Santander y la Semana Grande de los problemas, una ciudad que se llena de vallas, ruido y abandono

 

Santander vive estos días su momento de mayor proyección turística. Miles de visitantes llenan hoteles, playas, terrazas y espacios festivos. Sin embargo, la imagen que ofrece la ciudad durante este verano está muy lejos de la excelencia que debería caracterizar a la capital de Cantabria.

Lo que los santanderinos contemplan cada día es una ciudad marcada por las vallas, las obras interminables, los espacios cerrados y una preocupante sensación de deterioro urbano.

Los Jardines de Piquío, uno de los símbolos más reconocibles de Santander, han acumulado sucesivos retrasos que han impedido su disfrute durante buena parte de la temporada turística. Lo que debía ser una actuación de mejora se ha convertido en un ejemplo de cómo una obra puede eternizarse y privar a vecinos y visitantes de uno de los enclaves más emblemáticos del Sardinero.

A ello se suma el cierre de la Plaza de Pombo, corazón histórico y social de la ciudad. El precinto de este espacio, motivado por los problemas estructurales detectados en el aparcamiento subterráneo, ha transformado uno de los lugares más representativos del centro en una gran zona vallada. Las previsiones municipales apuntan incluso a que las obras podrían prolongarse durante muchos meses, afectando a residentes, comercios y visitantes.

Pero los problemas no terminan ahí. En Puertochico, Castelar y otros espacios céntricos proliferan vallados, restricciones y actuaciones provisionales que trasladan una imagen de ciudad en obras permanentes. Santander parece haberse acostumbrado a convivir con cierres, precintos y limitaciones en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Mientras tanto, numerosos vecinos denuncian una limpieza insuficiente en determinadas zonas, especialmente tras los eventos multitudinarios de la Semana Grande. Papeleras desbordadas, restos de botellones, suciedad acumulada y basura dispersa por calles y jardines generan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ser referencia turística del norte de España.

La convivencia vecinal tampoco atraviesa su mejor momento. El ruido nocturno, la concentración de actividades festivas y la falta de control efectivo sobre determinadas conductas incívicas provocan cada verano un aumento de las quejas de los residentes. Las fiestas son necesarias, pero no pueden convertirse en una excusa para ignorar el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad durante todo el año.

A estas dificultades se añaden las tensiones existentes en la Policía Local. Los conflictos laborales y la falta de acuerdo con los agentes han generado preocupación sobre la capacidad operativa del servicio en una de las épocas de mayor actividad y afluencia de personas. Aunque el Ayuntamiento asegura que la seguridad está garantizada, la existencia misma del conflicto evidencia problemas de gestión que deberían haberse resuelto mucho antes del inicio de las fiestas.

La sensación que queda es preocupante. Santander dispone de un entorno privilegiado, una oferta turística de primer nivel y una Semana Grande consolidada. Sin embargo, la acumulación de retrasos, cierres, problemas de mantenimiento, suciedad, ruido y conflictos de gestión está deteriorando la percepción de muchos ciudadanos.

La ciudad no necesita más campañas de promoción. Necesita una gestión más eficaz de los espacios públicos, una planificación rigurosa de las obras, una mejora visible de la limpieza y una apuesta decidida por la convivencia vecinal.

Porque cuando los jardines más emblemáticos permanecen cerrados, cuando la plaza más representativa aparece vallada, cuando la basura se acumula tras las celebraciones y cuando los vecinos perciben que sus problemas cotidianos no encuentran respuesta, el balance de una corporación municipal no puede calificarse de satisfactorio.

La Semana Grande debería ser el escaparate de la mejor Santander. Hoy, para muchos santanderinos, se está convirtiendo en el reflejo de sus carencias.

El Emboque de Oro en el alambre, cuando los méritos dejan de importar

 

Actualización 17/07/2026: Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander, como anteriormente se había informado.

Pues ahora resulta que Luis del Castillo ya no tiene arraigo en Cantabria. Tampoco cuenta su infancia en Santander, donde residió desde los dos años, ni parece importar que ejerciera como coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria entre 2016 y 2022. Mucho menos que alcanzara el empleo de teniente general o que fuera designado para dirigir el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución.

Todos esos méritos sirvieron para concederle el Emboque de Oro. Hoy, sin embargo, parecen haber desaparecido de un plumazo.

Basta una polémica interna entre guardias civiles, para que la Casa de Cantabria de Madrid haya decidido – según el Diario Montañés - retirarle de forma preventiva una distinción que le fue otorgada precisamente por su trayectoria personal y profesional. Y, para completar la operación, la decisión se haya aireado públicamente con una rapidez que contrasta con la prudencia que debería exigirse cuando todavía existen numerosas incógnitas sobre lo sucedido.

Lo más sorprendente es que nadie parece preguntarse si los méritos que justificaron el premio han cambiado. Porque si siguen siendo los mismos, la cuestión no es Luis del Castillo, sino la consistencia de quienes conceden y retiran reconocimientos según sopla el viento.

En el origen de esta historia aparece una controversia relacionada con el cumplimiento de órdenes y la asistencia a un acto institucional. Una discrepancia que algunos han transformado rápidamente en un conflicto político y mediático. Como tantas veces ocurre, antes de que se conozcan todos los detalles ya se han dictado sentencias en tertulias, despachos y redacciones.

Mientras tanto, la Casa de Cantabria en Madrid, guarda una explicación que sigue sin convencer, la de si existen razones objetivas y suficientemente graves para retirar el galardón.

