Por eso no me extraña que
califiquen de “decisión criminal” el no estar incluidas en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. Son unas 200.000 trabajadoras las que, sin contrato, “siguen
cuidando - en el caso de que no haber sido despedidas – en situación de
absoluta vulnerabilidad, y en demasiadas ocasiones, sin la protección necesaria
para proteger y protegerse de un posible contagio de Covid”.
Al Gobierno se le ha
llenado la boca con el slogan “no dejar atrás a nadie”, pues bien, si es así
porque no que garantiza los derechos y la salud de estas trabajadoras, porque
no que reconoce una prestación por desempleo, y pone limite al despido libre o,
establece garantías para el disfrute del
cuidado de sus propias familias, en igualdad al resto de trabajadores, y ya centrando el foco en las medidas anti-covid, porque
no incluye la entrega de equipos de protección individual, entre otras medidas.
Estas son las
reivindicaciones que las Asociaciones de Trabajadores del Hogar y Cuidados le “exigen”
al Gobierno del PSOE – PODEMOS, la mayoría de ellas reiteradas hasta la
saciedad, sin que parezca sean oídas, más allá de las buenas palabras y algún
que otro gesto político, insuficientes en este momento.
Permitirme que evoque,
por último, la constitución de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de
Cantabria, asociación constituida en el año 2002 y asesorada por USO a través de los Departamentos de
Inmigración y la Mujer, dirigidos por Augusto Ávila y Lola García, una
asociación que en su inicio fue presidida por Elizabeth Marlene Charra a quien
recuerdo con cariño, recuerdo que por aquel entonces, los objetivos que se
marcaban eran de concienciación - eran otros tiempos - se necesitaba concienciar,
en primer lugar al propio colectivo en la reivindicación de sus derechos
laborales, a la inspección de trabajo para su amparo, incluso en la información
a los empleadores y/o jefes de familia para que respetaran los pocos derechos
que por aquel entonces tenían.
Confió que estas compañeras hoy estén mejor en su relación laboral, porque, más allá de la legislación que las tiene que amparar, hoy igual que ayer la responsabilidad del empleador y su respeto a las trabajadoras resulta imprescindible.
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