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| Pedro Nalda |
El final del
concierto con el Igualatorio está en camino de convertirse en un culebrón que
vaya usted a reírse de “Los ricos también lloran”. Todavía no está muy claro
que se vaya a tratar de una comedia o de un drama, lo que nadie va a discutir
es que el protagonista de la obra no puede ser otro más que el ínclito concejal
de personal, d. Pedro Nalda. Como si de un experto en el método se tratara,
nuestro nunca suficientemente bien valorado edil añade profundidad a su
personaje a base de crear vaivenes en su postura ante el dilema. Así, primero
dice que el Igualatorio no nos quiere, para defender a continuación que la
decisión va a depender de la voluntad de los trabajadores, para añadir un nuevo
giro a los acontecimientos con una encendida defensa de la res publica,
esquivando en un momento dado la paternidad de la propuesta, alegando a
continuación que una nueva licitación supondría una pérdida de calidad en la
asistencia sanitaria, sugiriendo luego que se trata de un privilegio que
disfruta un puñado de trabajadores, exponiendo luego que no se puede negociar
con el Igualatorio por motivos jurídicos y más tarde que no se puede calcular
la cuantía del valor de la póliza, para rematar diciendo que un nuevo concurso
público quedaría desierto.
El único
problema que vemos es que no se trata de quedar en la pantalla mejor que
Rogelio Guerra para que nuestra telenovela sea un éxito. Estamos hablando de la
asistencia sanitaria de más de 300 compañeros y sus familias, así que vamos a
ponernos serios.
Desde el
principio del proceso, el ayuntamiento ha optado claramente por el cambio de
modalidad de asistencia sanitaria al régimen general de la Seguridad Social;
por mucho que nos hayan estado hablando de que se trataba de un borrador de
resolución sin firmar para trabajar sobre él, la realidad es que nunca han
pretendido cambiar ni una coma. Sin ir más lejos, cuando se ha pedido un
listado del personal afectado para hacerles la consulta de forma personal, o
volver a hacer una votación como la del año 93, nos lo han negado escudándose
en el informe jurídico verbal de un letrado. Vamos a cruzar los dedos para que
ahora los expedientes no empiecen a resolverse sistemáticamente en base a
informes verbales.
Sin entrar a
valorar la postura del equipo de gobierno municipal, en USO creemos que no se
están haciendo las cosas bien. El ayuntamiento optó en el año 93 por ofrecer
asistencia sanitaria privada a los funcionarios que pertenecían a la extinta
MUNPAL con el voto favorable de los concejales del PP, que gobernaba con
mayoría absoluta. La decisión del Igualatorio de denunciar el convenio no
obliga al ayuntamiento a cambiar la modalidad de asistencia sanitaria; de
hecho aquel mandato del Pleno sigue siendo vinculante para el ayuntamiento, que
tiene la obligación de licitar nuevamente el concurso. Sólo en el caso de que
el concurso quedara desierto se vería el consistorio en la tesitura de
plantearse el cambio de modalidad. Y en cuanto a la dificultad de calcular la
cuantía de la póliza, nos parece que las cuantías que paga el Estado por las
pólizas de MUFACE son una orientación perfectamente válida y cualquiera puede
consultarlas, son de dominio público. Por si alguien tiene curiosidad y quiere
hacer comparaciones, el precio de la póliza del Igualatorio rondaba los 48
euros, mientras que la de MUFACE está en torno a los 67.
En cualquier
caso, USO apoyará siempre que se tenga en cuenta la elección de los
trabajadores afectados, que son los que sufrirán las consecuencias del cambio,
si se llega a producir. Nunca vamos a poner en duda la asistencia pública, todo
lo contrario, creemos que disponemos de uno de los mejores sistemas sanitarios
del mundo; pero sabemos que el cambio traería problemas. Por ejemplo, con la
recopilación de los expedientes médicos personales, y con su aprobación por
parte de la Seguridad Social, para la que no son vinculantes los informes que
no provengan de sus médicos. O con los tratamientos de larga duración, por
motivos similares. O con la financiación de las prestaciones ortoprotésicas…
USO, junto con
los demás sindicatos representados en la Junta de Personal, está valorando la
posibilidad de convocar a los afectados para que acudan al Pleno en el que se
votará la moción, y así tengan la posibilidad de que su opinión sobre el asunto
llegue a los oídos del equipo de gobierno sin intermediarios.
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