Pero si la decisión responde a presiones, intereses particulares o al deseo de evitar incomodidades, entonces quien queda en entredicho no es el galardonado, sino la propia institución que concede el premio.

Porque los reconocimientos tienen valor cuando distinguen trayectorias y méritos. Cuando se utilizan para contentar a unos o castigar a otros, dejan de ser reconocimientos y se convierten en simples herramientas de conveniencia.

La Casa de Cantabria haría bien en aclarar qué ha cambiado exactamente. Porque si los méritos de Luis del Castillo siguen siendo los mismos que el día en que recibió el Emboque de Oro, la retirada preventiva no degrada al premiado. Degrada al premio.

Y un premio que pierde credibilidad acaba convirtiéndose en poco más que una pieza decorativa sin prestigio ni representatividad.

Regularizar extranjeros para crecer también en Cantabria, no para dividir

La información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Los datos muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios.

Desde una perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.

Estamos hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo generacional.

Sin embargo, mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte, insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita población joven.

Resulta paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante décadas fuera de nuestras fronteras.

La regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana talento y gana futuro.

Por mucho que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.

Olucas Surf Center: el PSIR como atajo para urbanizar lo que no se puede urbanizar

 

Hay anuncios políticos que parecen cuidadosamente diseñados para generar titulares antes que debates. El presentado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante el Debate sobre el Estado de la Región sobre el proyecto Olucas Surf Center reúne precisamente todas esas características.

De repente, sin apenas información pública previa ni un debate social o territorial conocido, aparece sobre la mesa un complejo de surf artificial en suelo rústico de Villaverde de Pontones. Una iniciativa privada que promete una inversión de 40 millones de euros, cientos de empleos durante la construcción, decenas de puestos de trabajo permanentes y la llegada de turistas durante todo el año. La receta es conocida, grandes cifras, grandes expectativas y una presentación política que invita a pensar que quien se oponga al proyecto está en contra del progreso.

Pero la realidad es bastante más compleja, primero porque el proyecto no puede desarrollarse con el planeamiento urbanístico actualmente vigente, y segundo porque para hacerlo posible se necesita la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), una figura excepcional concebida para actuaciones estratégicas de alcance supramunicipal.

Y aquí surge la pregunta que el Gobierno parece querer evitar: ¿qué tiene de interés regional un complejo turístico-deportivo privado que no podría construirse sin recurrir a una herramienta extraordinaria?

Porque si el criterio para obtener un PSIR es simplemente prometer inversión y empleo, entonces cualquier gran proyecto empresarial podría aspirar al mismo tratamiento, la consecuencia sería evidente, convertir una figura excepcional en un mecanismo habitual para sortear las limitaciones urbanísticas y territoriales establecidas por los municipios.

La experiencia demuestra que detrás de muchas de estas iniciativas no solo existe una actividad principal, alrededor suelen aparecer hoteles, alojamientos turísticos, restauración, comercio y otros aprovechamientos económicos que multiplican el valor de los terrenos afectados. Nada de ello es ilegítimo, pero precisamente por eso exige una explicación transparente y un debate público serio.

Mientras el Gobierno destaca los beneficios económicos, otras voces advierten sobre cuestiones que apenas aparecen en la propaganda institucional, el impacto paisajístico de una actuación de alrededor de 100.000 metros cuadrados en un entorno rural característico de Trasmiera, el consumo de agua y energía en una comunidad que conoce bien los problemas de abastecimiento durante los meses de verano, y la incertidumbre sobre unas previsiones económicas que todavía están lejos de haberse demostrado.

Más preocupante aún es el precedente político que puede establecerse. Si un complejo privado de ocio puede ser considerado de interés regional, ¿Qué impedirá que mañana otros proyectos reclamen idéntico tratamiento? ¿Dónde se situará entonces el límite entre la protección del suelo rural y los intereses económicos de determinados promotores?

Cantabria necesita inversión, empleo y oportunidades. Lo que no necesita es vaciar de contenido las herramientas de planificación territorial creadas para proteger el interés general. Porque el verdadero debate no consiste en estar a favor o en contra del surf artificial. El verdadero debate es decidir si las normas se adaptan al territorio o si el territorio debe adaptarse a los intereses de quien presenta el proyecto más llamativo del momento.

Antes de hablar de olas artificiales, convendría aclarar si estamos ante una apuesta estratégica para Cantabria o ante un nuevo intento de utilizar el interés regional como coartada para hacer posible lo que, de otro modo, nunca podría construirse.

ADSIS, solidaridad frente al discurso de la exclusión

 

En tiempos en los que determinados sectores políticos de la derecha intentan imponer el mensaje de “los españoles primero” como una consigna que termina señalando y marginando a quienes llegan de otros países buscando una oportunidad, conviene detenerse a observar el trabajo silencioso y esencial que realizan muchas organizaciones sociales en favor de las personas más vulnerables.

 Frente al discurso del rechazo, la realidad social demuestra que la solidaridad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir convivencia, igualdad y dignidad. Y en ese camino destaca el trabajo desarrollado por la Fundación Adsis, una organización que durante 2024 acompañó a 65.605 personas en situación de vulnerabilidad en España y América Latina mediante programas de educación, empleo, inclusión social y cooperación al desarrollo.

 ADSIS no distingue entre españoles e inmigrantes. Atiende a quienes necesitan apoyo. Esa es precisamente la diferencia entre la política del señalamiento y la acción social basada en los derechos humanos. Mientras algunos intentan convertir la inmigración en un problema político permanente, organizaciones como trabajan cada día para evitar que miles de personas caigan en la exclusión social.

