Ecomasa, suma y sigue

Van pasando los días y lo que pareció un escándalo político, económico y social, que ocupo hasta la celebración de una comisión de investigación por parte del parlamento regional, hoy parece un asunto olvidado a pesar de haber sido resuelto incluso por la Audiencia Provincial de Cantabria. 

Me estoy refiriendo a Ecomasa, la sociedad nacida al albur del gobierno regional, en aquel tiempo en manos del Partido Popular, y en la que se unieron multitud de errores administrativos y de gestión hasta convertirla en uno de los mayores fraudes conocidos en Cantabria en manos de la administración regional. 

Atrás quedaron 18 millones de euros públicos, y 3,2 millones de los ochenta y ocho trabajadores,  que confiaron en un proyecto empresarial fracasado, perfectamente avalado por la administración autonómica y que los dejo cesantes, con alguna que otra promesa de empleo – que vaya usted a saber si se ha cumplido – y sin poder recuperar la aportación económica que  hicieron  a Ecomasa. Una sociedad creada para salvar a Teka Industrial y que contó con el asesoramiento e inversión de los organismos estrella de la Consejería de Industria Sodercan e I.C.A.F que según la sentencia de la audiencia provincial “asistía regularmente a las reuniones del Consejo de Administración”, por lo visto incapaz de resolver la malversación de fondos urdida por los señores Lavín y De León. 

Durante cuarenta y tres comparecencias parlamentarias, todos pudimos leer en prensa e incluso en actas, las explicaciones que los unos y los otros fueron dando para justificar el fracaso de Ecomasa, y lo que es más importante, encontrar las causas y la posible recuperación de los dineros públicos perdidos entre la más absurda ingeniería empresarial de sociedades que se iban sucediendo una tras otras en operaciones de compra venta,  incapaces de poner orden en la fabricación y venta de las famosas estufas. 

Pero todo fue inútil, los políticos que gobernaban de aquel entonces, embozados en su afán de servicio público a favor de los trabajadores, libraron bastante bien su responsabilidad ante el fracaso de Ecomasa, y los actuales lejos de instar las obligaciones pertinentes, parece se quieren callar apresurándose a poner en él debe los 22 millones de euros perdidos en la inmensidad de operaciones contables del holding empresarial, eso sí, bajo la promesa del nunca más, a la vez que como Sodercan, se va dotando de nuevas sociedades de consulting, que prometen revisar con más detalle las nuevas inversiones públicas. 

Al final lo que queda es una sentencia, que hasta la fecha confirma la “declaración de culpabilidad del concurso de Ecomasa” - solo por el retraso en la solicitud de este - una inhabilitación para administrar bienes ajenos para los imputados, y la imposibilidad de recuperar los dineros públicos mal gastados, más allá de pequeñas cantidades  en la cobertura del déficit concursal”, nada de nada, una mala historia que quedara en los anales de la administración regional como algo pasajero y de la que nadie será responsable, que pena.