El
llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno
de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual
Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia
la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin
avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones
externas clave.
El
proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta
regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la
historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de
salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de
637.000 metros cuadrados.
Su
objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea,
aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino
transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.
El
promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe
Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según
nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un
escrupuloso silencio.
El
Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto
Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso
se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de
Interés Regional (PSIR).
Sin
embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025
y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se
ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta
inseguridad, entre los diputados regionales.
El
principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es
urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica,
lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que
depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.
EL
debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4
de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los
retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido
incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre atribuyendo los retrasos al Gobierno central
por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros
tecnológicos hasta 2030.
Esta
posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox.
que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de
dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la
documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la
primera fase.
En
esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira
como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor
privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi,
imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.
Porque
después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo
que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como
activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.
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