Los datos hablan por sí solos. La organización atendió el pasado año a 42.802 personas en España y a otras 22.803 en América Latina, demostrando que la solidaridad no entiende de fronteras ni nacionalidades. Buena parte de su actividad se centra en la infancia, adolescencia y juventud, colectivo que representa el 71 % de las personas beneficiarias en España.

 Entre sus principales objetivos destacan la prevención del abandono escolar, el refuerzo educativo, la formación y el acceso al empleo mediante itinerarios personalizados. Gracias a estos programas, el 79 % del alumnado en situación de exclusión social logró superar el curso escolar, mientras que el 72 % de quienes participaron en programas de cualificación profesional continuaron su formación.

 Especial relevancia tienen también los procesos de inserción laboral impulsados por ADSIS. El 42 % de las personas atendidas consiguió empleo y el 72 % de quienes participaron en programas de atención a las adicciones avanzaron en autonomía personal y recuperación de sus proyectos de vida.

 Pero la labor de ADSIS va mucho más allá de la juventud. La organización mantiene líneas de intervención dirigidas a personas adultas, migrantes, familias, personas con adicciones y personas privadas o ex - privadas de libertad, apostando siempre por un acompañamiento integral adaptado a cada realidad personal.

 Actualmente desarrolla proyectos sociales en más de 30 centros distribuidos en Araba, Asturias, Barcelona, Bizkaia, Las Palmas, Gipuzkoa, Madrid, Navarra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Todo ello con un presupuesto superior a los 22 millones de euros, cerca de 500 profesionales contratados y 565 personas voluntarias.

 ADSIS recuerda además una realidad que algunos prefieren ignorar: en España existen más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que debería obligar a reforzar las políticas sociales y las iniciativas solidarias, en lugar de alimentar discursos de enfrentamiento entre pobres.

 Por eso organizaciones como ADSIS son hoy imprescindibles. Porque representan una forma de entender la sociedad basada en la igualdad de oportunidades, la integración y el acompañamiento humano. Y porque frente a quienes intentan dividir entre “los de aquí” y “los de fuera”, su trabajo diario demuestra que la dignidad no tiene nacionalidad.

La inmigración y las cinco mentiras de la "prioridad nacional"

En Cantabria, como en otros lugares, el debate sobre inmigración se ha llenado de consignas políticas que poco tienen que ver con la realidad. La llamada "prioridad nacional", impulsada por Vox y asumida por algunos gobiernos del PP, se apoya en una serie de afirmaciones que no resisten el contraste con los datos

 Primera mentira. Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, ayudas que siempre se conceden por nivel de renta y no por nacionalidad. La mayoría de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles – el 55% -  y las personas en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. En el caso Cantabria el verdadero problema es que miles de personas siguen en riesgo de exclusión social, y no precisamente quién recibe las ayudas.

 Segunda mentira, el colapso de la sanidad. La población extranjera utiliza la sanidad pública en una proporción inferior a su peso demográfico, por lo tanto, hablar de colapso sanitario provocado por la inmigración, no se sostiene con los datos.

Tercera mentira, reciben vivienda antes que los españoles. No existe ninguna norma que priorice a extranjeros sobre nacionales, el acceso a la vivienda pública depende de criterios económicos y sociales, el problema real en Cantabria y en España es la escasez de vivienda asequible para todos.

 Cuarta mentira, los inmigrantes saturan la educación y los servicios sociales. Los menores extranjeros representan una parte reducida del sistema educativo 10,7% y de protección, basta escuchar a los profesionales para destacar, además, sus altos niveles de integración y motivación.

 Quinta mentira, no aportan, solo reciben, una mentira que se cae por su peso, a nada que se comprueben los miles de trabajadores extranjeros que están sosteniendo sectores esenciales como la hostelería, la construcción o los cuidados, además en Cantabria una cuarta parte de la población tiene más de 65 años, por lo que su aportación es clave para la economía y para el mantenimiento de los servicios.

 Conclusión, las cinco afirmaciones que sustentan el discurso de la llamada "prioridad nacional" comparten un mismo denominador común, no se apoyan en los datos, sino en prejuicios y percepciones interesadas. La realidad demuestra que los inmigrantes no reciben más ayudas, no colapsan la sanidad, no tienen prioridad en el acceso a la vivienda, no saturan los servicios públicos y, lejos de ser una carga, contribuyen de forma decisiva al sostenimiento de la economía y del Estado del bienestar.

 En una comunidad envejecida como Cantabria, donde los grandes desafíos son la vivienda, la precariedad laboral, la exclusión social o la sostenibilidad de los servicios públicos, señalar a la inmigración como responsable de estos problemas no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones. Un debate público serio debe construirse sobre hechos y evidencias, no sobre consignas destinadas a enfrentar a quienes comparten las mismas dificultades y aspiraciones. 

Vender el futuro como si fuera presente, las medias verdades del último discurso de Buruaga

El último debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado una intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cargado de anuncios, cifras millonarias y promesas de futuro, un discurso cuidadosamente construido para transmitir la imagen de una comunidad en plena transformación y de un gobierno que habría cumplido prácticamente todos sus compromisos. Sin embargo, una lectura crítica permite comprobar que muchas de las afirmaciones realizadas descansan más sobre expectativas que sobre realidades, más sobre propaganda que sobre resultados tangibles.

