Recuerdo cuando Jose Ramon Blanco Diputado de
Podemos, presento ante la asamblea regional - aprobada por unanimidad - Propuesta
no de Ley instando la creación de una comisión de investigación, con el fin de
depurar las responsabilidades ante el escándalo que por aquel entonces - verano
del 2017 - tenía el Servicio Cántabro de Salud, una PNL que si no recuerdo mal fue
aprobada pero que nunca llego a ponerse a trabajar.
Hoy judicializado el asunto nos encontramos con
una sentencia que pone en evidencia el delito reiterado cometido por el ex subdirector de Gestión Económica e
Infraestructuras y Francisco Javier González y al ex director de la Gerencia de
Atención Primaria Alejandro Rojo, altos directivos
del SCS, por prevaricación en contratos menores – entre otros delitos - durante
sus cargos en la legislatura pasada, delitos cometidos en clara prevaricación “deliberada”
e “incluso reiterada”.
Por aquel entonces Podemos pedía al presidente
Revilla “que no mirase hacia otro lado y actuase en consecuencia cesando a la
consejera de Sanidad Maria Luisa Real” mientras que Revilla alardeaba de que no
le “temblaría la mano a la hora de cortar cabezas”.
Eran los tiempos en que un día si y otro también,
salían a la luz escándalos e irregularidades en la contratación pública, y que según
Podemos se estaba malgastando el dinero en beneficio de amiguetes, una práctica
que mucho se temía también habría sido habitual de legislaturas anteriores.
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| Maria Luisa Real Ex Consejera SCS |
En este orden el diputado Jose Ramon Blanco pedía
la comisión de investigación, para los más de 43.000 contratos que acumulaba el
SCS, convencido de que pudieran aparecer más irregularidades, como había
evidenciado la Intervención General, hasta la fecha, limitado a los contratos fraccionados
entre otros pocos.
Llama la atención la dejación de
responsabilidades del partido promotor de la comisión de investigación Podemos,
que con su responsable del área sanitaria la ex consejera de sanidad en el PSOE
Dolores Quintana, frenase la actuación política del diputado Blanco, llevando a
la testimonialidad reivindicativa lo que por aquel entonces era un clamor de
reproche y escandalo entre los ciudadanos, desvergüenza que se justificaba con
que una actuación más comprometida favorecería al Partido Popular.
La sentencia no deja dudas. En el SCS se
cometieron delitos, se actuó de forma
injusta y arbitraria, se contrataron asesores externos con fines poco claros,
se contrataron obras de reparación en centros de salud sin ajustarse a derecho y
se compraron ecógrafos en clara ilegalidad, mientras que el Parlamento de
Cantabria, cerraba los ojos a la espera de que la justicia resolviera el asunto,
a sabiendas de que existían más que evidencias para haber actuado.
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