Unidad sindical para defender lo conquistado frente a Vox y el PP

 

Lo que hoy plantea Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León no es una simple diferencia ideológica. Es un proyecto estructurado de desmantelamiento del modelo laboral y sindical construido durante décadas de lucha democrática, y si el Partido Popular decide ser cómplice de este camino, la confrontación social será inevitable.

El esquema que impulsa Vox rompe de raíz con el papel de los sindicatos democráticos, pretendiendo sustituirlos por estructuras dóciles creadas a su medida, debilitando la representación real de los trabajadores. El objetivo es evidente, dejar al trabajador solo frente al poder empresarial, eliminando la fuerza colectiva que equilibra la relación laboral.

La ofensiva contra los convenios colectivos - sectoriales, autonómicos o estatales - busca precisamente ese objetivo la fragmentación de la clase trabajadora. Bajo el discurso de la “flexibilidad”, imponiendo un modelo donde cada empresa fije sus reglas, generando desigualdad y competencia entre trabajadores.

Abaratar el despido, reducir indemnizaciones, recortar cotizaciones empresariales y debilitar las prestaciones por desempleo forman parte del mismo paquete, el de trasladar el riesgo al trabajador a la vez que se vaya consolidando un mercado laboral basado en la inseguridad.

Y para ello se ataca al sindicalismo y su derecho de protesta, por ejemplo, recortando su financiación y cuestionando la concertación social, limitando el derecho de huelga y la protesta sindical, provocando un ataque directo a los instrumentos de defensa de los trabajadores.

Y es precisamente en el marco laboral y sindical, donde con mas crudeza, se pretende aplicar la propuesta de Vox, “prioridad nacional” que pretende fracturar a la clase trabajadora aplicando medidas insolidarias, regresivas y contraria a los principios fundamentales del derecho laboral.

Ante este escenario, no basta con resistir por separado, es imprescindible que el conjunto de los sindicatos democráticos abra un espacio real de diálogo entre ellos, superando diferencias y estrategias parciales, para avanzar hacia una unidad sindical efectiva.

Unidad que no sea solo declarativa, sino operativa, capaz de articular movilizaciones sostenidas, respuestas coordinadas, en la defensa común de los derechos laborales, porque frente a un proyecto organizado de regresión social, la división sindical es una debilidad que no nos podemos permitir.

Si el Partido Popular avanza junto a Vox en este modelo, el sindicalismo debe responder con firmeza, organizándose para movilización y confrontación democrática, porque lo que está en juego no es una reforma más, es el modelo de sociedad, y dignidad del trabajo.

Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

Las vallas de Santander tapan años de dejadez

 

Santander se está llenando de vallas, cintas de precinto y señales de “prohibido el paso”, que dibujan una ciudad que ha pasado de la normalidad, a la sospecha sobre sus propios espacios públicos.                        

Hoy el mapa urbano puede leerse a través de sus cierres, paseos interrumpidos, pasarelas clausuradas, accesos restringidos, zonas emblemáticas bajo revisión - como los bajos de Sardinero – permitiendo que la valla, deje de ser un elemento provisional para convertirse en un mensaje claro de que algo no se revisó a tiempo. 

Todo se aceleró tras lo ocurrido en El Bocal, pero el problema venía de antes. El mantenimiento, esa política silenciosa que no se ve, ha fallado, y cuando falla lo hace de golpe.                                                                                                                                     

Las inspecciones y cierres actuales son necesarios, incluso obligados, pero también evidencian un cambio brusco, el de no haber actuado hasta que el riesgo ya es evidente, a cerrar ante la mínima duda, y ese giro, aunque correcto, tiene un coste, la pérdida de confianza.  Hoy el ciudadano mira distinto su ciudad, donde antes había rutina, ahora hay preguntas: “¿desde cuándo estaba esto así?”.                                                                 

Las vallas caerán y los espacios se reabrirán, pero Santander debería quedarse con una lección clara, el mantenimiento no puede ser reactivo, porque cuando llega tarde, no solo se cierran espacios, también se resiente la confianza.

Tango el arte de acompañarnos en tiempos difíciles

En momentos de incertidumbre, cuando la vida nos pone a prueba, también yo me atrevo a compartir una fórmula para sobrellevar la crisis- bailar. Más aún, bailar tango, y regalarte - junto a tu pareja - esos instantes luminosos que solo este baile sabe ofrecer.

Si algún día te acercas a una milonga, lo primero que descubrirás será la imagen de dos personas moviéndose por la pista, un hombre y una mujer que deslizan los pies con una suavidad casi felina, envueltos por una música intensa. A simple vista, parecería que apenas se conocen; su concentración es tal que todo lo demás desaparece.

Pero esa es solo la superficie. En el tango no hace falta una identificación previa con la pareja. Cada tango es una experiencia nueva, irrepetible, que se construye a partir del abrazo, del instante y de la música elegida. Cada encuentro es distinto, y cada baile es, en sí mismo, una historia.

Por eso te invito a bailar tango. Te invito a vivir esa experiencia única donde los sentimientos encuentran su cauce, donde las habilidades se entrelazan con cadencias, giros, sacadas, cortes y quebradas que hacen de cada danza un universo distinto. No exagero, quien lo ha probado sabe que bailar tango es algo que no se repite jamás del mismo modo.