La presidenta se ha regocijado en sucesivas ocasiones durante su intervención, que Cantabria está hoy "infinitamente mejor" que, en 2023, afirmación que puede servir como eslogan político, pero que difícilmente resiste un análisis riguroso.

Si bien algunos indicadores económicos han evolucionado favorablemente, los principales problemas que preocupan a los cántabros siguen plenamente vigentes, problemas como el acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias, las infraestructuras ferroviarias que permanecen estancadas y el envejecimiento demográfico, entre otros que continúan avanzando sin una estrategia claramente eficaz para revertirlo.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta forma de presentar la realidad es la política de vivienda. Mientras que la presidenta nos anunciado la construcción de miles de viviendas protegidas, ha omitido en su exposición que gran parte de esas cifras corresponden a proyectos, previsiones urbanísticas o actuaciones todavía pendientes de desarrollo, una situación que confronta con una realidad machacona, entre una vivienda anunciada y una vivienda entregada. Los jóvenes cántabros no viven en promesas, necesitan viviendas reales, construidas y accesibles.

Algo similar ocurre con las grandes inversiones empresariales que se citan una y otra vez. Los más de 7.000 millones de euros de inversión anunciados corresponden en buena medida a proyectos que aún dependen de autorizaciones administrativas, disponibilidad energética, financiación privada o decisiones empresariales futuras. Presentar esa cartera de proyectos como si fuera riqueza ya generada constituye, cuando menos, una exageración interesada.

La presidenta también ha afirmado que Cantabria lidera el empleo en España, y se ha quedado tan tranquila, cuando ella bien sabe que esta afirmación depende del indicador que se utilice, Cantabria puede ocupar posiciones destacadas en determinados momentos, pero de ninguna manera lidera estructuralmente el mercado laboral nacional, por lo tanto, más prudencia a la hora de convertir un dato puntual, en una conclusión general.

Especialmente llamativa resulta la insistencia en atribuir los problemas pendientes al Gobierno de España o a la herencia recibida. El retraso ferroviario, las infraestructuras energéticas, la financiación de la dependencia o las dificultades industriales han aparecido constantemente vinculadas a decisiones ajenas.

No seré yo quien niegue responsabilidades estatales evidentes, pero son ya tres años de gobierno del partido popular, como para imputar todos los problemas en los otros. Gobernar implica también asumir responsabilidades sobre aquello que no se ha conseguido resolver.

En sanidad encontramos otro ejemplo de relato triunfalista, cuando se afirma que Cantabria dispone de la mejor sanidad pública de España y que el sistema ha sido reconstruido tras encontrarse al borde del colapso, sin embargo, se pasa por alto, las movilizaciones médicas, las dificultades para cubrir determinadas especialidades y sobre todo las listas de espera que nos muestran una realidad bastante más perversa para los cántabros.

Tampoco ha sido como para tirar cohetes, los anuncios permanentes a los proyectos estrella de la legislatura, la mayoría de ellos en fase de planificación, redacción, estudio, licitación o tramitación, proyectos como el Parque de Innovación en Salud, los desarrollos industriales asociados a Altamira, los nuevos hospitales, los grandes proyectos turísticos o muchas actuaciones de vivienda que a la fecha no pasan de ser meras expectativas.

El problema de fondo no es que un gobierno anuncie proyectos o marque objetivos ambiciosos - eso forma parte de la acción política - el problema aparece cuando se presentan como logros consumados, actuaciones que aún están pendientes de ejecución, con el claro interés de mandar soflama electoral, cuando la realidad es la de rendir cuentas, en un debate abierto a la política en general y con carácter propositivo.

El balance de estos tres años no es tan brillante como pretende el discurso oficial, y probablemente tan negativo como sostendrá la oposición, pero si algo ha dejado claro la intervención de la presidenta es que el Gobierno de Buruaga sigue apoyándose en una estrategia basada en vender el futuro como si ya hubiera llegado.

Y los ciudadanos de Cantabria saben distinguir perfectamente entre una promesa, una maqueta y una realidad.

Presupuestos prorrogados y gestión política, cuando la realidad contradice el discurso

 

Un año más, Pedro Sánchez anuncia su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, esta vez los de 2027. Y lo hace después de varios intentos fallidos que han llevado a España a funcionar con presupuestos prorrogados desde 2023.

Reconozco que, a estas alturas, cuesta creer en una nueva promesa, son demasiados los anuncios incumplidos y cada vez son más las voces, incluso entre los socios del Gobierno, que ponen en duda la estabilidad de la legislatura.

No voy a negar que gobernar sin presupuestos es una anomalía, que limita la capacidad de planificar inversiones, dificulta el debate parlamentario y no es, desde luego, la situación ideal para ningún gobierno. Lo lógico sería que cada año se contara con unas cuentas públicas aprobadas.

Pero también creo que conviene mirar los hechos, y los hechos dicen que, aun sin nuevos presupuestos, el Gobierno no ha estado parado. Durante estos años se han aprobado medidas importantes como la reforma laboral, las subidas del Salario Mínimo, la mejora de las pensiones vinculadas al IPC o el nuevo sistema de cotización de los autónomos, medidas que han tenido un impacto directo en la vida de millones de personas.

También se actuó frente a la crisis energética y la inflación con ayudas al transporte público, rebajas fiscales sobre productos básicos y medidas para contener el coste de la energía, sumando a ello leyes sociales como la de eutanasia, la ley trans o la ampliación de derechos para el colectivo LGTBI.

