en su muy
dispendiosa predisposición a gastar nuestro dinero. Y los únicos que de verdad
salen bien parados de la operación son los acreedores de los bancos quebrados;
es decir, justamente aquellos que tendrían que cargar con la
responsabilidad de sus errores de inversión.
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