A los que lo bailamos nos gusta decir que, en el tango, se bailan incluso los silencios. Esos silencios que, suspendidos en el tiempo, nos recuerdan que no estamos solos. El ritmo compartido, la sintonía con el otro y el placer sensorial del movimiento nos hacen sentir que atravesamos un reto emocional e intelectual. Por eso, el tango es mucho más que un baile, es una manera de encontrarnos, incluso cuando el mundo parece desordenarse.

Alcaldesa, narrar el dolor no basta, la verdad exige hechos

Llevamos más de un mes desde que seis jóvenes murieron en el Bocal de la senda costera de Santander. Seis. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que la alcaldesa, Gema Igual, publique en el Diario Montañés un artículo en el que nos habla de dolor y verdad.

Dice que cada día se asoma al precipicio del dolor. Yo la recuerdo, con todo el respeto que merece el cargo que ocupa, que el precipicio real fue el del Bocal, y que quienes cayeron por él, no lo hicieron metafóricamente.

Dice que cada mañana empieza pidiendo serenidad y reclamando que se conozca la verdad, y lo dice como si esa verdad fuera algo ajeno a ella, algo que está ahí fuera esperando a ser descubierto, como si el Ayuntamiento que preside no fuera parte fundamental de la historia que hay que explicar.

Porque la verdad, alcaldesa, no está tan lejos. Está en el estado en el que se encontraba esa pasarela, en los materiales con los que fue construida, en los años que pasaron sin que nadie le dedicara la atención, el tiempo y el presupuesto que necesitaba una infraestructura junto al mar, sometida a condiciones climatológicas exigentes que sin duda alguna requería un mantenimiento serio y continuado, que no lo tuvo.

En las últimas semanas hemos leído muchas páginas de periódico con referencias a la Confederación Hidrográfica del Norte. Puede que la Confederación tenga también responsabilidades que responder, y los tribunales lo determinarán. Pero señalar hacia otro lado no es buscar la verdad, es precisamente, alejarse de ella.

La verdad que las familias merecen no es la que más convenga políticamente. Es la que explique, sin eufemismos, qué falló, cuándo empezó a fallar, quién lo sabía y qué se hizo al respecto. Esa verdad incluye al Ayuntamiento, incluye a quienes tuvieron responsabilidad en el mantenimiento de la senda costera durante estos años. Y apelar ahora al compromiso con las familias, después de semanas de relato institucional, suena a poco si no va acompañado de una transparencia real y sin condiciones.

No hace falta esperar a las sentencias judiciales para reconocer lo evidente, hubo un fallo de mantenimiento grave, con consecuencias irreparables, los juzgados pondrán blanco sobre negro las responsabilidades penales y civiles. Pero la responsabilidad política no necesita sentencia, se ejerce, o no se ejerce, cada día desde el cargo.

Santander lleva semanas llenándose de vallas, pasarelas clausuradas, miradores cerrados, - el Sardinero precintado - y en cada caso siempre surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?, y si alguien lo sabía.

Lo que ha cambiado no es solo el estado de las infraestructuras, es la confianza de los vecinos, en quienes tienen la obligación de cuidar los espacios de todos, esa confianza que no se recupera con columnas en el periódico, se recupera con hechos, con transparencia y con la honestidad de asumir lo que corresponde asumir

 

El Cabildo de Arriba, más de una década esperando el plan que nadie cumple

En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Santander presentó un ambicioso Plan Especial de Protección y Reforma Interior para la recuperación del Cabildo de Arriba, respaldado por la asistencia técnica de las empresas AUGE Arquitectura y Urbanismo y APIA XXI. El anuncio sonó a promesa seria. Parecía, por fin, el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más castigados del centro de la ciudad. 

Más de diez años después, aquella promesa sigue sin cumplirse, a pesar de que el diagnóstico que lo decía todo.

El informe de 2013 describía sin rodeos la situación del Cabildo de Arriba, "un barrio en el corazón de la ciudad, en el que parte de los edificios ya no existen, y los que se mantienen en pie cuentan con multitud de viviendas vacías". Los técnicos alertaban también de la ocupación de esas viviendas abandonadas por personas en situación de grave exclusión social y económica.

La conclusión era clara, la recuperación edificio a edificio resultaba inviable. Lo que se necesitaba era una intervención pública decidida, una rehabilitación integral, el retorno de la población tradicional y políticas sociales capaces de frenar el deterioro. Estaba todo escrito. Todo diagnosticado, y sin embargo, nada ocurrió. Los años han ido pasando y esa intervención integral nunca ha llegado.

Tanto la administración autonómica como la municipal parecen haber optado por una estrategia diferente, la de confiar en que el mercado privado absorba lentamente las viviendas vacías y los inmuebles con graves deficiencias estructurales. Una solución cómoda para quienes gestionan desde los despachos, pero insoportable para quienes viven cada día en el barrio, lidiando con la degradación, la incertidumbre y una sensación de abandono que se acumula año tras año.

