El Covid, con vacuna o sin vacuna, está claro va a presidir durante mucho tiempo la vida de todos nosotros. La crisis sanitaria, económica, social y todas las demás crisis que se nos puedan ocurrir, van a tener las culpas y las disculpas, en esta maldita pandemia, así que no estaría mal que las administraciones y ciudadanos en general nos empezáramos a preocupar - digamos con más interés – de las personas y familias que con cierta ligereza llamamos excluidos sociales.
Hasta la fecha, la frase más
escuchada por todos españoles es “no vamos a dejar atrás a nadie”, frase
que no dejan de repetir los gobiernos, partidos políticos y administraciones
varias, y que se ha convertido en un latiguillo fácil de pronunciar, de buenos réditos
políticos y electorales.
Todos los días se
anuncia, como las administraciones libran cantidades para ayudar a las
empresas, ertes, autónomos, sectores especialmente machacados por ausencia de
clientes, aplazamientos en el pago de impuestos, tributos y especialmente
llamadas a los ciudadanos a la colaboración, entre personas, consumo, etc.
Y todo eso está muy bien,
el Covid por lo visto, no ha enseñado la
cara más dura de la necesidad, y ha provocado la actuación eficaz del gobierno
que en buena medida - por las ayudas de la Unión Europea - va a poder cumplir,
en buena medida, con el slogan de que “no vamos a dejar a nadie atrás”, y
yo me pregunto si en esa buena “voluntad” también se encuentra los excluidos
sociales, las personas y familias que tienen dificultades para tratar con funcionarios
y normas, con los incapaces de articular solicitudes de ayuda y/o justificarla
correctamente.
El Informe sobre la Exclusión
y desarrollo social en Cantabria 2019 de la Fundación Foessa, nos ha vuelto a
poner en la pista de la necesidad, y aunque lo hace entre números, no debemos
olvidar que detrás de ellos están personas que antes del Covid y después del
Covid lo están pasando muy mal. A ellos me voy a referir, como llamada para los
que con cierta “alegría”, nos recuerdan una y otra vez que no piensan dejar
atrás a nadie.
Algunos dirán que son
datos marginales incluso irremediables para una economía global, para con
ello justificar comportamientos
insolidarios, pero la realidad se abre paso
y nos recuerda que el 11,8% de la población –11,9% de los hogares–
de Cantabria está en situación de exclusión social, que unas 68.000 personas se
mueven entre una exclusión moderada y/o severa, o que viven angustiados por
problemas con la vivienda, o ese 30% de
cántabros que se están viendo obligados a reducir el gasto en electricidad,
agua, gas entre otros servicios esenciales para una vida digna en familia.
En este repaso
estadístico, me ha sorprendido el perfil de las personas que soportan, como responsable
principal, al 40% de los hogares en situación de exclusión, se trata de varones
de entre 45 y 60 años, adultos /mayores, sin estudios en un 57%, o con nivel
educativo bajo, personas que necesitan formación acorde con empleos
determinados, y de mucho compromiso por parte de las administraciones y
empresas para afrontar esta situación.
Según el Informe Foessa,
Cantabria, aporta anualmente 3.559 euros por persona necesitada, un gasto un
poco superior a la media española que se reparte entre el 85% de la seguridad
social, el 7,5% de la administración autonómica, el 5,8% por la Adminsitracion
central y escasamente el 2% de la local, aportaciones que resultan
insuficientes – a pesar de que el 82,5% de los cántabros es partidario a
pagar más impuestos destinados a prestaciones y servicios sociales - y que
responde a situaciones puntuales de necesidad, pero que no resuelven el
problema cíclico de la exclusión social.
Y no será por estudios e
informes sobre la exclusión, basta mirar en internet para visualizar como año
tras año, el gobierno regional se afana en dibujar sobre el papel, las bolsas
de la pobreza y la exclusión social, informes que no varían sustancialmente
desde hace años. Es cierto, que, sobre estadísticas de medias, Cantabria no
está especialmente mal en la dotación económica para tal fin, pero la situación
es muy reiterativa, las bolsas de exclusión se repiten sin que la administración
haga más que afrontar la necesidad puntualmente, pero sin implementar medidas
eficaces que resuelvan los problemas reales.
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