Y ya van unas
cuantas las empresas financiadas por el Gobierno Regional, que se han ido al
garete, sin que a la fecha nadie haya asumido responsabilidad alguna.
Ahora el
Juzgado de lo Penal, dice que nadie es culpable de haber malgastado 18 millones
de euros de dinero público y 3 millones de los trabajadores en Ecomasa, que todo
ha sido un hecho fortuito del mercado, el causante de haber dejado en el paro a
88 trabajadores, sin dinero y vilmente engañados por la administración regional
y la empresa TEKA, que se los llevaron del “ronzal” a una sociedad supuestamente
rentable, con un producto competitivo, y que en apenas dos años y en concurso
de acreedores se cerrara.
Que los
gestores Jesus Lavín, y Andres de León, han obrado correctamente, que las
entidades financieras y de control, ICAF y Sodercan, sabían y autorizaban todas
y cada una de las gestiones realizadas en Ecomasa, y ya puestos, que no se
consideran irregulares y mucho menos perjudicados los accionistas, Sodercan
incluido, que según el Juzgado nunca puso reparo alguno, a las decisiones tomadas
por los directivos y dueños de la empresa.
Para el Juzgado
de lo Penal, la capitalización de un crédito a una sociedad chilena de 500.000
euros o la adquisición de participaciones a todas luces sobrevaloradas por unos
900.000 euros y la compra de una patente por 1,8 millones, no es importante,
son meros asientos contables, que además como eran conocidos por la Consejería
de Economía del Gobierno de Cantabria, pierden interés para el juzgado y en
todo caso que resuelva la administración autonómica si al final, alguna
sentencia ahora en manos de audiencia provincial de Cantabria declarase
fraudulenta su ejecución.
Quizá sea buen
momento para recordar a la comisión parlamentaria que llevo a cabo la
Investigación de Ecomasa, en especial las intervenciones de Jose Ramon Blanco
de Podemos, que una y otra vez estuvo imputando a Sodercan e ICAF su responsabilidad
directa en la gestión, y ello a pesar de que Sodercan, bien pronto se
disfrazara con una demanda, - que por lo visto también ha quedado en nada -
mientras que los otros partidos políticos trataban de esconder a estas
entidades.
Al final por
mucho que diga el Juzgado de lo Penal que no hay perjudicados en este asunto,
si que los hay los trabajadores, que perdieron sus indemnizaciones, y lo que es
peor el puesto de trabajo.
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