En este tiempo no han faltado los planes, los borradores, las reuniones ni los titulares de prensa. Lo que ha faltado es la acción.

Hace unos meses se anunció el derribo de dos edificios en la calle Alta. La noticia se presentó, una vez más, como el primer paso hacia la regeneración definitiva del barrio. Los vecinos, sin embargo, llevan demasiado tiempo escuchando promesas parecidas como para ilusionarse con gestos aislados. Para ellos, esto no es más que otro parche, otra actuación puntual que sirve más para rellenar portadas que para transformar la realidad cotidiana del Cabildo.

El barrio no esta pidiendo nada extraordinario. Solo lo que ya estaba escrito en 2013, un plan claro, serio y, sobre todo, cumplido. Sus vecinos llevan más de una década reivindicando algo que debería ser un derecho básico e innegociable, vivir en un barrio digno, cuidado y respetado.

Mientras las administraciones siguen aplazando decisiones, el Cabildo de Arriba continúa esperando. Y el reloj sigue corriendo.

 

De Cantabria a Wall Street, cuando tus datos de salud entran en el mercado

Se nos viene repitiendo por parte del Consejero de Sanidad que proyectos como el de Cohorte Cantabria representan el futuro de la medicina, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado. Todo ello apoyado en un principio aparentemente incuestionable, de que cuantos más datos tengamos, mejor podremos cuidar la salud de la población. Y, sin embargo, hay una pregunta que rara vez se formula con claridad, ¿qué ocurre cuando esos datos salen del ámbito público y entran en la lógica del mercado?

La experiencia internacional ofrece pistas. Modelos como el de UK Biobank en el Reino Unido ha demostrado el enorme valor científico de las grandes bases de datos poblacionales. Pero también abierto la puerta a colaboraciones con empresas privadas capaces de convertir esa información en patentes, medicamentos y en última instancia, beneficios multimillonarios.

El mecanismo es sutil. Ningún ciudadano vende directamente sus datos. Nadie firma un contrato con una farmacéutica. Todo se hace a través de intermediarios legítimos, institutos de investigación, universidades, biobancos públicos, encargados de codificar y supuestamente proteger dando una sensación de protección legal impecable. Pero económicamente, el resultado es claro, la información generada de forma colectiva acaba alimentando circuitos de valor privados.

En este contexto, Cohorte Cantabria deja de ser un proyecto regional para convertirse en una pieza potencial de un engranaje mucho mayor. Hoy es una base de datos pública, gestionada por instituciones como el sistema sanitario y centros de investigación (IDIVAL) para mañana convertirse – como es el caso - en parte de redes internacionales ( Regeneron Pharmaceuticals ) donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos.

No se trata de demonizar la colaboración con la industria. Sin empresas farmacéuticas no hay ensayos clínicos a gran escala, ni capacidad de producción, ni llegada real de los tratamientos al paciente. El problema aparece cuando el equilibrio se rompe, cuando el ciudadano aporta datos, el sistema público organiza el conocimiento y el retorno económico queda concentrado en actores privados.

Aquí es donde el debate debería volverse más exigente. No basta con garantizar la protección de datos. No basta con cumplir la ley. La cuestión de fondo es otra, ¿qué obtiene la sociedad cántabra a cambio? ¿Existe un retorno tangible, más allá de promesas futuras? ¿Se reinvierte ese valor en el sistema público que hizo posible la investigación?

Porque el riesgo no es inmediato ni visible. No hay un escándalo evidente, ni un uso ilegal de la información. Lo que hay es algo más complejo, una transferencia silenciosa de valor desde lo colectivo hacia lo privado, legitimada por el discurso del progreso científico.

Cohorte Cantabria, como tantos otros proyectos similares, se mueve en esa frontera. Puede ser una herramienta poderosa al servicio del bien común o una fuente de valor que otros sabrán capitalizar mejor. Todo dependerá de las reglas del juego que se establezcan hoy.

La decisión, en última instancia, no es técnica. Es política. Y consiste en responder con honestidad a una pregunta incómoda, en la medicina del futuro, ¿los datos de todos servirán realmente para el beneficio de todos?

Cuba entre el bloqueo y un relato interesado

He leído en El Diario Montañés del 22 de marzo un artículo de Manuel Ángel Castañeda titulado “Cuba, se desmerenga el mito de la revolución”. En él se presenta la situación actual de la isla como la prueba definitiva del fracaso de su sistema político. Sin embargo, el análisis resulta demasiado simple para explicar una realidad mucho más compleja.

Reducir las penurias económicas de Cuba únicamente a su modelo político es olvidar un factor decisivo: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de sesenta años. Pocas economías en el mundo han tenido que sobrevivir durante tanto tiempo bajo un régimen de sanciones que limita el comercio, la financiación internacional y hasta la compra de productos básicos.

Las consecuencias de ese cerco se reflejan en datos concretos. Las pérdidas acumuladas para la economía cubana superan los 150.000 millones de dólares y cada año la isla afronta enormes dificultades para importar combustible, alimentos o medicamentos. Incluso empresas de terceros países evitan comerciar con Cuba por miedo a sanciones.

