14 ene 2021

¿Será esta una legislatura perdida para Cantabria?

Recientemente el Gobierno de coalición PSOE-Podemos encargó a un grupo de expertos que hiciera una evaluación del Pacto de Gobierno de diciembre de 2019, con el fin de comprobar el grado de cumplimento que está teniendo. Y, claro, la curiosidad me ha podido: aunque solo sea a modo de «cotilleo», me he puesto a leer el correspondiente Pacto de Legislatura 2019-2023 (Acuerdo Programático) suscrito por el PSOE y el PRC para la gobernabilidad de Cantabria, un acuerdo que tiene mucho de Boo y poco de Guarnizo. Echadle un vistazo y lo comprobaréis.

Los ejes fundamentales son declaraciones de principios excesivamente genéricos cargados de voluntad política que se les presupone a todos los partidos y políticos que viven de ello. Por ejemplo, la «protección a los derechos de las personas», un «empleo de calidad donde no haya discriminación entre hombres y mujeres» o la vivienda, que más que un derecho está siendo una guerra constante —defendida de forma magnífica por la Plataforma Stop Desahucios de Cantabria—.

Esta guerra también ha afectado a otros colectivos a los que el Pacto comprometió soluciones urgentes, y solo con movilizaciones están a punto de conseguirlo: la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género (Ley LGTBI de Cantabria).

También, otros buenos deseos que nos recuerdan lo importante que es la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) y el resto de sociedades públicas —algún día hablaré de su utilidad—; el constante «empuje» del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ahora para tratamientos experimentales; las obras públicas, siempre pendientes de los dineros que nos llegan del gobierno nacional y/o Europa, porque nuestro presupuesto regional está más seco que la mojama —y más ahora que se han empeñado en no meter mano a la fiscalidad regional—, y, ya puestos, un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), como iniciativa fundamental para los años venideros. Esto de deberes para las siguientes legislaturas.

El Presidente Revilla anda estos días un poco liado recordando lo que el Pacto reclama como «compromiso prioritario», y no le falta razón, porque si fracasa en esto ya puede romper el resto de las hojas.

Cuatro son las promesas: la financiación íntegra de la obra de Valdecilla; la conexión ferroviaria Santander-Madrid, que a la fecha no se sabe ni cómo llamarla; el tren a Bilbao, que, según parece, nos va a resolver todos los males, y el «proyecto estrella» del Llano de la Pasiega. Estas cuatro iniciativas, de mucho interés, dependen del gobierno nacional. Veremos cómo se porta.

Por lo que afecta al resto del Pacto, lo dicho: «Mucho de Boo y poco de Guarnizo». En materia sanitaria y políticas sociales, otra vez Valdecilla, gestionar bien la sanidad, poner «guapa» la cartera de servicios sanitarios, desarrollar la Ley de Igualdad, ver qué se puede hacer con la brecha salarial y, ahora que estamos en momento de crisis económica y social por culpa del covid, abrir todos los espacios de ayuda económica a los sectores más desfavorecidos, para luchar contra la pobreza infantil y familias desfavorecidas, darle un achuchón a la Ley de Renta Social Básica y estudiar con los ayuntamientos la creación de escuelas infantiles de 0 a 2 años.

El pacto de gobierno en materia de empleo tampoco aportaba compromisos reales —y ahora con la crisis del covid, apaga y vámonos—, literatura difícil de valorar, a no ser con la estadística de desempleo que, al cierre de 2020, arrojaba datos muy preocupantes: 5 900 parados más que el año anterior, cifra que se eleva a 42 629 —un repunte interanual del 16 %—.

Por lo tanto, ¿de qué pueden servir las buenas intenciones del pacto de gobierno? «Promover el empleo digno y bien remunerado, recuperando derechos laborales y combatiendo el fraude», buena decisión si no fuera por los silencios que mantienen los socialistas y regionalistas ante la reversión de la reforma laboral que están pidiendo los sindicatos y otros partidos. Aunque no importa mucho: con una «hipotética colaboración de la inspección de trabajo» parece que lo van a resolver, y para los jóvenes, «un mecanismo de garantía juvenil para acompañarlos en su primera experiencia laboral». Y el «diálogo social» que no falte; es la receta para quedar bien ante los ciudadanos. No hacemos mucho pero hablamos y hablamos lo que haga falta.

