Una vez más,
el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, comparece
ante la opinión pública para anunciar que la huelga médica provocará un nuevo
incremento de las listas de espera, cifrado ahora en otras 500 operaciones
suspendidas. Una noticia que, lejos de sorprender, se ha convertido en una
rutina para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Lo
verdaderamente preocupante no es solo el aumento de las listas de espera, sino
la incapacidad demostrada por el Gobierno regional para afrontar un conflicto
que se prolonga durante meses. La justificación es siempre la misma, trasladar
la responsabilidad al Ministerio de Sanidad y al Gobierno central, como si la
sanidad no hubiese sido transferida hace décadas a las comunidades autónomas y
como si la Consejería de Sanidad careciera de competencias para negociar y
gestionar los problemas de su propio sistema sanitario.
A estas
alturas, la gestión del consejero debería estar siendo objeto de una profunda
reflexión política. Durante los últimos seis meses se han acumulado más de
160.000 actos médicos suspendidos, una cifra que representa miles de pacientes
esperando consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Detrás
de cada número hay una persona, una familia y una necesidad sanitaria que no
puede seguir siendo ignorada.
Resulta
inevitable preguntarse qué ha ocurrido con el acuerdo firmado en 2024 entre el
Gobierno de Cantabria y el sindicato médico. Aquel pacto incluía incentivos de
productividad de 400 euros mensuales para los facultativos con el objetivo de
retener talento, mejorar el rendimiento y reducir las listas de espera.
Posteriormente, el Ejecutivo amplió el esfuerzo presupuestario destinando otros
seis millones de euros a mejorar las condiciones de los médicos internos
residentes (MIR).
Si aquellas
medidas se presentaron como la solución para mejorar la asistencia sanitaria,
los resultados actuales evidencian que el problema no solo persiste, sino que
se ha agravado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué balance hace el
Gobierno de aquellos acuerdos y por qué los objetivos comprometidos no se han
cumplido.
También
resulta llamativo el silencio de quienes deberían ejercer una oposición firme.
El Partido Regionalista de Cantabria y su portavoz, Paula Fernández, parecen
haber optado por esperar a que pase la tormenta antes que asumir una posición
clara en defensa de los pacientes. Da la impresión de que algunos prefieren no
incomodar a determinados colectivos profesionales por miedo a perder apoyos
electorales.
Mientras
tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de Cantabria.
Pacientes que ven retrasadas sus operaciones, familias que esperan diagnósticos
durante meses y profesionales sanitarios que trabajan en un clima de conflicto
permanente. La sensación de abandono crece cada día que pasa sin una solución
efectiva.
La realidad
es que el consejero César Pascual ha fracasado en uno de los principales
compromisos que asumió al llegar al cargo, reducir las listas de espera. La
situación de la sanidad se suma además a las dificultades que atraviesa otra
consejería estratégica como Educación, ofreciendo la imagen de un Gobierno que
gestiona sin rumbo, arrastrando los pies ante los problemas más importantes de
la comunidad.
Los
cántabros merecen algo mejor. Merecen responsables públicos que asuman sus
competencias, afronten los conflictos con determinación y rindan cuentas por
los resultados de su gestión. Lo que no merecen es un Gobierno que, ante cada
problema, busque excusas en lugar de soluciones.
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