A esta situación se suma ahora una nueva amenaza política desde Washington. El retorno de Donald Trump al poder viene acompañado de una retórica aún más dura hacia la isla y de la intención declarada de endurecer el aislamiento económico. Ese tipo de políticas no solo persiguen presionar al gobierno cubano; en la práctica terminan agravando las condiciones de vida de la población, provocando mayores dificultades alimentarias, sanitarias y energéticas en un país que ya vive bajo una presión económica extraordinaria.

En el artículo también se menciona la escasez actual de petróleo procedente de Venezuela, como si fuera una especie de castigo histórico que revela el fracaso del sistema cubano. Pero la realidad energética de la isla también está condicionada por las sanciones que afectan al transporte marítimo, a las aseguradoras y a cualquier empresa que decida vender combustible a Cuba.

Por supuesto, Cuba tiene problemas internos y su sistema político puede ser objeto de crítica. Pero analizar la situación del país sin tener en cuenta más de seis décadas de presión económica externa no es un ejercicio de rigor, sino de simplificación.

Antes de hablar del derrumbe de un mito, quizá convendría reconocer que un país pequeño ha tenido que sobrevivir durante décadas bajo un cerco económico casi permanente. Y que, pese a todas sus dificultades, el pueblo cubano sigue resistiendo una situación que difícilmente sería soportable para cualquier otra nación.

El regreso del PRC como fuerza bisagra

Durante meses parecía políticamente imposible que el Partido Regionalista de Cantabria fuera apoyar los presupuestos del Gobierno del Partido Popular. Las condiciones iniciales del PRC eran duras y su discurso público mantenía una clara distancia respecto al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga. Sin embargo, el acuerdo finalmente ha llegado, sorprendiendo a buena parte de los cántabros.

Más allá de las medidas concretas del pacto, la clave parece estar menos en la gestión inmediata – a la que se venía agarrando con uñas y dientes el partido - y más en la estrategia política de cara a las elecciones autonómicas de 2027 y al futuro del liderazgo regionalista tras décadas marcadas por Miguel Ángel Revilla.

El movimiento, según mi opinión, pudiera interpretarse como un intento del PRC de recuperar su papel tradicional como partido bisagra en la política cántabra. Durante años, esa posición le permitió pactar con fuerzas de distinto signo ideológico y reforzar su imagen de partido pragmático, centrado en los intereses de Cantabria por encima de los bloques políticos.

Tras un largo periodo de gobierno junto al PSOE, los regionalistas parecen querer marcar distancias y reconstruir una identidad política propia, y para ello pactar ahora con el PP les puede permitir lanzar un mensaje claro, el de un partido que quiere presentarse de nuevo como una fuerza independiente, y a la vez dispuesto a negociar con quien fuera necesario, si con ello se beneficia a la comunidad autónoma.

Después de perder el Gobierno en 2023, el partido pasó a la oposición, en una situación muy difícil de asumir, por lo que este acuerdo presupuestario, pudiera permitirle mantener, cierta capacidad de influencia política sin asumir el desgaste del pacto presupuestario. Además, ofrece la posibilidad de presentar resultados concretos ante su electorado, especialmente en comarcas donde su implantación es fuerte, al mismo tiempo que suaviza la radicalidad expresada por algunos de los alcaldes regionalistas.

El pacto también se produce en un momento clave para el partido: la transición generacional. Con el horizonte del relevo de Revilla – con un poco de suerte a manos de Paula Fernández Viaña - el PRC necesita mantener presencia institucional, visibilidad y capacidad de negociación para consolidar nuevos liderazgos.

Visto así, el acuerdo no es solo una decisión coyuntural. Es también un movimiento dentro de una estrategia más amplia para llegar a 2027 reforzando tres ideas claves, su utilidad política, la independencia ideológica – que algunos vinculaban actualmente al partido socialistas - y capacidad de negociación.

El tiempo dirá si la jugada resulta eficaz. Pero lo que parece claro es que este acuerdo presupuestario marca el inicio de un nuevo movimiento en el tablero político cántabro.

 

Alguien avisó, la tragedia de la pasarela del Bocal que pudo evitarse

Antes de cualquier análisis, lo primero es lo primero: mis más profundas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en la senda del litoral, en la maldita pasarela del Bocal. Nadie puede imaginar el dolor que están atravesando. Y precisamente por respeto a ese dolor, lo ocurrido no puede quedar reducido a un simple intercambio de declaraciones políticas. Porque lo que sabemos hasta ahora es profundamente inquietante.

Un ciudadano alertó del peligro. No se trataba de una sospecha vaga, advirtió que la pasarela se movía y que podía caerse. Es decir, alguien vio el riesgo y lo comunicó. El sistema fue advertido.

Cuando un ciudadano llama para avisar de un posible colapso estructural, el principio de precaución debería activarse automáticamente. El 112 no es solo un teléfono, es el centro neurálgico de la respuesta ante emergencias. Desde allí, los protocolos deberían permitir activar simultáneamente a la Policía Local, a los servicios técnicos municipales y, especialmente, al Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos son los especialistas en evaluar riesgos de derrumbe en primer lugar, son quienes pueden determinar si una estructura es segura o si debe cerrarse de inmediato. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, si la zona se hubiera cerrado a tiempo, ¿estaríamos hoy hablando de víctimas mortales?

