Astures y cántabros, hermanos de puertas abiertas.

 

Quiero dejar constancia, en este espacio que dedico a la política y a la cultura de Cantabria, de mi reconocimiento personal a Felipe Antonio Díaz-Miranda Macías, pregonero este año en el Centro Asturiano de Cantabria con motivo del Día de la Virgen de Covadonga, la Santina. No es un reconocimiento protocolario. Es el de quien escuchó un pregón y salió de él con la sensación de que algo importante se había dicho en voz alta, algo que muchos pensamos pero que pocas veces se pronuncia con esa claridad.

Nacido en Grado (Asturias) en 1958, Díaz-Miranda es arquitecto, urbanista y gestor cultural, una trayectoria que explica en buena medida el pregón que ofreció. Quien ha dedicado su vida profesional a pensar el territorio y la ciudad —a entender cómo se construyen los espacios donde convivimos— trae también, casi de forma natural, una mirada especial sobre cómo se construyen los espacios donde convivimos como pueblos. Su vinculación con la vida cultural de Oviedo y con la Sociedad Ovetense de Festejos no es un dato biográfico secundario: es la prueba de un compromiso sostenido con la cultura popular, con esa trama de asociaciones, fiestas y tradiciones que mantienen viva la identidad de un lugar sin encerrarla en sí misma. Un arquitecto que además ha sido gestor cultural sabe, mejor que nadie, que los pueblos se levantan con los mismos principios que las ciudades: cimientos firmes y puertas abiertas.

Díaz-Miranda logró lo que pocos pregones consiguen: una simbiosis perfecta entre Asturias y Cantabria. No habló de dos regiones vecinas que se toleran con cortesía administrativa, sino de un sentimiento fraterno que atraviesa personas, modelos de vida, acontecimientos culturales, gastronomía y territorio. Habló, en definitiva, de por qué nos consideramos hermanos sin dejar por ello de sostener, cada uno, su propia identidad. Porque ahí está la clave: no se trata de diluirse el uno en el otro, sino de reconocerse en el otro sin perderse.

Los Picos de Europa no entienden de fronteras

Hay una imagen que se queda grabada después de oírle: la de los Picos de Europa como lugar de encuentro que no distingue de fronteras ni de demarcaciones, ni siquiera administrativas. La montaña no sabe de límites autonómicos. Lleva siglos siendo el mismo macizo para quien sube desde Cantabria y para quien sube desde Asturias, y esa terquedad geológica dice más sobre lo que nos une que cualquier discurso institucional.

Dos tierras que conocen la emigración, con sus éxitos y sus heridas

Asturias y Cantabria son territorios que saben de emigración. La conocen desde dentro: la de los éxitos que se cuentan con orgullo en las plazas de los pueblos, y la de las dificultades que casi nunca se cuentan, esas que se quedaron en el silencio de quienes no volvieron o volvieron sin nada. Ese pregón puso nombre a algo que rara vez se dice con tanta honestidad: que el reconocimiento a nuestros emigrantes no puede quedarse en la nostalgia. Exige memoria activa, la de recordar lo que sufrieron quienes se fueron para, ahora, abrir nuestras puertas a quienes llegan. Que tengan las oportunidades que tuvieron —y que muchas veces no tuvieron— los nuestros cuando cruzaron el océano o la frontera en busca de un futuro.

Astures y cántabros sabemos reconocer también los espacios culturales y las aportaciones económicas de quienes se fueron y volvieron con fortuna, y el acogimiento debido a quienes no tuvieron esa suerte. Ambas historias, la del éxito y la del fracaso, forman parte de la misma memoria colectiva y merecen el mismo respeto.

Modernidad sin renunciar a la historia

Lo que planteó el pregonero no es un ejercicio de nostalgia complaciente. Es la constatación de que Asturias y Cantabria son dos comunidades que abren sus puertas al futuro desde la modernidad, sin renunciar a su historia en el sentido más amplio de la palabra. Dos tierras capaces de reconocerse de igual a igual, sin más distinción que la que marcan los hechos y las acciones culturales que cada una ha ido construyendo con el tiempo.

Ese fue, en el fondo, el mensaje central: mirar al futuro desde un espacio de igualdad y de puertas abiertas, buscando espacios de trabajo y de hermandad donde no quepan discriminaciones ni excesos de sentimiento patrimonialista. Porque el patrimonio, cuando se convierte en propiedad excluyente, deja de ser cultura y se convierte en muro.

