Tome nota el concejal Nalda, porque no hay dos sin tres

 

No hace mucho tiempo, en un pleno municipal del Ayuntamiento de Santander, a preguntas del PSOE y PRC, se venía arriba el concejal del Partido Popular, Pedro Nalda – secundado con algarabía por la alcaldesa Gema Igual – recordando una sentencia de primera instancia que por lo visto había perdido el sindicato USO, imputándole falta de representación, para negarle el derecho acudir a las reuniones, que en representación de los funcionarios se celebran en el ayuntamiento.

Se le lleno la boca, de falsos argumentos mezclando “churras con merinas” incluso, con ciertos insultos hacia los partidos de la oposición, acusándoles de falta de “preparación y manipulación”, mientras que, a USO, de pretender ciertos derechos de representación no conseguidos en las elecciones sindicales.

Pues bien, una vez más ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a través de la sala contencioso administrativo, quien le haya tenido que poner en su sitio al Ayuntamiento, a través de una sentencia que “declara nulo el acuerdo por el que se excluía a USO de las mesas de negociación por vulnerar el artículo 28 de la Constitución Española”.

De vergüenza esta forma de proceder del concejal de personal Nalda, de la alcaldesa Gema Igual, y del letrado que les asesora. Estos políticos empeñados en acabar con el sindicato USO, no paran de poner trabas y de gastar el dinero de todos los santanderinos, en costas judiciales. Ahora 800 euros, hace unos días 9.000 euros más, y suma y sigue porque el camino que llevan hacia la prevaricación permanente no parece tener fin al menos por ahora.

Y no será por los esfuerzos, que me consta está haciendo el responsable del sindicato Jose Maria Mateos López por evitar esta “confrontación”, que no aporta nada al marco de relaciones sindicales en el Ayuntamiento, confrontación que solo puede resolverse reestableciendo la representación de USO en las diversas mesas de negociación en función al número de delegados reconocidos por la Dirección General de Trabajo de Cantabria como estima la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.