Porque impedir el acceso a la pasarela habría sido una medida sencilla si el riesgo se hubiese considerado con la gravedad que merece cualquier aviso de este tipo. Además, la coordinación entre servicios no debería terminar con la simple transmisión del aviso. Un sistema de emergencias eficaz no solo comunica, también verifica que el mensaje ha sido recibido y que el recurso correspondiente ha sido activado. En situaciones de riesgo, cada eslabón de la cadena importa.

Ahora corresponde al juzgado esclarecer lo ocurrido. Será necesario revisar registros informáticos, escuchar las grabaciones de la llamada y analizar toda la cadena de decisiones. Habrá que determinar si hubo una mala valoración del riesgo, un fallo de comunicación entre el 112 y los servicios municipales, una ausencia injustificada de bomberos o incluso un incumplimiento de los protocolos de emergencia. En definitiva, si estamos ante un error humano, un fallo del sistema o una negligencia.

Pero mientras la justicia investiga, hay algo que no admite demora,  revisar y mejorar de inmediato los protocolos de coordinación entre los servicios de emergencia y las administraciones responsables.

Y, por supuesto, dejar de lado el espectáculo político que suele seguir a cada tragedia. Los ciudadanos no necesitan ver a responsables públicos cruzándose reproches en rueda de prensa.

Necesitan saber qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando las instituciones fallan en algo tan básico como prevenir un riesgo que había sido advertido, la confianza pública se resquebraja, y recuperar esa confianza exige algo más que explicaciones. Exige responsabilidades.

Entre ellas, la dimisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Porque gobernar también significa asumir las consecuencias cuando los sistemas que dependen de la administración no funcionan como deberían.

Entre Vivencias y Senderos: la poesía inesperada de Jesús Echezarreta

 

Jesús Echezarreta es, ante todo, un santanderino de siempre, como a él mismo le gusta sentirse. Aunque la vida lo llevó lejos de su tierra para echar raíces en Zaragoza, hay identidades que nunca se abandonan del todo y que siguen latiendo en la memoria, en la mirada y, quizá también, en los versos.

Entre la medicina, ejercida como profesión, y el sindicalismo en Comisiones Obreras asumido con compromiso militante, nunca pensé que la poesía pudiera convertirse en el reposo de un hombre de izquierdas con cierto ramalazo de radicalidad. Tal vez por eso me sorprendo -y en buena medida me alegro - de tener un amigo capaz de expresarse en verso.

De “Vivencias” a “Senderos” hay un camino por el que pasea la poesía de Jesús. Dos poemarios que, en el tiempo, terminan por fundirse en una misma trayectoria de versos y poemas. En ellos va creciendo un poeta recién estrenado, pero cargado de experiencias, de emociones sentidas en lo personal y proyectadas hacia los demás, hacia ese otro que siempre completa el todo.

En su primer poemario, Vivencias, prologado por Belén Mateos, se define a Jesús como “un poeta que ama la vida lucha por ella, sueña y muere en el verso”. Desde mi humilde desconocimiento de la métrica y de los secretos técnicos de la poesía, añadiría algo más, es también un hombre profundamente comprometido con la justicia social, alguien que ha participado activamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Por eso su poesía tiene también un punto de transgresión y de militancia. No se limita a la contemplación o al lirismo íntimo, sino que a menudo se convierte en una forma de denuncia social, en una manera de hacer visibles los múltiples problemas que hoy seguimos padeciendo también en España.

Pablo Delgado, prologuista de su segundo poemario, Senderos, vuelve a revelarnos otra faceta del poeta. En sus palabras, Jesús avanza “jaleando por un dulce y suave sendero el amor reflexivo, con sutiles matices del tiempo en perfecta armonía”, en contraste con una sociedad “anegada de ruido y estímulos vulgares”. Ese sendero es capaz de abrir caminos diversos: el amor entendido como algo que pertenece a todos y para todos, y al mismo tiempo la denuncia social que nunca desaparece en quien ha vivido la militancia de izquierdas como parte de su identidad.

Por todo ello, a mi amigo Jesús Echezarreta solo puedo decirle: felicidades por este nuevo poemario. Y gracias, porque, sin proponértelo quizá, tus versos me están ayudando cada vez más a entender la poesía.

Sumar: algunas conclusiones necesarias

La experiencia de Sumar permite extraer lecciones relevantes sobre las dificultades de la izquierda a la izquierda del PSOE para consolidar proyectos políticos estables. Su aparición generó expectativas comprensibles: recomponer un espacio fragmentado tras el desgaste del ciclo de Podemos y construir una herramienta con mayor capacidad de incidencia institucional. 

En su fase inicial, Sumar logró atraer a sectores diversos del electorado progresista, incluyendo perfiles del ámbito social, sindical y político. Esa confluencia alimentó la expectativa de un espacio más amplio, capaz de conectar acción institucional, movilización social y agenda laboral.