Un pregón que merece quedar en la memoria

Mi reconocimiento, por tanto, va para un pregonero que llevó al Centro Asturiano de Cantabria la voz y el pensamiento fraterno de dos comunidades que conocen bien las dificultades, pero que eligen mirar el futuro desde la solidaridad hacia quienes hoy nos necesitan. En un tiempo en que tantos discursos públicos se construyen sobre la desconfianza hacia el que llega, escuchar un pregón que reivindica la hermandad, la igualdad y las puertas abiertas es, sencillamente, necesario.

Gracias, Felipe Antonio Díaz-Miranda Macías, por recordarnos que Asturias y Cantabria no son solo vecinas. Son hermanas.

El derecho del Consejo Regional de USO Cantabria a conocer el Libro Mayor antes de aprobar las cuentas y los presupuestos

La discusión abierta en torno al acceso a la información económica de USO Cantabria no es un asunto técnico ni una cuestión reservada a especialistas en contabilidad. Estamos hablando de algo mucho más importante, el derecho de los órganos de representación a ejercer el control democrático sobre la gestión de la organización.

Varios miembros del Consejo Regional han solicitado acceder a información económica detallada antes de pronunciarse sobre la aprobación de las cuentas de 2025 y de los presupuestos de 2026. Entre la documentación solicitada figura el Libro Mayor, una herramienta que permite conocer con detalle los movimientos económicos que dan origen a las cifras reflejadas en balances e informes contables.

La solicitud ha sido rechazada y, hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación suficientemente clara que permita entender las razones de esa decisión. 

El Consejo Regional de USO no está para levantar la mano y ratificar decisiones previamente adoptadas. Su función es analizar, debatir, supervisar y, en su caso, aprobar o rechazar las propuestas que se someten a su consideración. Para cumplir esa responsabilidad necesita disponer de información suficiente, completa y verificable.

Cuando un consejero solicita documentación económica no está pidiendo un privilegio, está cumpliendo con la obligación que le corresponde como representante de la organización. Aprobar unas cuentas o unos presupuestos sin conocer adecuadamente su contenido supondría renunciar a una de las funciones esenciales de cualquier órgano de control.

La transparencia no puede limitarse a presentar unas cifras resumidas y pedir un voto de confianza, la transparencia exige que quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar la gestión puedan comprobar, contrastar y formular las preguntas que consideren necesarias.

Los afiliados deben saber que este debate no gira en torno a nombres ni a personas concretas. Se trata de defender un principio fundamental de funcionamiento democrático, quien debe controlar tiene que disponer de la información necesaria para hacerlo.

A lo largo de la historia del movimiento sindical hemos reclamado transparencia a las administraciones públicas, a las empresas y a los poderes económicos, hemos exigido información cuando estaban en juego los derechos de los trabajadores. Por coherencia, esos mismos principios deben aplicarse también dentro de nuestras propias organizaciones.

La fortaleza de un sindicato no se mide por la cantidad de información que reserva, sino por la confianza que genera entre sus afiliados, y la confianza solo puede construirse sobre la base de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Negar información a quienes tienen la responsabilidad estatutaria de supervisar la gestión económica no fortalece la organización. Al contrario, alimenta la desconfianza, debilita los mecanismos de control interno y proyecta una imagen incompatible con los valores democráticos que el sindicalismo debe defender.

Nadie debería sentirse incómodo porque se solicite información económica. Lo verdaderamente preocupante sería que quienes tienen la obligación de controlar dejaran de hacerlo.

Por eso, la reivindicación es clara, antes de aprobar unas cuentas o unos presupuestos, los miembros del Consejo Regional deben disponer de toda la información necesaria para estudiarlos con rigor, y no para obstaculizar la gestión, sino para garantizar que las decisiones económicas se adopten con transparencia, responsabilidad y respeto a la democracia interna.

Porque sin información no existe control, y sin control democrático, la participación de los órganos de representación corre el riesgo de convertirse en una simple formalidad.

Proyecto Altamira, una inversión histórica que exige transparencia

El debate sobre el Proyecto Altamira ha entrado en una nueva fase. A la controversia política e institucional sobre su tramitación y sobre el cumplimiento de la resolución aprobada por el Parlamento de Cantabria se suma ahora la presentación pública de un estudio que atribuye al proyecto un impacto económico extraordinario para nuestra comunidad. Y precisamente por la magnitud de esas cifras, la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.

