Hay anuncios
políticos que parecen cuidadosamente diseñados para generar titulares antes que
debates. El presentado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el
Debate sobre el Estado de la Región sobre el proyecto Olucas Surf Center reúne
precisamente todas esas características.
De repente,
sin apenas información pública previa ni un debate social o territorial
conocido, aparece sobre la mesa un complejo de surf artificial en suelo rústico
de Villaverde de Pontones. Una iniciativa privada que promete una inversión de
40 millones de euros, cientos de empleos durante la construcción, decenas de
puestos de trabajo permanentes y la llegada de turistas durante todo el año. La
receta es conocida, grandes cifras, grandes expectativas y una presentación
política que invita a pensar que quien se oponga al proyecto está en contra del
progreso.
Pero la
realidad es bastante más compleja, primero porque el proyecto no puede
desarrollarse con el planeamiento urbanístico actualmente vigente, y segundo
porque para hacerlo posible se necesita la declaración de Proyecto Singular de
Interés Regional (PSIR), una figura excepcional concebida para actuaciones
estratégicas de alcance supramunicipal.
Y aquí surge
la pregunta que el Gobierno parece querer evitar: ¿qué tiene de interés
regional un complejo turístico-deportivo privado que no podría construirse sin
recurrir a una herramienta extraordinaria?
Porque si el
criterio para obtener un PSIR es simplemente prometer inversión y empleo,
entonces cualquier gran proyecto empresarial podría aspirar al mismo
tratamiento, la consecuencia sería evidente, convertir una figura excepcional
en un mecanismo habitual para sortear las limitaciones urbanísticas y
territoriales establecidas por los municipios.
La
experiencia demuestra que detrás de muchas de estas iniciativas no solo existe
una actividad principal, alrededor suelen aparecer hoteles, alojamientos
turísticos, restauración, comercio y otros aprovechamientos económicos que
multiplican el valor de los terrenos afectados. Nada de ello es ilegítimo, pero
precisamente por eso exige una explicación transparente y un debate público
serio.
Mientras el
Gobierno destaca los beneficios económicos, otras voces advierten sobre
cuestiones que apenas aparecen en la propaganda institucional, el impacto
paisajístico de una actuación de alrededor de 100.000 metros cuadrados en un
entorno rural característico de Trasmiera, el consumo de agua y energía en una
comunidad que conoce bien los problemas de abastecimiento durante los meses de
verano, y la incertidumbre sobre unas previsiones económicas que todavía están
lejos de haberse demostrado.
Más
preocupante aún es el precedente político que puede establecerse. Si un
complejo privado de ocio puede ser considerado de interés regional, ¿Qué
impedirá que mañana otros proyectos reclamen idéntico tratamiento? ¿Dónde se
situará entonces el límite entre la protección del suelo rural y los intereses
económicos de determinados promotores?
Cantabria
necesita inversión, empleo y oportunidades. Lo que no necesita es vaciar de
contenido las herramientas de planificación territorial creadas para proteger
el interés general. Porque el verdadero debate no consiste en estar a favor o
en contra del surf artificial. El verdadero debate es decidir si las normas se
adaptan al territorio o si el territorio debe adaptarse a los intereses de
quien presenta el proyecto más llamativo del momento.
Antes de
hablar de olas artificiales, convendría aclarar si estamos ante una apuesta
estratégica para Cantabria o ante un nuevo intento de utilizar el interés
regional como coartada para hacer posible lo que, de otro modo, nunca podría
construirse.
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