Por eso, aunque preferiría que hubiera presupuestos, tampoco comparto el discurso de quienes presentan estos años como una etapa de parálisis política, porque sencillamente, no ha sido así.

Por lo que respecta a Cantabria, la situación no parece haber tenido consecuencias inmediatas especialmente graves. La financiación autonómica siempre estuvo garantizada - como ahora - aunque es cierto que algunas inversiones estatales pendientes, especialmente en infraestructuras, pudieron verse afectadas.

Ojalá esta vez el Gobierno consiga aprobar los presupuestos de 2027, sería una buena noticia para la estabilidad institucional, pero si finalmente no lo logra, mi juicio seguirá dependiendo de algo mucho más importante, que continúe desarrollando políticas útiles y dando respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Blindar el franquismo como patrimonio, la peligrosa doble vara de medir del Parlamento de Cantabria

Hace unos dias el Parlamento de Cantabria respaldo la declaración de Bien de Interés Cultural al monumento dedicado a Luis Carrero Blanco de Santoña, abriendo con ello un debate político que supera con mucho al pretendido cultural, y que muestra como algunas instituciones interpretan de forma selectiva la memoria democrática y el cumplimiento de la ley.

La PNL promovida por Vox y apoyada por PP, PRC - y un diputado escindido de Vox - pretende blindar el monumento levantado durante la dictadura franquista en uno de los espacios más representativos de Santoña.

Entre los defensores de esta protección monumental, el PRC argumentando que Carrero Blanco fue un supuesto benefactor de la villa, aunque cuando se intenta concretar cuáles fueron esas aportaciones extraordinarias, las afirmaciones se diluyen en generalidades. A estas alturas lo único que cabe para su justificación, pudiera ser su estrecha vinculación personal con Santoña y que proyectó el nombre de su localidad natal desde las más altas responsabilidades del régimen franquista.

Pero al menos en lo que yo conozco, no existe constancia de grandes infraestructuras, inversiones estratégicas o transformaciones económicas impulsadas directamente por él que justifiquen la magnitud del reconocimiento monumental que ahora se pretende preservar.

Resulta revelador que quienes apelan a una supuesta deuda histórica con Carrero Blanco el PP y Vox principalmente, traten ahora de desplazar el debate desde la memoria democrática, hacia una presunta relevancia arquitectónica o artística del monumento, solo por estar incluido en un catálogo del patrimonio cultural de Cantabria.

Sin embargo, esa valoración difícilmente puede desligarse de la posición ideológica desde la que se formula. No estamos ante una obra neutral ni ante una pieza artística desprovista de significado histórico, todo lo contrario, el monumento fue concebido expresamente para ensalzar a uno de los principales dirigentes de la dictadura franquista.

Pero quizá lo más grave es lo que se pretende con la PNL, la reinterpretación de la historia como argumento para eludir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática, y se haya hecho en el Parlamento Regional, que supuestamente nos representa a todos, mientras seguimos a la espera del reconocimiento y adecuada señalización del campo de concentración instalado en las Caballerizas del Palacio de La Magdalena durante la Guerra Civil.

El Parlamento de Cantabria no debería actuar como intérprete interesado de la ley en función de afinidades ideológicas. Su obligación es garantizar su cumplimiento. Porque una democracia sólida no se construye seleccionando qué parte de la memoria merece protección y cuál puede seguir siendo ignorada.

Cantabria no merece este desprecio, la sanidad atrapada entre excusas y silencio político

Una vez más, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, comparece ante la opinión pública para anunciar que la huelga médica provocará un nuevo incremento de las listas de espera, cifrado ahora en otras 500 operaciones suspendidas. Una noticia que, lejos de sorprender, se ha convertido en una rutina para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Lo verdaderamente preocupante no es solo el aumento de las listas de espera, sino la incapacidad demostrada por el Gobierno regional para afrontar un conflicto que se prolonga durante meses. La justificación es siempre la misma, trasladar la responsabilidad al Ministerio de Sanidad y al Gobierno central, como si la sanidad no hubiese sido transferida hace décadas a las comunidades autónomas y como si la Consejería de Sanidad careciera de competencias para negociar y gestionar los problemas de su propio sistema sanitario.

A estas alturas, la gestión del consejero debería estar siendo objeto de una profunda reflexión política. Durante los últimos seis meses se han acumulado más de 160.000 actos médicos suspendidos, una cifra que representa miles de pacientes esperando consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una necesidad sanitaria que no puede seguir siendo ignorada.

Resulta inevitable preguntarse qué ha ocurrido con el acuerdo firmado en 2024 entre el Gobierno de Cantabria y el sindicato médico. Aquel pacto incluía incentivos de productividad de 400 euros mensuales para los facultativos con el objetivo de retener talento, mejorar el rendimiento y reducir las listas de espera. Posteriormente, el Ejecutivo amplió el esfuerzo presupuestario destinando otros seis millones de euros a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes (MIR).

Si aquellas medidas se presentaron como la solución para mejorar la asistencia sanitaria, los resultados actuales evidencian que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué balance hace el Gobierno de aquellos acuerdos y por qué los objetivos comprometidos no se han cumplido.

También resulta llamativo el silencio de quienes deberían ejercer una oposición firme. El Partido Regionalista de Cantabria y su portavoz, Paula Fernández, parecen haber optado por esperar a que pase la tormenta antes que asumir una posición clara en defensa de los pacientes. Da la impresión de que algunos prefieren no incomodar a determinados colectivos profesionales por miedo a perder apoyos electorales.

Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de Cantabria. Pacientes que ven retrasadas sus operaciones, familias que esperan diagnósticos durante meses y profesionales sanitarios que trabajan en un clima de conflicto permanente. La sensación de abandono crece cada día que pasa sin una solución efectiva.

La realidad es que el consejero César Pascual ha fracasado en uno de los principales compromisos que asumió al llegar al cargo, reducir las listas de espera. La situación de la sanidad se suma además a las dificultades que atraviesa otra consejería estratégica como Educación, ofreciendo la imagen de un Gobierno que gestiona sin rumbo, arrastrando los pies ante los problemas más importantes de la comunidad.

Los cántabros merecen algo mejor. Merecen responsables públicos que asuman sus competencias, afronten los conflictos con determinación y rindan cuentas por los resultados de su gestión. Lo que no merecen es un Gobierno que, ante cada problema, busque excusas en lugar de soluciones.

Lo que León XIV dijo en las Cortes, y merece la pena escuchar

 La intervención del Papa León XIV en las Cortes Generales ha dejado mensajes que trascienden el ámbito religioso y se adentran de lleno en el terreno de la reflexión política, social y humana. Más allá de las opiniones que pueda suscitar su presencia en el Parlamento, resulta difícil negar la relevancia de algunas de las cuestiones planteadas.

 El primero, y probablemente el más importante de todos, fue la defensa de la dignidad de la persona como fundamento de toda acción política. En un momento en que con frecuencia predominan los intereses económicos, las estrategias partidistas o los cálculos electorales, León XIV les recordó a sus señorías que la política solo encuentra su sentido cuando se pone al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables.

 Otra de las reflexiones más destacadas fue el llamamiento al diálogo y a la superación de la polarización. En una sociedad cada vez más dividida, en un clima político marcado por la confrontación permanente, la apelación al respeto, al encuentro y a la búsqueda del bien común adquiere una relevancia especial siempre dentro del respeto democrático a la pluralidad de ideas.

 Pero la cita más esperada resonó en el hemiciclo con voz poderosa, los migrantes. Personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la falta de oportunidades. Personas concretas, con historias, esperanzas y derechos que no pueden ser ignorados, y mucho menos reducidos a un dato estadístico situado al final de la lista de prioridades.

 Relevante fue también su defensa de la paz en un momento internacional especialmente complejo. Frente a la lógica de los bloques, la escalada de tensiones y el aumento del gasto militar, reivindicó la diplomacia, la cooperación y el diálogo como instrumentos imprescindibles para la convivencia entre los pueblos.

 Por último, León XIV puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Su mensaje fue claro: el progreso técnico solo será verdaderamente humano si va acompañado de principios éticos que garanticen el respeto a la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.

 En conjunto, su discurso dejó una idea de fondo que merece ser tenida en cuenta por creyentes y no creyentes por igual, una sociedad fuerte no es aquella que impone una única visión, sino la que es capaz de convivir en la diversidad, proteger a los más débiles y construir espacios de encuentro. Quizá ese haya sido, en última instancia, el mensaje más valioso de su intervención en las Cortes.

 

La conciencia obrera también defiende la historia de una comunidad

 Las recientes declaraciones del periodista Paco Gómez Nadal sobre las negociaciones del ERE de Nestlé, en su articulo “La Nestle nunca ha sido tu empresa” publicada en eldiario.es han abierto una discrepancia que considero necesario abordar. Desde el respeto a su opinión, considero que ese análisis carece de algunos matices esenciales y de una comprensión suficiente de la realidad social, laboral e histórica de territorios como el valle del Pisueña y de la relación que durante generaciones han mantenido miles de familias con la fábrica de La Penilla.

 Hace unos días, el periodista Paco Gómez Nadal publicaba en eldiario.es, un artículo sobre las negociaciones del ERE en Nestlé S.A., calificando la situación como un "drama" y llegando a definir como "enfermiza" la relación que muchos trabajadores y la mayoría de los sindicatos mantienen con la empresa. 

Se trata de una valoración que resulta excesivamente radical y, en cierta medida, arrogante. Especialmente cuando califica de ingenuos a quienes consideran la empresa como algo propio o cuando cuestiona la conciencia sindical y obrera de los trabajadores, concluyendo que solo "armados de conciencia de clase" pueden defenderse eficazmente sus derechos. 

La realidad demuestra precisamente que los trabajadores de Nestlé y sus representantes sindicales están defendiendo sus puestos de trabajo mediante movilizaciones, concentraciones y acciones colectivas. Están confrontando las decisiones de una dirección empresarial que parece considerar el despido colectivo como la solución más cómoda ante los desafíos de una reconversión técnica, productiva o económica.

Sin embargo, la defensa sindical de los derechos laborales no es incompatible con el respeto a los sentimientos y experiencias de quienes han dedicado décadas de su vida a una empresa. Especialmente entre los trabajadores de mayor antigüedad existe una fuerte vinculación emocional con la fábrica y con el entorno social y económico que se ha construido a su alrededor.

Durante décadas, la actividad industrial no solo generó empleo directo, también articuló la vida económica y social de toda una comarca. Los ganaderos suministraban la leche a la fábrica, los hijos sustituían a sus padres en los puestos de trabajo y la empresa colaboraba en el sostenimiento de numerosas actividades culturales, deportivas y sociales promovidas por los ayuntamientos de la zona, entre otros.