El pasado 4 de mayo, el Parlamento de Cantabria aprobó, con los votos favorables de PRC, PSOE y Vox, una iniciativa que comprometía políticamente al Gobierno regional a poner a disposición de la Cámara la documentación existente sobre el PSIR del Proyecto Altamira. El plazo establecido era de dos meses y concluyó a comienzos de julio.

Desde entonces han transcurrido semanas sin que se haya producido un cumplimiento efectivo de la resolución ni una explicación pública suficientemente clara sobre las actuaciones realizadas para atender el mandato parlamentario.

Mientras tanto, Altamira sigue ganando protagonismo. Durante la presentación del estudio económico, el consejero de Industria defendió la necesidad de que Cantabria compita por atraer inversiones estratégicas y señaló que el proyecto se encuentra entre los mejor posicionados para acceder a la capacidad eléctrica prevista para centros de datos. Altamira requeriría aproximadamente 500 megavatios, alrededor del 13 % de los 3.800 megavatios contemplados en la planificación nacional.

Las cifras económicas anunciadas son, sin duda, relevantes. Según el estudio presentado, la inversión superaría el 20 % del PIB de Cantabria, situándose entre las mayores operaciones económicas planteadas en la región en las últimas décadas, destacando también la creación de empleo, los puestos de trabajo cualificados y la posibilidad de generar efectos indirectos mediante un nuevo clúster tecnológico, mayor productividad, formación de capital humano y atracción de nuevas inversiones.

Todo ello merece ser analizado con rigor. Pero precisamente aquí aparece una cuestión que no debería quedar enterrada bajo las grandes cifras económicas.

La oposición, y especialmente el PRC, no puede conformarse con un estudio económico, no basta con conocer cuánto se va a invertir, cuántos empleos se anuncian o qué impacto puede tener Altamira sobre la economía regional. Hay que conocer también toda la documentación existente, cómo se ha desarrollado el proyecto, qué decisiones se han adoptado y por qué continúa sin cumplirse una resolución aprobada por el Parlamento.

El PRC tiene, además, una responsabilidad política añadida, votó a favor de aquella resolución, por tanto, ahora debería ser el primero en exigir su cumplimiento. Si una resolución parlamentaria se aprueba con sus votos, no puede convertirse después en una simple declaración de intenciones. El Parlamento no puede exigir información y, semanas después, aceptar que esa información siga sin llegar.

Un estudio económico no sustituye a la documentación administrativa, una previsión de empleo no sustituye al control parlamentario, y una promesa de inversión no sustituye al cumplimiento de una resolución democrática.

Si Altamira representa realmente una oportunidad histórica para Cantabria, como sostienen sus promotores, debería ser también un ejemplo de transparencia, información pública y respeto institucional. Cuanto mayor sea la inversión y mayores sean las expectativas, mayor debe ser el control.

Por eso, el debate de fondo ya no consiste únicamente en determinar cuánto puede aportar Altamira a la economía cántabra, la pregunta es mucho más incómoda, ¿por qué, transcurrido ampliamente el plazo establecido, sigue sin cumplirse una resolución del Parlamento de Cantabria?

Y ante esa pregunta, la oposición no puede conformarse con las cifras, tiene que exigir respuestas, documentación y responsabilidades. Especialmente el PRC, que apoyó el acuerdo parlamentario, debe demostrar ahora que su voto no fue simplemente una posición política puntual, sino un verdadero compromiso con el control democrático de una de las actuaciones económicas más importantes que se plantean para el futuro de Cantabria.

Santander enferma, cuando los vecinos piden abrir los ojos

 

El movimiento vecinal reclama un debate ciudadano sobre el presente y el futuro de la capital cántabra.

No es habitual que cinco asociaciones vecinales de Santander decidan unirse para lanzar un mensaje tan contundente como el que han hecho público estos días. Tampoco es frecuente que utilicen una expresión tan directa para describir la situación de la ciudad, «Santander está enferma».

Detrás de esta afirmación no hay únicamente una crítica a la gestión municipal de turno. Lo que plantean los colectivos vecinales es algo más profundo, la percepción de que la ciudad lleva años perdiendo dinamismo, identidad y capacidad para responder a los problemas reales de sus habitantes.

