No podía ser de otra forma los sindicatos, USO, UGT y CCOO nuevamente a la movilización, ahora, por el burdo comportamiento del PSOE y el PP que con nocturnidad y alevosía han puesto en marcha una reforma de la Constitución Española que de ninguna manera “va a ayudar a la reducir los actuales niveles de déficit público” que según los convocantes solo será posible “mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva, y un permanente rigor en el uso del gasto público.
Esta reforma por desgracia lo único que va a “imponer es una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas y que afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general”.
Dicen los sindicatos - y no les falta razón - en su manifestó de rechazo, que el “procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable, porque se hace con la legislatura prácticamente agotada, y lo que es peor, se pretende aprobar definitivamente en apenas quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el pasado 23 de agosto”, dejando al margen el debate político y social y el necesario e imprescindible referéndum que debería tener esta importante reforma, que para los sindicatos de llevarse a cabo de esta manera, “romperá el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de la Carta Magna”.
Expresiones y comportamientos de importante radicalidad, pero no es para menos, esta reforma, a pesar de que su desarrollo se vaya a demorar en el tiempo, sin duda provocara una “amenaza permanente a las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo”.
Por lo tanto, la participación en las movilizaciones, mucho me temo se van hacer imprescindibles, solo así sus señorías – diputados y senadores - con un poco de suerte, abrirán el debate social y al final llevaran la reforma a referéndum.
Esta reforma por desgracia lo único que va a “imponer es una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas y que afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general”.
Dicen los sindicatos - y no les falta razón - en su manifestó de rechazo, que el “procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable, porque se hace con la legislatura prácticamente agotada, y lo que es peor, se pretende aprobar definitivamente en apenas quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el pasado 23 de agosto”, dejando al margen el debate político y social y el necesario e imprescindible referéndum que debería tener esta importante reforma, que para los sindicatos de llevarse a cabo de esta manera, “romperá el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de la Carta Magna”.
Expresiones y comportamientos de importante radicalidad, pero no es para menos, esta reforma, a pesar de que su desarrollo se vaya a demorar en el tiempo, sin duda provocara una “amenaza permanente a las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo”.
Por lo tanto, la participación en las movilizaciones, mucho me temo se van hacer imprescindibles, solo así sus señorías – diputados y senadores - con un poco de suerte, abrirán el debate social y al final llevaran la reforma a referéndum.
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