Blindar el franquismo como patrimonio, la peligrosa doble vara de medir del Parlamento de Cantabria

Hace unos dias el Parlamento de Cantabria respaldo la declaración de Bien de Interés Cultural al monumento dedicado a Luis Carrero Blanco de Santoña, abriendo con ello un debate político que supera con mucho al pretendido cultural, y que muestra como algunas instituciones interpretan de forma selectiva la memoria democrática y el cumplimiento de la ley.

La PNL promovida por Vox y apoyada por PP, PRC - y un diputado escindido de Vox - pretende blindar el monumento levantado durante la dictadura franquista en uno de los espacios más representativos de Santoña.

Entre los defensores de esta protección monumental, el PRC argumentando que Carrero Blanco fue un supuesto benefactor de la villa, aunque cuando se intenta concretar cuáles fueron esas aportaciones extraordinarias, las afirmaciones se diluyen en generalidades. A estas alturas lo único que cabe para su justificación, pudiera ser su estrecha vinculación personal con Santoña y que proyectó el nombre de su localidad natal desde las más altas responsabilidades del régimen franquista.

Pero al menos en lo que yo conozco, no existe constancia de grandes infraestructuras, inversiones estratégicas o transformaciones económicas impulsadas directamente por él que justifiquen la magnitud del reconocimiento monumental que ahora se pretende preservar.

Resulta revelador que quienes apelan a una supuesta deuda histórica con Carrero Blanco el PP y Vox principalmente, traten ahora de desplazar el debate desde la memoria democrática, hacia una presunta relevancia arquitectónica o artística del monumento, solo por estar incluido en un catálogo del patrimonio cultural de Cantabria.

Sin embargo, esa valoración difícilmente puede desligarse de la posición ideológica desde la que se formula. No estamos ante una obra neutral ni ante una pieza artística desprovista de significado histórico, todo lo contrario, el monumento fue concebido expresamente para ensalzar a uno de los principales dirigentes de la dictadura franquista.

Pero quizá lo más grave es lo que se pretende con la PNL, la reinterpretación de la historia como argumento para eludir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática, y se haya hecho en el Parlamento Regional, que supuestamente nos representa a todos, mientras seguimos a la espera del reconocimiento y adecuada señalización del campo de concentración instalado en las Caballerizas del Palacio de La Magdalena durante la Guerra Civil.

El Parlamento de Cantabria no debería actuar como intérprete interesado de la ley en función de afinidades ideológicas. Su obligación es garantizar su cumplimiento. Porque una democracia sólida no se construye seleccionando qué parte de la memoria merece protección y cuál puede seguir siendo ignorada.