La denuncia pone sobre la mesa cuestiones que forman parte de la conversación cotidiana de muchos santanderinos. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema creciente para jóvenes y familias, los barrios denuncian carencias y una sensación de abandono, el comercio tradicional continúa perdiendo terreno mientras determinados espacios urbanos permanecen vacíos o infrautilizados, a ello se suman los problemas de movilidad, el envejecimiento de la población y la dificultad para generar oportunidades económicas que permitan retener talento y población joven.

La cuestión de fondo es si Santander está siendo capaz de definir un proyecto de ciudad para las próximas décadas o si continúa funcionando a base de actuaciones aisladas, muchas veces condicionadas por los calendarios electorales. La sensación de numerosos ciudadanos es que la ciudad ha entrado en una fase de estancamiento en la que abundan los anuncios, pero escasean los debates sobre el modelo de desarrollo que se quiere construir.

Por ello resulta especialmente relevante el llamamiento realizado por estas asociaciones - Cazoña, Cueto, Sardinero, Pombo - Cañadio y San Joaquin - para abrir un gran debate ciudadano. No se trata únicamente de señalar problemas, sino de buscar soluciones colectivas. Una ciudad democrática no puede limitar la participación de sus vecinos a depositar una papeleta cada cuatro años, necesita escuchar de forma permanente a quienes viven sus calles, utilizan sus servicios y conocen de primera mano las necesidades de cada barrio.

Santander posee recursos extraordinarios: una ubicación privilegiada, una rica historia, un importante patrimonio cultural y una ciudadanía comprometida. Sin embargo, ninguna ciudad progresa únicamente gracias a sus ventajas naturales, hace falta visión estratégica, planificación y capacidad para integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones.

Quizá la mayor aportación de estas asociaciones no sea la denuncia en sí misma, sino la invitación a reflexionar. La pregunta que lanzan a la ciudadanía merece una respuesta serena y colectiva, ¿Qué Santander queremos dejar a las próximas generaciones?

Porque cuando son los propios vecinos quienes alertan de que una ciudad está enferma, lo más prudente no es discutir el diagnóstico, sino abrir cuanto antes la conversación sobre el tratamiento.

La SAREB y la vivienda pública en Cantabria, entre los anuncios políticos y la realidad de los hechos

La historia de la SAREB en Cantabria resume buena parte de los problemas estructurales de la política de vivienda en España, por un lado, un enorme patrimonio inmobiliario heredado de la crisis financiera de 2008, agrupado entorno a las administraciones públicas, incapaces en transformarlo en viviendas disponibles para quienes las necesitan.

El resultado, una sensación creciente de frustración ciudadana, especialmente al comprobar como los precios de compra y alquiler, alcanzan máximos históricos, como, promociones enteras continúan vacías, obras paralizadas y deteriorándose, mientras los anuncios institucionales, se suceden sin que la oferta pública crezca al ritmo que exige la demanda.

La SAREB nació en 2012 para absorber los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una solución temporal acabó convirtiéndose en una gigantesca bolsa inmobiliaria cuya gestión ha estado marcada por objetivos financieros antes que sociales.

La pregunta es inevitable, ¿por qué se ha esperado más de una década para intentar recuperar promociones que llevan abandonadas desde la crisis inmobiliaria?

Las propias declaraciones del Gobierno de Cantabria reflejan una contradicción que lleva años denunciándose.

En mayo de 2026, el consejero Roberto Media afirmó en el Parlamento que el ejecutivo regional tuvo que elevar dos veces su oferta para adquirir 63 viviendas en Los Corrales de Buelna, compitiendo incluso con compradores privados, según explicó, la SAREB quien al final adjudicó la operación al mejor postor, obligando a la administración a comportarse como si participara en una subasta inmobiliaria ordinaria.

El propio Gobierno regional llegó a acusar a la SAREB, de actuar como "un promotor privado más" y de anteponer la rentabilidad económica al interés social.

Los distintos gobiernos de Cantabria, independientemente de su color político, tampoco desarrollaron durante años una estrategia ambiciosa para movilizar este patrimonio. Las promociones de Los Corrales de Buelna, El Astillero o Santa Cruz de Bezana no quedaron paralizadas hace dos años, algunas llevan más de una década deteriorándose mientras se sucedían legislaturas, planes de vivienda y anuncios institucionales.