Respecto a las pymes y autónomos, apenas dos líneas para anunciar que el Gobierno va a «crear nuevos incentivos, especialmente para jóvenes, parados de larga duración, mujeres mayores de 45 años, para que los puestos de trabajo que se consigan sean inclusivos y sostenibles». ¿De qué folleto abran sacado este latiguillo?


Sobre la Universidad de Cantabria, un deseo de «educación de excelencia», y para ello el Contrato-Programa de siempre. Mucho diálogo para el profesorado, alumnado y familias, darle una vuelta al tema de la interinidad —común para todos los organismos— y alguna que otra cita genérica para las escuelas rurales.

El apartado de «estrategia industrial», tan citado por todos los partidos, sindicatos, empresarios, etc., tampoco aporta compromisos de interés. Seguimos con las vagas palabras de apoyo, crecimiento, impulso, fomento, etc. Así, el Gobierno, sin mucho más que decir, se «compromete a apoyar a las empresas, a impulsar nuevos proyectos, a fomentar la industria del conocimiento» —faltaría más—. Algo más concreto para la industria de la salud, la agroalimentaria, la pesquera, la forestal y el eje logístico La Pasiega-Corredor del Besaya, que parece que están siendo desarrollados con cierto interés.

De «poner en marcha la mina de explotación de zinc» mejor ni hablar, otro fracaso, al menos por ahora. La empresa que se anunció a bombo y platillo se desinfla y, con ello, las expectativas de empleo y la rentabilidad a futuro de las instituciones locales que ya veían en ello un negocio rentable.

Toca saber si las arcas públicas se han dejado algún que otro euro en el proyecto industrial, aunque ahora con menos preocupación, al menos para los técnicos que, por parte de la Administración regional, le dieron el visto bueno. Si fueran los de Sodercan, tranquilos, la póliza de seguro millonaria —por importe de 86 000 euros— que han suscrito ya les tiene blindados ante la posible responsabilidad como gestores y la propia entidad.

Lo que sí parece que se va cumpliendo, aunque de momento se queda también en deseo, es «alcanzar el 2 % del PIB en I+D+i». Por ahora, lo previsto para el presupuesto de 2021 solo será del 1 %.

Ya puestos, qué decir de la apuesta por «desarrollar un programa de retención y atracción de talento, a la vez que propiciar el retorno de los científicos». Este apartado del pacto de gobierno converge con la CEOE en su programa Cantabria 2030.

La estrategia turística del Gobierno regional está muy lejos de la del Ayuntamiento de Santander, que, con su programa Santander a punto, al menos sobre el papel está más desarrollada. Para el pacto de gobierno, de lo que se trata es de prolongar la temporada turística más allá del periodo estival, a través de la marca España Verde; propiciar la llegada de turistas con dinero, a quienes se les incrementará el precio medio de la estancia; un Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas y meter mano a los establecimientos de hospedaje ilegal.

Con Guillermo Blanco como consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se abrió cierta expectativa por una mayor concreción en los trabajos políticos siempre residuales en la política regional. Pero el pacto de gobierno tampoco precisa mucho: un plan para luchar contra el despoblamiento, otro para los temas forestales y ley de montes, otro para la ordenación del territorio… Y un deseo: impulsar la ordenación urbana de los municipios; cómo y cuándo quedan a futuro, vaya usted a saber.

Por lo que afecta al medio ambiente, más de lo mismo: planes para la restauración de espacios degradados, reordenar la Bahía de Santander, tratar la calidad del aire y el ruido, los incendios forestales, el plumero y la avispa asiática.

Al leer el plan de gobierno, da la sensación de que estamos empezando, porque todos son nuevos planes y otros protocolos, como si hasta la fecha esta literalidad de propuestas no hubiera estado en los programas de otros gobiernos recientes.

Lo que sí parece más concreto es el apartado de infraestructuras —y las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao—, condicionado en exceso a las relaciones con el Gobierno de España y a la influencia que el voto del diputado José María Mazón pueda ejercer en el Congreso de los Diputados. Veremos si al final algunas de estas infraestructuras se llevan a cabo.

¿Será esta una legislatura perdida? Así empecé y así termino, con la incógnita que genera ver al Gobierno regional gestionar en su totalidad la covid-19; al Parlamento buscar las vueltas a los fallos que de esta se están detectando; al presidente Revilla recordar al Gobierno central, una y otra vez, los compromisos firmados, mientras que la parte socialista calla fiándolo todo al futuro, y todos esperando al Plan de Recuperación económica de la UE.

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