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Begoña Gomez Del Rio
Consejera de Inclusion Social, Juventud,
Familias e Igualdad |
Menudo dolor
de cabeza el ocasionado por el Gobierno de la Nación a su homólogo de Cantabria
por el envío de los nueve primeros menores extranjeros de los 156 que le
corresponden.
Menudo
disgusto, nada que no se pueda arreglar sacando el argumentario y modelo de
alegaciones remitido por el Partido Popular de Madrid, a las diversas
comunidades autónomas que actualmente están presidiendo.
Porque de
eso se trata: de seguir poniendo palos en la rueda de la solidaridad, con niños
y adolescentes que de forma desesperada se echan a la mar buscando un futuro,
en muchos casos para ellos y sus familias, buscando una formación y una vida
digna, derechos básicos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, en la Constitución Española (artículo 39) y en la
propia Ley de Extranjería. No hablamos de un problema partidista, sino de una
obligación legal y moral que todas las administraciones deben asumir.
Y si no es
por una cosa, es por otra: la Consejería de Inclusión Social, Juventud,
Familias e Igualdad se ha puesto a la faena presentando alegaciones –por ahora
administrativas– con las que puedan seguir alimentando bronca y, de paso,
mantener el cordón umbilical con Vox y su política de rechazo sistemático hacia
los jóvenes migrantes.
Que si
cuántos van a venir, que si cuándo y en qué cantidades, que cuándo llegará la
financiación, que dónde se les coloca. Preguntas que están resueltas en el Real
Decreto-ley 2/2023, de marzo, que establece la distribución de menores entre
comunidades en función de criterios objetivos de capacidad y población, así
como la dotación de recursos económicos. Se trata de un marco jurídico
consensuado, no de un reparto arbitrario.
La realidad
es que España no está sola: países europeos como Alemania, Francia o Italia
llevan años implementando sistemas de acogida solidaria. Negarse en bloque,
recurrir a excusas técnicas o judicializar el asunto no es más que una
estrategia política para el corto plazo.
Basta ya de
hacer política de extrema derecha con los jóvenes migrantes. Estos menores no
son cifras ni expedientes administrativos, son personas con nombres, con
historias de huida de guerras, pobreza o persecuciones. Seguir utilizando
recursos judiciales como arma política solo demuestra que la prioridad no es su
bienestar, sino el interés del partido en su enfrentamiento diario contra el
Gobierno de España.