Es evidente que cuando finalmente se vayan a adquirir estas promociones abandonadas, los costes, van a ser muy superiores a los que habrían supuesto intervenciones tempranas, además de por edificios envejecidos, que deberán estar sometidos a nuevas normas y exigencias técnicas.

Por lo tanto, cabe preguntarse, si realmente estas viviendas vayan a ser baratas, y como ejemplo las 63 viviendas adquiridas en Los Corrales de Buelna, compradas inicialmente por unos 2,1 millones de euros, para al final tras varias negociaciones, superasen los 2,6 millones, al que se debieron incrementar entre otros, los gastos de adecuaciones técnicas, urbanización complementaria, honorarios, gastos jurídicos, etc. provocando un precio final superior al anunciado públicamente.

Y esto mismo es aplicable a los solares, un suelo sin desarrollar que bien pudiera parecer barato sobre el papel, pero que su transformación en vivienda va a requerir inversiones adicionales, plazos urbanísticos y riesgos financieros que rara vez aparecen en las notas de prensa.

Y ahora que se vuelven a llenar páginas en los medios informativos de Cantabria, volviendo a ofrecer viviendas sociales de la SAREB, cabe preguntarse si existen presupuestos, para garantizar la finalización de estas viviendas y promociones anunciadas, que ocurrirá si aparecen sobrecostes, quien va a financiar las futuras rehabilitaciones.

El Gobierno de Cantabria sostiene que está desarrollando una estrategia para ampliar el parque público de vivienda, entre ellas la incorporación de las 63 viviendas de Los Corrales de Buelna, y un primer plan para 285 viviendas públicas, además de un segundo plan que pretende generar más de 550 viviendas adicionales en 17 municipios mediante construcción directa, cesión de suelo y compra de activos procedentes de la SAREB.

Sobre el papel, las cifras son importantes, sin embargo, la experiencia acumulada aconseja prudencia. Entre el anuncio de una promoción y su ocupación efectiva pueden transcurrir años, por lo tanto, la valoración final solo cabe hacerse cuando se terminan en plazo y habitadas, no vaya a ser que la nueva promesa se convierta en pura propaganda.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales instrumentos de confrontación política, mientras el Gobierno de España acusa a las comunidades autónomas de construir poco, estas culpan al Estado, de bloquear operaciones o de mantener precios elevados en los activos de la SAREB, mientras que ciudadanos continúan esperando.

Bajo mi punto de vista la cuestión central continúa sin respuesta, si la SAREB transfiere definitivamente sus activos a las administraciones públicas, ¿quién va a garantizar que las comunidades autónomas van a ser capaces de convertirlos rápidamente en viviendas asequibles? el desafío no consiste únicamente en comprar viviendas o solares, el desafío es terminarlos, adjudicarlos, mantenerlos y garantizar que cumplan la función social para la que se justificó su adquisición. 

Cantabria crea empleo, pero sigue pendiente la asignatura de la estabilidad laboral

El pasado mes de julio, Cantabria lideró el crecimiento del empleo en España. Sin embargo, este avance vuelve a responder a patrones ya conocidos que los sindicatos llevan tiempo señalando, un crecimiento estrechamente vinculado a la estacionalidad, concentrado en unos pocos sectores y con una tasa de contratación indefinida claramente inferior a la media nacional.

Los datos son a primera vista, positivos. En julio se registraron 5.795 nuevos afiliados a la Seguridad Social, que han supuesto un aumento del 2,39% respecto al mes anterior y una cobertura por desempleo del 71,5%, además, de mantener una evolución favorable en términos interanuales, reflejando la capacidad de la economía regional en la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en el sector servicios.

Sin embargo, una lectura más detallada de las cifras pone de manifiesto importantes debilidades estructurales. La contratación indefinida apenas representa el 26% de los contratos firmados en Cantabria, muy lejos del 40% registrado a nivel nacional, diferencia que evidencia una mayor dependencia de la temporalidad y una menor estabilidad laboral para miles de trabajadores.

A ello se suma una cobertura por desempleo que, aunque ha mejorado, sigue dejando fuera a casi tres de cada diez personas en paro, un porcentaje que refleja las dificultades que todavía existen, para garantizar una protección social suficiente a quienes pierden su empleo.