Con el tiempo, esas expectativas se debilitaron. La indefinición organizativa, la ausencia de estructuras claras de participación y la dificultad para articular una dirección colectiva sólida limitaron su arraigo social y su capacidad de proyección electoral.

El paso atrás de Yolanda Díaz en el liderazgo político no es un hecho aislado, sino la confirmación de esos límites: un proyecto excesivamente dependiente de una figura concreta, sin un marco colectivo consolidado que lo sostuviera en el tiempo.

Mientras el debate vuelve a centrarse en términos abstractos —“ideas”, “proceso”, “proyecto”—, el problema de fondo persiste: la política transformadora requiere organización, tiempos claros y capacidad real para disputar poder. Cuando eso falla, otros ocupan el espacio.

En este contexto, el PSOE aparece para parte del electorado como una opción más previsible en términos de gestión, reforzada por los avances del gobierno de coalición. La lección es clara: sin estructuras sólidas y arraigo social, la ilusión no basta.

Las listas de espera en Cantabria como excusa: el negocio oculto de la externalización sanitaria

 
Hace unos días publiqué en este blog una primera reflexión sobre el acuerdo singular entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital San Juan de Dios –Santa Clotilde–. Entonces aún no se conocía un dato clave: la verdadera beneficiaria económica del convenio no es el hospital, sino la empresa privada HT Médica, a la que se subcontratan los servicios.

Lo que se presentó con opacidad como una solución técnica para reducir las listas de espera es, en realidad, un nuevo paso en la externalización encubierta de la sanidad pública. Un modelo impulsado por el Partido Popular que convierte un problema estructural del sistema sanitario en una oportunidad de negocio financiada con dinero público.

El consejero de Sanidad omitió que Santa Clotilde actúa únicamente como intermediario económico. La atención sanitaria la prestará HT Médica, en muchos casos con los mismos profesionales que ya trabajan en el sistema público regional. El resultado es un esquema tan sencillo como opaco: fondos públicos que acaban en una empresa privada sin contrato público, sin licitación y sin control parlamentario o ciudadano, pero que podría gestionar hasta 256 millones de euros.

Aunque el modelo pueda ser formalmente legal, es democrática y socialmente inaceptable. La subcontratación expulsa del control público información esencial: precios reales, criterios de elección, beneficios empresariales y destino final de los recursos comunes.

No es un modelo nuevo. Ya se ha aplicado en comunidades como Madrid o Valencia, generando un círculo vicioso que debilita lo público y justifica nuevas derivaciones al sector privado. Las listas de espera no se solucionan privatizando, sino invirtiendo en recursos públicos, plantillas, infraestructuras y medios propios.

La sanidad pública está para prestar servicios, no para ser intermediaria de negocios privados. Todo lo demás es un retroceso que acabamos pagando trabajadores y pacientes.

La reforma laboral de Milei: un ataque frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores argentinos representa un retroceso histórico en derechos laborales. Si no logra ser frenada por la movilización y la lucha del movimiento sindical, supondrá una transformación profunda del mercado de trabajo en favor exclusivo de las empresas, debilitando las protecciones laborales y habilitando la imposición unilateral de condiciones en materia de jornadas, despidos, negociación colectiva y acción sindical.

No es casual que esta reforma se haya convertido en uno de los principales focos de conflicto político y social en Argentina. Su aprobación en el Senado y el actual debate en la Cámara de Diputados ya han provocado protestas masivas y una huelga general, expresión clara del rechazo popular y sindical a un proyecto que pretende barrer décadas de conquistas obreras.

Entre los puntos más graves se encuentra la ampliación de la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, liquidando la histórica jornada de 8 horas. A esto se suma una nueva trampa patronal: el llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitirá a las empresas exigir horas extra sin pagarlas, compensándolas con descansos futuros cuando convenga al empleador.

El ataque no termina ahí. La reforma también reduce las indemnizaciones por despido, modificando su cálculo y excluyendo conceptos y bonificaciones, lo que abarata el despido y deja a los trabajadores en una situación de mayor desamparo. Para completar el cuadro, se impulsa un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por las propias empresas, cuyo objetivo real no es proteger al trabajador despedido, sino reducir aún más el costo de echar gente.

Los derechos vinculados al descanso y la salud también quedan bajo amenaza. Las vacaciones pasarán a depender de la conveniencia empresarial, fragmentadas y flexibilizadas, mientras que las licencias por enfermedad o accidente sufrirán fuertes reducciones salariales, castigando a quien se enferma o sufre un accidente laboral.

En el terreno sindical, la reforma avanza directamente sobre el derecho a huelga, imponiendo por ley servicios mínimos del 75 % sin negociación alguna. Las reuniones sindicales en los lugares de trabajo quedarán sujetas a la autorización de la empresa y se establecen sanciones severas, calificadas como infracciones graves, para quienes se organicen o protesten.

La negociación colectiva tampoco escapa al ajuste. Los convenios perderán vigencia automáticamente al vencer su plazo, eliminando la ultraactividad, y se priorizarán los convenios de empresa por encima de los sectoriales o nacionales, fragmentando la fuerza colectiva y debilitando cualquier derecho común que aún pudiera sostenerse.

