La discusión
abierta en torno al acceso a la información económica de USO Cantabria no es un
asunto técnico ni una cuestión reservada a especialistas en contabilidad.
Estamos hablando de algo mucho más importante, el derecho de los órganos de
representación a ejercer el control democrático sobre la gestión de la
organización.
Varios
miembros del Consejo Regional han solicitado acceder a información económica
detallada antes de pronunciarse sobre la aprobación de las cuentas de 2025 y de
los presupuestos de 2026. Entre la documentación solicitada figura el Libro
Mayor, una herramienta que permite conocer con detalle los movimientos
económicos que dan origen a las cifras reflejadas en balances e informes
contables.
La solicitud
ha sido rechazada y, hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación
suficientemente clara que permita entender las razones de esa decisión.
El Consejo
Regional de USO no está para levantar la mano y ratificar decisiones
previamente adoptadas. Su función es analizar, debatir, supervisar y, en su
caso, aprobar o rechazar las propuestas que se someten a su consideración. Para
cumplir esa responsabilidad necesita disponer de información suficiente,
completa y verificable.
Cuando un
consejero solicita documentación económica no está pidiendo un privilegio, está
cumpliendo con la obligación que le corresponde como representante de la
organización. Aprobar unas cuentas o unos presupuestos sin conocer
adecuadamente su contenido supondría renunciar a una de las funciones
esenciales de cualquier órgano de control.
La
transparencia no puede limitarse a presentar unas cifras resumidas y pedir un
voto de confianza, la transparencia exige que quienes tienen la responsabilidad
de fiscalizar la gestión puedan comprobar, contrastar y formular las preguntas
que consideren necesarias.
Los
afiliados deben saber que este debate no gira en torno a nombres ni a personas
concretas. Se trata de defender un principio fundamental de funcionamiento
democrático, quien debe controlar tiene que disponer de la información
necesaria para hacerlo.
A lo largo
de la historia del movimiento sindical hemos reclamado transparencia a las
administraciones públicas, a las empresas y a los poderes económicos, hemos
exigido información cuando estaban en juego los derechos de los trabajadores.
Por coherencia, esos mismos principios deben aplicarse también dentro de
nuestras propias organizaciones.
La fortaleza
de un sindicato no se mide por la cantidad de información que reserva, sino por
la confianza que genera entre sus afiliados, y la confianza solo puede
construirse sobre la base de la participación, la transparencia y la rendición
de cuentas.
Negar
información a quienes tienen la responsabilidad estatutaria de supervisar la
gestión económica no fortalece la organización. Al contrario, alimenta la
desconfianza, debilita los mecanismos de control interno y proyecta una imagen
incompatible con los valores democráticos que el sindicalismo debe defender.
Nadie
debería sentirse incómodo porque se solicite información económica. Lo
verdaderamente preocupante sería que quienes tienen la obligación de controlar
dejaran de hacerlo.
Por eso, la
reivindicación es clara, antes de aprobar unas cuentas o unos presupuestos, los
miembros del Consejo Regional deben disponer de toda la información necesaria
para estudiarlos con rigor, y no para obstaculizar la gestión, sino para
garantizar que las decisiones económicas se adopten con transparencia,
responsabilidad y respeto a la democracia interna.
Porque sin
información no existe control, y sin control democrático, la participación de
los órganos de representación corre el riesgo de convertirse en una simple
formalidad.
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