España arde, se inunda y la política sigue mirando hacia otro lado.

Mientras España vuelve a enfrentarse a incendios forestales de enorme magnitud en Madrid, Ávila y otras comunidades, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones masivas, pueblos confinados y la declaración de situaciones de emergencia extraordinaria, la política continúa atrapada en un debate tan estéril como irresponsable.

Hace apenas unos meses fueron las inundaciones de Valencia las que dejaron decenas de víctimas, miles de damnificados y pérdidas multimillonarias. Hoy son los incendios los que obligan a movilizar a centenares de efectivos de emergencias para evitar nuevas tragedias. Mañana será una sequía extrema, una ola de calor o una nueva riada. Lo único seguro es que volverá a ocurrir.

Sin embargo, cada vez que una catástrofe golpea España, el debate público se divide en dos trincheras. Por un lado, quienes explican cualquier desastre exclusivamente a través del cambio climático, y por otro, quienes reducen todo a una cuestión de gestión política, mientras que el Partido Popular intenta navegar entre los compromisos climáticos europeos y la presión de quienes cuestionan las políticas ambientales, sin terminar de definir una posición clara.

La realidad es mucho más compleja. El cambio climático constituye un factor determinante en el incremento de muchos riesgos naturales y cada vez resulta más difícil ignorar las evidencias científicas. Pero también influyen el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal, la ocupación de zonas inundables, la falta de mantenimiento de cauces, la escasa gestión de los montes, infraestructuras envejecidas y una coordinación administrativa que continúa mostrando importantes deficiencias.

El problema es que España sigue abordando cada desastre como un episodio aislado. Se actúa cuando llega la emergencia, se buscan responsables durante unas semanas y, una vez desaparecen las cámaras, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente tragedia.

Lo verdaderamente preocupante es que el cambio climático ya no puede contemplarse como una hipótesis futura. Sus efectos están presentes y seguirán intensificándose si no se adoptan medidas globales capaces de reducir sus impactos. Pero incluso aceptando esta realidad, existe una cuestión igual de urgente, preparar al país para convivir con fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Por ello resulta imprescindible abrir un gran debate nacional que desemboque en una auténtica Ley Integral de Emergencias Naturales. Una norma que unifique criterios defina competencias, refuerce la coordinación entre administraciones, impulse sistemas de alerta temprana, fomente inversiones en infraestructuras resilientes y convierta la prevención en una verdadera política de Estado.

Lo que falta no son profesionales. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en protección civil, emergencias, meteorología y gestión ambiental de Europa. Lo que falta es voluntad política para construir un marco legal estable, coherente y permanente que permita actuar antes de que se produzcan las tragedias y no únicamente cuando ya es demasiado tarde.

Los incendios de Madrid y Ávila, las inundaciones de Valencia y tantas otras catástrofes recientes deberían servir como una llamada de atención definitiva. No podemos seguir instalados en el enfrentamiento ideológico mientras el territorio se vuelve más vulnerable y los ciudadanos asumen las consecuencias.

Las emergencias naturales no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco deberían hacerlo las soluciones. España necesita abandonar el ruido político y comenzar a construir una estrategia nacional basada en la prevención, la planificación y la resiliencia. Porque mientras los partidos discuten quién tiene la culpa, los bosques siguen ardiendo, los pueblos siguen inundándose y los ciudadanos continúan pagando el precio de la inacción.