Ese arraigo ha generado un sentimiento de pertenencia e identificación con la empresa que algunos, desde una visión simplista, podrían comparar con una especie de "síndrome de Estocolmo", pero esa comparación resulta injusta. Lo que existe es el resultado de décadas de convivencia, de dependencia mutua y de construcción compartida de riqueza y bienestar, un sentimiento perfectamente comprensible y que merece respeto. 

Los trabajadores han demostrado precisamente esa implicación durante el conflicto actual. Su lucha no responde únicamente a la defensa de un salario o de unas condiciones laborales, también están defendiendo un modelo económico y social que ha proporcionado estabilidad y cohesión a generaciones enteras de familias.

Esta realidad no es exclusiva de Nestlé, ocurrió anteriormente en Sniace, en Nueva Montaña Quijano, Sidenor, en comarcas de los Valles Pasiegos, en el sector de la conserva y en tantas otras industrias que marcaron – y están marcando - la identidad y el desarrollo económico de sus comarcas.

Cuando una empresa se convierte durante décadas en la principal referencia económica y social de un territorio, resulta difícil aceptar que decisiones adoptadas en despachos de multinacionales, a cientos o miles de kilómetros del centro de trabajo, puedan poner en riesgo empleos, proyectos de vida y el futuro de toda una comunidad. 

Por eso, cuando se anuncian recortes de plantilla, cierres o procesos de deslocalización, la reacción de los trabajadores no puede interpretarse como una simple resistencia al cambio. Es la respuesta legítima de quienes ven amenazado no solo su empleo, sino también el tejido social y económico que ellos mismos han contribuido a construir con su esfuerzo, compromiso y trabajo durante décadas. 

La conciencia de clase no se mide por el grado de desapego hacia una empresa, se demuestra organizándose, movilizándose y defendiendo colectivamente los derechos laborales, y eso es exactamente lo que están haciendo hoy los trabajadores de Nestlé.

Las víctimas invisibles del nuevo Santander

 

Santander corre el riesgo de convertirse en una ciudad pensada más para quien la visita que para quien la vive. Mientras se habla de turismo, modernidad y proyección exterior, muchos vecinos se enfrentan a una realidad marcada por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de servicios, el deterioro de algunos barrios y una creciente sensación de inseguridad.

La expansión de las viviendas turísticas y la reducción del alquiler residencial están dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y trabajadores. Cada vez son más quienes destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a abandonar la ciudad.

A ello se suman las quejas vecinales por la falta de atención en determinados barrios, el desgaste de los servicios públicos y la percepción de que muchas decisiones urbanísticas se toman sin suficiente participación ciudadana.

El problema no es el turismo en sí, sino la ausencia de un equilibrio que garantice que el desarrollo económico no se haga a costa de quienes sostienen la vida cotidiana de la ciudad.

La cuestión es sencilla: ¿queremos una Santander convertida en escaparate para visitantes e inversores o una ciudad que siga siendo habitable para sus vecinos? Porque una ciudad que expulsa poco a poco a quienes viven y trabajan en ella acaba perdiendo aquello que la hace única, su comunidad y su identidad

Cortiguera o la vergüenza cultural de Santander, cuando la iniciativa privada tapa el vacío público

 

Hay noticias que, más que celebrar, obligan a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El anuncio del delegado del Gobierno en Cantabria de que Okuda San Miguel impulsará la transformación del Palacete de Cortiguera en un centro cultural de referencia ha caído como un jarro de agua fría… pero no por el proyecto en sí, sino por lo que deja en evidencia.

Durante años, el Palacio de Cortiguera - propiedad del Ministerio del Interior - ha estado al alcance del Ayuntamiento de Santander. Bastaba voluntad política, capacidad de diálogo y una mínima ambición cultural para haberlo recuperado. No ha ocurrido. Y el resultado ha sido visible para cualquiera que haya pasado por la calle José Ramón López-Dóriga, abandono, deterioro y una imagen impropia de una ciudad que presume de vocación cultural.

Mientras tanto, los santanderinos hemos asistido con resignación a la degradación de un edificio singular en un entorno privilegiado, sin que el Ayuntamiento ni el Gobierno central hayan sido capaces de articular una solución, convirtiendo a Cortiguera en un símbolo incómodo, el de la inacción institucional.

Paradójicamente, ha tenido que ser una iniciativa vinculada al ámbito privado la que reactive el futuro del espacio. Una operación que, además, encaja con otras apuestas recientes como Faro Santander o el Centro Reina Sofía – Archivo Lafuente, impulsadas con entusiasmo por las administraciones locales y autonómicas, proyectos relevantes, sí, pero que comparten un patrón, el protagonismo de actores privados frente a la falta de una estrategia pública sólida.

A los responsables políticos de Cantabria se les llena la boca hablando de cultura, pero el relato se sostiene - en demasiadas ocasiones - sobre iniciativas ajenas, mientras que entre tanto, espacios como Cortiguera - quizá menos mediáticos, pero fundamentales para construir un tejido cultural amplio y diverso - se dejan morir lentamente. No es una excepción, es el síntoma de una política cultural que ha brillado más por su ausencia que por su planificación.

Ahora que surge una oportunidad real para devolver la vida a Cortiguera, conviene decirlo sin rodeos, no es el Ayuntamiento quien lidera el cambio, es quien llega tarde, y llegar tarde en cultura tiene un coste elevado, porque el tiempo perdido rara vez se recupera.

