Proyecto Altamira, una inversión histórica que exige transparencia

El debate sobre el Proyecto Altamira ha entrado en una nueva fase. A la controversia política e institucional sobre su tramitación y sobre el cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de Cantabria se suma ahora la presentación pública de un estudio que atribuye al proyecto un impacto económico extraordinario para nuestra comunidad. Y precisamente por la magnitud de esas cifras, la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.

El pasado 4 de mayo, el Parlamento de Cantabria aprobó, con los votos favorables de PRC, PSOE y Vox, una iniciativa que comprometía políticamente al Gobierno regional a poner a disposición de la Cámara la documentación existente sobre el PSIR del Proyecto Altamira. El plazo establecido era de dos meses y concluyó a comienzos de julio.

Desde entonces han transcurrido semanas sin que se haya producido un cumplimiento efectivo de la resolución ni una explicación pública suficientemente clara sobre las actuaciones realizadas para atender el mandato parlamentario.

Mientras tanto, Altamira sigue ganando protagonismo. Durante la presentación del estudio económico, el consejero de Industria defendió la necesidad de que Cantabria compita por atraer inversiones estratégicas y señaló que el proyecto se encuentra entre los mejor posicionados para acceder a la capacidad eléctrica prevista para centros de datos. Altamira requeriría aproximadamente 500 megavatios, alrededor del 13 % de los 3.800 megavatios contemplados en la planificación nacional.

Las cifras económicas anunciadas son, sin duda, relevantes. Según el estudio presentado, la inversión superaría el 20 % del PIB de Cantabria, situándose entre las mayores operaciones económicas planteadas en la región en las últimas décadas, destacando también la creación de empleo, los puestos de trabajo cualificados y la posibilidad de generar efectos indirectos mediante un nuevo clúster tecnológico, mayor productividad, formación de capital humano y atracción de nuevas inversiones.

Todo ello merece ser analizado con rigor. Pero precisamente aquí aparece una cuestión que no debería quedar enterrada bajo las grandes cifras económicas.

La oposición, y especialmente el PRC, no puede conformarse con un estudio económico, no basta con conocer cuánto se va a invertir, cuántos empleos se anuncian o qué impacto puede tener Altamira sobre la economía regional. Hay que conocer también toda la documentación existente, cómo se ha desarrollado el proyecto, qué decisiones se han adoptado y por qué continúa sin cumplirse una resolución aprobada por el Parlamento.

El PRC tiene, además, una responsabilidad política añadida, votó a favor de aquella resolución, por tanto, ahora debería ser el primero en exigir su cumplimiento. Si una resolución parlamentaria se aprueba con sus votos, no puede convertirse después en una simple declaración de intenciones. El Parlamento no puede exigir información y, semanas después, aceptar que esa información siga sin llegar.

Un estudio económico no sustituye a la documentación administrativa, una previsión de empleo no sustituye al control parlamentario, y una promesa de inversión no sustituye al cumplimiento de una resolución democrática.

Si Altamira representa realmente una oportunidad histórica para Cantabria, como sostienen sus promotores, debería ser también un ejemplo de transparencia, información pública y respeto institucional. Cuanto mayor sea la inversión y mayores sean las expectativas, mayor debe ser el control.

Por eso, el debate de fondo ya no consiste únicamente en determinar cuánto puede aportar Altamira a la economía cántabra, la pregunta es mucho más incómoda, ¿por qué, transcurrido ampliamente el plazo establecido, sigue sin cumplirse una resolución del Parlamento de Cantabria?

Y ante esa pregunta, la oposición no puede conformarse con las cifras, tiene que exigir respuestas, documentación y responsabilidades. Especialmente el PRC, que apoyó el acuerdo parlamentario, debe demostrar ahora que su voto no fue simplemente una posición política puntual, sino un verdadero compromiso con el control democrático de una de las actuaciones económicas más importantes que se plantean para el futuro de Cantabria.