La historia
de la SAREB en Cantabria resume buena parte de los problemas estructurales de
la política de vivienda en España, por un lado, un enorme patrimonio
inmobiliario heredado de la crisis financiera de 2008, agrupado entorno a las
administraciones públicas, incapaces en transformarlo en viviendas disponibles
para quienes las necesitan.
El resultado,
una sensación creciente de frustración ciudadana, especialmente al comprobar como
los precios de compra y alquiler, alcanzan máximos históricos, como,
promociones enteras continúan vacías, obras paralizadas y deteriorándose,
mientras los anuncios institucionales, se suceden sin que la oferta pública
crezca al ritmo que exige la demanda.
La SAREB
nació en 2012 para absorber los activos tóxicos de las entidades financieras
rescatadas. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una solución
temporal acabó convirtiéndose en una gigantesca bolsa inmobiliaria cuya gestión
ha estado marcada por objetivos financieros antes que sociales.
La pregunta
es inevitable, ¿por qué se ha esperado más de una década para intentar
recuperar promociones que llevan abandonadas desde la crisis inmobiliaria?
Las propias
declaraciones del Gobierno de Cantabria reflejan una contradicción que lleva
años denunciándose.
En mayo de
2026, el consejero Roberto Media afirmó en el Parlamento que el ejecutivo
regional tuvo que elevar dos veces su oferta para adquirir 63 viviendas en Los
Corrales de Buelna, compitiendo incluso con compradores privados, según explicó,
la SAREB quien al final adjudicó la operación al mejor postor, obligando a la administración
a comportarse como si participara en una subasta inmobiliaria ordinaria.
El propio
Gobierno regional llegó a acusar a la SAREB, de actuar como "un promotor
privado más" y de anteponer la rentabilidad económica al interés social.
Los
distintos gobiernos de Cantabria, independientemente de su color político,
tampoco desarrollaron durante años una estrategia ambiciosa para movilizar este
patrimonio. Las promociones de Los Corrales de Buelna, El Astillero o Santa
Cruz de Bezana no quedaron paralizadas hace dos años, algunas llevan más de una
década deteriorándose mientras se sucedían legislaturas, planes de vivienda y
anuncios institucionales.
Es evidente
que cuando finalmente se vayan a adquirir estas promociones abandonadas, los
costes, van a ser muy superiores a los que habrían supuesto intervenciones
tempranas, además de por edificios envejecidos, que deberán estar sometidos a nuevas
normas y exigencias técnicas.
Por lo
tanto, cabe preguntarse, si realmente estas viviendas vayan a ser baratas, y
como ejemplo las 63 viviendas adquiridas en Los Corrales de Buelna, compradas inicialmente
por unos 2,1 millones de euros, para al final tras varias negociaciones,
superasen los 2,6 millones, al que se debieron incrementar entre otros, los
gastos de adecuaciones técnicas, urbanización complementaria, honorarios,
gastos jurídicos, etc. provocando un precio final superior al anunciado
públicamente.
Y esto mismo
es aplicable a los solares, un suelo sin desarrollar que bien pudiera parecer
barato sobre el papel, pero que su transformación en vivienda va a requerir inversiones
adicionales, plazos urbanísticos y riesgos financieros que rara vez aparecen en
las notas de prensa.
Y ahora que
se vuelven a llenar páginas en los medios informativos de Cantabria, volviendo
a ofrecer viviendas sociales de la SAREB, cabe preguntarse si existen
presupuestos, para garantizar la finalización de estas viviendas y promociones
anunciadas, que ocurrirá si aparecen sobrecostes, quien va a financiar las futuras
rehabilitaciones.
El Gobierno
de Cantabria sostiene que está desarrollando una estrategia para ampliar el
parque público de vivienda, entre ellas la incorporación de las 63 viviendas de
Los Corrales de Buelna, y un primer plan para 285 viviendas públicas, además de
un segundo plan que pretende generar más de 550 viviendas adicionales en 17
municipios mediante construcción directa, cesión de suelo y compra de activos
procedentes de la SAREB.
Sobre el
papel, las cifras son importantes, sin embargo, la experiencia acumulada
aconseja prudencia. Entre el anuncio de una promoción y su ocupación efectiva
pueden transcurrir años, por lo tanto, la valoración final solo cabe hacerse
cuando se terminan en plazo y habitadas, no vaya a ser que la nueva promesa se
convierta en pura propaganda.
La vivienda
se ha convertido en uno de los principales instrumentos de confrontación
política, mientras el Gobierno de España acusa a las comunidades autónomas de
construir poco, estas culpan al Estado, de bloquear operaciones o de mantener
precios elevados en los activos de la SAREB, mientras que ciudadanos continúan
esperando.
Bajo mi punto de vista la cuestión central continúa sin respuesta, si la SAREB transfiere definitivamente sus activos a las administraciones públicas, ¿quién va a garantizar que las comunidades autónomas van a ser capaces de convertirlos rápidamente en viviendas asequibles? el desafío no consiste únicamente en comprar viviendas o solares, el desafío es terminarlos, adjudicarlos, mantenerlos y garantizar que cumplan la función social para la que se justificó su adquisición.
Y la poca vivienda pública que se construye, se hace para especular. Precios nada asequibles, para un segmento de población concreto, y con un periodo de protección que en Cantabria las VPO de régimen autonómico es de 15 años, pasado los cuales se venden a precio libre por 2 y 3 veces más de lo que costaron. ¿Por qué no declara el Gobierno central por emergencia social todas las VPO de protección a perpetuidad y con carácter retroactivo?
ResponderEliminarNo interesa fastidiar algún negociete, o hay miedo a que les quitarían 4 votos. Esa situación se da en una VPO de Santander. Una de las más caras el metro cuadrado de la historia y que en 4 años podrán venderse por tres veces el precio de origen.