La posible implicación de Okuda no solo aporta visibilidad internacional, sino algo que ha faltado durante años, contemporaneidad, capacidad de conexión con nuevos públicos y una visión abierta del hecho cultural justo al contrario de la inercia que ha marcado la gestión municipal en este ámbito.

Por eso, la noticia es doble, por un lado, una buena noticia para Santander, la recuperación de un espacio olvidado y su transformación en un proyecto vivo, y por otra, un espejo incómodo para quienes han tenido la responsabilidad de evitar que Cortiguera llegara a este punto.

Quizá estemos ante la última oportunidad para corregir el rumbo, porque si algo deja claro este episodio es que el problema no era la falta de espacios, sino la falta de voluntad. Y si el Ayuntamiento no toma nota, volverá a confirmarse un modelo ya demasiado conocido, dejar pasar las oportunidades hasta que otros las convierten en realidad.

Huracán Tango, cuatro días de abrazos aprendizaje y pasión tanguera

 

La primera vez que acudía al encuentro de Huracán Tango en Peñíscola lo hacía con la curiosidad de quien busca compartir abrazos, música y aprendizaje en torno a una pasión común.

Hoy, después de cuatro días intensos de tango, regreso con el convencimiento de haber participado en uno de los encuentros más importantes y cuidados del panorama tanguero.

El decimotercer encuentro de Huracán Tango ha estado cargado de expectativas y emociones, especialmente por la presencia de Hermanos Macana y Giovanna Dan, figuras que han aportado al evento un extraordinario nivel artístico e internacional.

Los Hermanos Macana representan una referencia mundial del tango contemporáneo, bailarines, coreógrafos y maestros argentinos que han llevado el tango escenario y social a los teatros y festivales más prestigiosos del mundo, fusionando tradición, técnica y una interpretación moderna sin perder la esencia porteña. Su presencia en Peñíscola ha supuesto un verdadero privilegio para quienes amamos esta danza.

Con la milonga como especialidad, los asistentes hemos podido disfrutar además de un magnífico complemento formativo, gracias a las tres sesiones impartidas por los maestros, centradas especialmente en la milonga de traspié. Una enseñanza explicada e interpretada de manera cercana, accesible y pedagógica para todos los presentes, independientemente del nivel de cada bailarín. Esa capacidad de hacer sencillo lo complejo es, precisamente, una de las virtudes de los grandes maestros.

Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este importante encuentro, Elvira, Nati, Gloria y Marcel, este último integrante del grupo de musicalizadores, por habernos facilitado cuatro días de tango de altísimo nivel humano y artístico.

Deseo hacer una mención muy especial a Marcel Fabra, a quien tuve el honor de conocer en la Milonga de la Encina en Santander y con quien pude dialogar sobre sus iniciativas musicalizadoras y su manera de entender la animación de las milongas.

Marcel cuida la pista de baile con sensibilidad y conocimiento, construyendo tandas que recorren los tangos clásicos desde la guardia vieja de los años cuarenta hasta la guardia nueva, sin renunciar tampoco a los tangos actuales. Una visión musical abierta, elegante y profundamente respetuosa con quienes bailan.

Muchas gracias por vuestro aporte al mundo del tango. Estoy seguro de que no será la última vez que pase por Peñiscola, ni por el encuentro de Huracán Tango. Porque encuentros así no solo se disfrutan, también dejan huella.

Del debate al insulto, cuando la opinión deja de ser periodismo

 

Confieso que hacía tiempo que no leía a Federico Jiménez Losantos. Y, tras su último comentario del pasado 6 de mayo en El Mundo, probablemente vuelva a tomar distancia durante una buena temporada. No por discrepancia ideológica - que es mucha - sino por algo bastante más básico, la ausencia total de un mínimo respeto en la forma de argumentar.

 Me cuesta entender en qué momento el insulto pasó a convertirse en género periodístico. Lo que uno encuentra ya no es una crítica política - dura, si se quiere - sino una sucesión de descalificaciones, insinuaciones y expresiones de brocha gorda que poco o nada aportan al debate público.

 Cuando el lenguaje se llena de términos como “puterío”, “puteros” o similares, aplicados además de forma indiscriminada, lo que se degrada no es solo a quien va dirigido, sino al propio texto.

 El caso de Ábalos y Pedro Sánchez es paradigmático, más allá de las responsabilidades que puedan o no demostrarse - que para eso están los tribunales - lo que se ofrece no es análisis, sino una especie de relato construido a base de excesos verbales, donde todo parece valer.

 Se sugieren tramas, se trazan paralelismos y se reparten culpas con una ligereza que inquieta, sobre todo cuando no van acompañadas de pruebas.

 Tampoco ayuda la tendencia a generalizar, pasar de casos concretos a etiquetas que engloban a todo un partido político no solo simplifica la realidad, sino que la distorsiona deliberadamente, convirtiéndola, en recurso fácil, pero profundamente empobrecedor.

 Quizá lo más llamativo es esa contradicción constante, mientras se reivindican valores como la honradez o la dignidad, el propio discurso se desliza una y otra vez hacia el terreno de la descalificación personal. Y ahí es donde, al menos para mí, se rompe cualquier posibilidad de tomar en serio lo que se dice.

 No se trata de pedir suavidad ni corrección política, se trata, simplemente, de exigir un mínimo de rigor y respeto en el uso de la palabra. Porque cuando eso desaparece, lo que queda ya no es periodismo, ni siquiera opinión, es ruido, y de eso, sinceramente, ya vamos bastante sobrados.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.