La
información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de
regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate
serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una
comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el
envejecimiento de la población y la baja natalidad.
Los datos
muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de
trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles
formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de
bachillerato, formación profesional o universitarios.
Desde una
perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita
trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la
industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir
puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más
cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y
los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.
Estamos
hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes
formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a
afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo
generacional.
Sin embargo,
mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del
debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las
regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita
hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte,
insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un
mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita
población joven.
Resulta
paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan
negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante
décadas fuera de nuestras fronteras.
La
regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de
justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo
deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana
talento y gana futuro.
Por mucho
que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad
demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.

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