Pese al discurso oficial que intenta presentar esta reforma como “moderna” y necesaria para reducir costos y generar empleo, la realidad es otra. En un país con más del 40 % de empleo precario, esta reforma no crea trabajo digno, precariza aún más, debilita a los sindicatos y consolida un modelo laboral basado en el miedo, la inestabilidad y la pérdida de derechos.

No sorprende, entonces, que el movimiento sindical y social haya respondido con confrontación y lucha. Lo que está en juego no es una simple reforma técnica, sino el futuro de las condiciones de vida y trabajo de millones de personas.

El relato oficial del éxito del S.M.T.U y sus sombras

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Santander, a través de la concejalía de movilidad, insiste en proyectar ante la opinión pública la imagen de un S.M.T.U en pleno auge, atribuyendo este supuesto “buen momento” casi exclusivamente a una eficaz gestión administrativa. Este discurso, sin embargo, tiende a invisibilizar el papel fundamental de los trabajadores del servicio, auténticos responsables del funcionamiento diario del sistema y principales artífices de la valoración positiva obtenida en la encuesta recientemente realizada.

El último argumento esgrimido para reforzar esta narrativa es la cifra estimada de unos 22 millones de viajeros, presentada como una clara muestra de confianza ciudadana en el transporte público. No obstante, este dato se expone de forma parcial, obviando un factor clave: la subvención estatal destinada al transporte urbano.

Gracias a estas ayudas, el Ayuntamiento puede afrontar costes estructurales como el combustible, el personal o los gastos de explotación, y al mismo tiempo aliviar el precio final del billete, beneficiando especialmente a estudiantes, personas mayores y trabajadores con menor poder adquisitivo. Sin este respaldo económico, el volumen de uso y la percepción del servicio serían previsiblemente muy distintos.

Detrás de estas cifras optimistas persisten, además, problemas recurrentes que afectan de manera directa a la experiencia cotidiana de muchos usuarios. En redes sociales y en comentarios directos se repiten las denuncias por retrasos frecuentes, incumplimientos de horarios y una saturación constante en horas punta.

A ello se suma la falta de refuerzos prometidos, anunciados en numerosas ocasiones pero que rara vez se materializan, lo que alimenta la sensación de desorganización y abandono.

En conclusión, el S.M.T.U puede considerarse un servicio razonablemente bien valorado en términos generales, pero dista mucho de ser un modelo sin fisuras. Las cifras récord de uso y los mensajes triunfalistas no deberían servir para ocultar carencias estructurales ni para eludir una reflexión profunda sobre la calidad real del servicio. Solo afrontando estos problemas será posible transformar una valoración simplemente “aceptable” en una experiencia verdaderamente satisfactoria para toda la ciudadanía.

Como sobrevivir al ritual matinal del jubilado

Por más que me acompañe la radio en todas sus múltiples facetas -noticiarios interminables, canciones de ayer y tertulias que arreglan el mundo - el paseo matinal siempre acaba siendo… monótono. Da igual cuánto se disfrace de ejercicio saludable o de “hay que moverse”, el paseo es el paseo.

Eso sí, no todo está perdido. Soy de los que aprovechan lo que les rodea: una frase escuchada al vuelo, una escena curiosa, una foto improvisada. Todo sirve para tomar notas y, con un poco de suerte, dar los buenos días del día siguiente. Porque los buenos días, como el café, siempre deberían tener algo de original y, si puede ser, de entretenido.

Claro que no todos los días salen redondos. Hay mañanas en las que el paseo se vuelve maldito, invadido por preocupaciones, acontecimientos varios y pensamientos que no ayudan en absoluto a la motivación que debería animar la actividad diaria a primera hora. En esos momentos, ni la radio ni los pasos logran cambiar el ánimo.

Pero bueno, siempre queda el momento más íntimo: la oración, la reflexión… y, cómo no, el reencuentro con los amigos del bar. Allí, después de que cada uno cuente cómo le fue su paseo —si llovió, si dolió la rodilla o si el perro del vecino volvió a mirar mal—, llega el café y con él la charla habitual.

Política y fútbol, compañeros inseparables de cualquier tertulia. Una tertulia que no siempre acaba bien, pero tranquila: la sangre nunca llega al río. Alguna voz sube, alguna mano gesticula de más… y al día siguiente, vuelta a empezar.

Porque dura es la vida del jubilado, sí señor. Y especialmente dura… la del condenado paseo matinal.

Más agua, más aves: una relación clara en el Pantano del Ebro

Rafael de Andres Seco

En enero de 2026 se contabilizaron 5.237 aves acuáticas invernando en el Pantano del Ebro, una de las cifras más altas de las últimas décadas. Este dato confirma algo que se viene observando desde hace años: cuando el pantano mantiene un buen nivel de agua en invierno, el número de aves que lo utilizan como lugar de invernada aumenta de forma muy significativa. 

La relación es sencilla y directa. En los inviernos en los que el embalse presenta niveles bajos de agua, la presencia de aves disminuye de manera acusada. Un ejemplo claro es enero de 2023, cuando, debido al escaso volumen de agua existente, solo se contabilizaron 1.320 aves acuáticas, una de las cifras más bajas registradas. Por el contrario, en años con mayor ocupación del embalse, como enero de 2026, se alcanzan valores muy elevados, superando con creces las cinco mil aves.

