2 ene 2022

Que el Gobierno de Cantabria vaya apuntando el asunto Ecomasa, en el caldero del agua

Y ya van unas cuantas las empresas financiadas por el Gobierno Regional, que se han ido al garete, sin que a la fecha nadie haya asumido responsabilidad alguna.

Ahora el Juzgado de lo Penal, dice que nadie es culpable de haber malgastado 18 millones de euros de dinero público y 3 millones de los trabajadores en Ecomasa, que todo ha sido un hecho fortuito del mercado, el causante de haber dejado en el paro a 88 trabajadores, sin dinero y vilmente engañados por la administración regional y la empresa TEKA, que se los llevaron del “ronzal” a una sociedad supuestamente rentable, con un producto competitivo, y que en apenas dos años y en concurso de acreedores se cerrara.   

Que los gestores Jesus Lavín, y Andres de León, han obrado correctamente, que las entidades financieras y de control, ICAF y Sodercan, sabían y autorizaban todas y cada una de las gestiones realizadas en Ecomasa, y ya puestos, que no se consideran irregulares y mucho menos perjudicados los accionistas, Sodercan incluido, que según el Juzgado nunca puso reparo alguno, a las decisiones tomadas por los directivos y dueños de la empresa.

Para el Juzgado de lo Penal, la capitalización de un crédito a una sociedad chilena de 500.000 euros o la adquisición de participaciones a todas luces sobrevaloradas por unos 900.000 euros y la compra de una patente por 1,8 millones, no es importante, son meros asientos contables, que además como eran conocidos por la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, pierden interés para el juzgado y en todo caso que resuelva la administración autonómica si al final, alguna sentencia ahora en manos de audiencia provincial de Cantabria declarase fraudulenta su ejecución.

Quizá sea buen momento para recordar a la comisión parlamentaria que llevo a cabo la Investigación de Ecomasa, en especial las intervenciones de Jose Ramon Blanco de Podemos, que una y otra vez estuvo imputando a Sodercan e ICAF su responsabilidad directa en la gestión, y ello a pesar de que Sodercan, bien pronto se disfrazara con una demanda, - que por lo visto también ha quedado en nada - mientras que los otros partidos políticos trataban de esconder a estas entidades.

Al final por mucho que diga el Juzgado de lo Penal que no hay perjudicados en este asunto, si que los hay los trabajadores, que perdieron sus indemnizaciones, y lo que es peor el puesto de trabajo.


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