Y no precisamente como
revancha contra el Partido Popular que en el caso de Néstor Martin, es de
suponer obrara de buena fe apoyando su puesta en marcha, convencido que con
ello salvaba 88 puestos de trabajo excedentarios de Teka a quien parece le sobraban
- por decisión de vaya usted a saber - para la fabricación de las cocinas entre
productos competitivos y de calidad en un mercado cambiante y de prestigio
europeo.
Con su puesta en marcha
el ex presidente Ignacio Diego pensaría que mataba dos pájaros de un tiro, de
una parte el excedente de Teña, y de otra la creación de una nueva empresa
referente del modelo industrial del partido popular, para fabricar estufas de pellets de fácil exportación a precios
competitivos por ser una empresa nacida de la crisis con miras a rentabilizar
su capital en la economía de guerra, y si al final se producía algún beneficio,
pues miel sobre hijuelas.
Para todo esto dos gestores,
Andrés de León y Jesús Lavín que con el concurso de la administración, dispusieron
de los 18 millones de uros entregados por el gobierno y los 3,2 millones de los
trabajadores que se creyeron – aunque no les quedaba más remedio – que con ello
se les abría un futuro al menos a medio plazo, sin perder la confianza en que
el inventó pudiera ser definitivo, la esperanza es lo último que se pierde.
Tremenda frustración, lo que empezó como la solución, un tiempo después se ha tornado en demandas judiciales, denuncias públicas y debate en el parlamento de regional a través de una Comisión de Investigación que todo hace pensar, pondrá blanco sobre negro la gestión del gobierno anterior y en buena medida el destino de los recursos económicos a través de las comparecencias de quienes por activa o por pasiva fueron responsables del proyecto. De la responsabilidad judicial por los despidos y del posible uso y abuso de los recursos, que según se va haciendo público en los medios de comunicación han dejado mucho que desear se encargaran los juzgados.
De otra parte, José
Ramón Blanco, Secretario General de Podemos ha cerrado filas con los
trabajadores y a pesar de que llegaran tarde las conclusiones de la Comisión Parlamentaria
para su utilización en la defensa, seguro sirviera para al menos conseguir que
la administración asuma su responsabilidad y devuelva a los trabajadores los
3,2 millones de euros, por el engaño en que les metió. Porque de nada le va a
servir al PP que se haya unido a la petición de la Comisión, su presidente
decidió sobre la operación y el nombramiento de sus gestores, por lo que ya con
eso debería bastar para su devolución, y más cuando definitivamente se está
liquidando Ecomasa último bastión de lo que nunca debió ser al menos como lo
ideó el gobierno anterior.
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