Esta dependencia se explica en buena medida por las características del propio pantano.

Al tratarse de un embalse muy extenso y poco profundo, cualquier descenso del nivel del agua reduce de forma notable la superficie inundada. Menos superficie de agua implica menos zonas adecuadas para la alimentación y el descanso de las aves durante el invierno, lo que las obliga a desplazarse a otros humedales.

El nivel de agua que presenta el pantano en enero no es fruto del azar. Depende en gran medida de las decisiones adoptadas meses antes, especialmente del volumen que se deja tras las desembalsadas de otoño y del momento en que se cierran las compuertas, además de las lluvias que se registren después. Por ello, una gestión más cuidadosa en ese periodo desde la Confederacion Hidrográfica del Ebro resulta clave para asegurar buenas condiciones durante el invierno.

En este sentido, resulta positivo que en los últimos años el Pantano del Ebro haya aportado menos agua a la cuenca, apoyándose más el sistema en otros embalses. Mantener esta orientación ayudaría a evitar su deterioro ambiental y a conservar su valor natural.

La conclusión es clara: garantizar un nivel suficiente de agua en el Pantano del Ebro es esencial para proteger su riqueza ambiental. La enorme diferencia entre las 1.320 aves de enero de 2023 y las 5.237 de enero de 2026 lo demuestra con rotundidad. Si en su día la construcción del pantano transformó profundamente el territorio y la vida de sus habitantes, hoy existe una responsabilidad añadida: preservar este espacio para las aves acuáticas que han hecho de él su lugar de invernada.

Santa Clotilde y el cambio de rumbo de la sanidad pública en Cantabria

Estos días se está hablando mucho del acuerdo sanitario entre el Gobierno de Cantabria y el Hospital Santa Clotilde, acuerdo que se presenta como una solución una solución técnica, casi inevitable, para aliviar las listas de espera y reforzar la capacidad asistencial. Pero cuanto más se va conociendo del convenio, mas claro parece que no estamos ante una medida puntual, sino ante algo mucho más profundo, un cambio de rumbo en el modelo de sanidad pública.

El consejero de sanidad Cesar Pascual insiste una y otra vez que se trata de una “colaboración público-privada” como su fuera una cuestión puramente temporal, pero cuando un centro privado como Santa Clotilde pasa a recibir financiación pública estable de entre 216 a 256 millones de euros en total, distribuidos a lo largo de 16 a 20 años para prestar servicios esenciales, la palabra se queda corta.

Porque esto no es una ayuda temporal, es externalizar de forma estructural parte de la asistencia sanitaria, y el mensaje que se lanza más que peligroso. En lugar de reforzar lo público cuando hay problemas, se asume que la solución pasa por derivar actividad y dinero fuera del sistema público.

Por eso no me extraña que los partidos de la oposición al gobierno Regional y diversas asociaciones sociales hayan manifestado su posición en contra e incluso hayan formulado reclamaciones por vía judicial.

La falta de explicaciones del porque esta es la mejor opción, y por qué no se ha apostado por invertir esos recursos en el conjunto de los centros sanitarios de Cantabria, del personal o en la planificación a medio y largo plazo, ha estado al margen del debate real que una medida como esta se requiere.

Hablamos de muchísimo dinero público comprometido durante años, dinero que condicionará presupuestos futuros y decisiones de gobiernos que ni siquiera han llegado aún. Y todo ello sin que la ciudadanía haya podido contrastar alternativas.

Que el convenio se haya tramitado como “singular” tampoco ayuda a generar confianza. No ha habido concurrencia pública ni comparación abierta con otras opciones, y el acceso a la información ha sido, como poco, complicado.

Cuando hacen falta reclamaciones y organismos de transparencia para conocer los detalles de un acuerdo de este calibre, algo falla. La sanidad regional merece más luz y más explicaciones, no menos.

En este caso el riesgo económico lo va a asumir el gobierno de Cantabria, es decir todos nosotros, porque las penalizaciones que recogen los papeles son prácticamente simbólicas y el interés público queda en segundo plano frente a la estabilidad del convenio y eso no parece un equilibrio justo.

El problema de fondo no es solo este acuerdo concreto, sino la lógica que lo sustenta. Cada euro que se destina a consolidar un modelo externalizado es un euro que no se invierte en fortalecer lo público.

Y eso tiene consecuencias. Por una parte, se pierden recursos para mejorar infraestructuras públicas, se incrementan las dificultades para atraer y retener profesionales, entrando en una espiral de dependencia de centros privados a largo plazo, un camino que debilita la sanidad publica.

No dudo de que la asistencia sanitaria de Cantabria tenga problemas reales ni de que las soluciones sean fáciles. Pero normalizar la externalización como respuesta estructural es, en mi opinión, un error.

La sanidad pública no necesita acuerdos a largo plazo con centros privados; necesita voluntad política, inversión sostenida y planificación. Necesita creerse a sí misma como pilar básico del bienestar, no como un sistema que se apoya cada vez más en muletas externas.