Cantabria fue, junto con Andalucía y Extremadura, una de las comunidades donde más descendió el paro registrado durante julio. La incorporación de 5.795 nuevos afiliados a la Seguridad Social ha permitido superar ampliamente la media nacional de crecimiento del empleo, sin embargo, la cuestión clave no es solo cuántos empleos se crean, sino qué tipo de empleo se está generando.

La respuesta se encuentra en la propia composición de la afiliación. De las nuevas altas registradas en julio, cerca de 2.900 procedieron de la hostelería y alrededor de 1.600 del comercio. Entre ambos sectores concentraron más del 80% del crecimiento mensual del empleo, consiguiendo compensar los 1.700 trabajadores del sector educativo que cada año se incorporan al desempleo, mientras que el resto de las actividades económicas registraron aumentos mucho más modestos.

Es evidente que julio fue un buen mes para el empleo en términos cuantitativos, sin embargo, también es cierto que la contratación indefinida descendió cerca de un 4% respecto a junio, mientras que los contratos temporales crecieron por encima del 7% y todo ello con apenas un 26% de contratos indefinidos, situando a la región trece puntos por debajo de la media nacional.

Las estimaciones de CaixaBank Research apuntan precisamente a la necesidad de analizar estos datos con prudencia. Tener menos paro no significa necesariamente crear más empleo de calidad, la mejora del mercado laboral durante los meses de verano está estrechamente vinculada a la actividad turística y al consumo, mientras persisten problemas de fondo relacionados con la debilidad industrial de la comunidad autónoma.

Las previsiones económicas sitúan el crecimiento de Cantabria en torno al 2% para 2026, y ello condicionado por la insuficiente inversión y por la pérdida de dinamismo industrial frente a otras comunidades. El turismo, comercio y construcción pueden sostener parte de la actividad económica, pero difícilmente podrán compensar por sí solos la falta de un tejido productivo más diversificado y competitivo.

Desde el ámbito sindical también se pone el foco en la calidad del empleo y en la protección social. UGT recuerda que la cobertura por desempleo en Cantabria se sitúa casi nueve puntos por debajo de la media nacional, lo que supone que más de 9.400 trabajadores en la región no estén recibiendo ninguna prestación.

Que Cantabria haya liderado la creación de empleo en España durante el mes de julio es, sin duda, una noticia positiva. Hay más personas trabajando y menos desempleados que hace un mes. Sin embargo, también conviene preguntarse qué empleo se está creando y cuál será su continuidad una vez finalice la temporada alta.

Por lo tanto, la realidad tiene dos caras, se crea empleo, pero gran parte de ese empleo sigue siendo estacional, dependiente del turismo y de actividades vinculadas al verano. El verdadero desafío para Cantabria no es únicamente crear más puestos de trabajo, sino generar empleo estable, cualificado y con derechos, capaz de sostener el crecimiento económico durante todo el año y no solo durante unos meses. 

Piquio, la inauguración no cierra el debate, lo abre

La reapertura de los Jardines de Piquio pretendía ser una fotografía de éxito para el Ayuntamiento de Santander. Una obra terminada, una imagen renovada y un mensaje político sencillo, recuperar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad respetando su esencia.

Sin embargo, apenas unas horas después de la inauguración, quedó claro que el debate seguía abierto, la ausencia de la histórica proa cerámica ha terminado convirtiéndose en el verdadero símbolo de la rehabilitación.

La alcaldesa defendió durante la presentación que los nuevos jardines serían "más nuevos, pero iguales", cuando la realidad es que una parte importante de la ciudadanía no percibe esa continuidad al desaparecer la proa, uno de los elementos más reconocibles del jardín, lo que hace muy difícil sostener que todo sigue igual.

El problema ya no es urbanístico, ni técnico, es político. La cuestión no es si existían informes que aconsejaban la retirada de la proa, la cuestión es quién tomó la decisión definitiva y por qué motivo se consideró que el valor histórico, sentimental y simbólico acumulado durante décadas era secundario frente a una interpretación estricta del proyecto original de 1925.

La política democrática exige asumir las decisiones propias, sin  embargo, cada vez es más frecuente observar una tendencia preocupante, la de convertir los informes técnicos en escudos políticos, presentando una decisión como inevitable porque lo “hayan dicho los técnicos”, cuando en realidad los técnicos asesoran y los gobiernos deciden.

Y precisamente por eso la polémica de Piquio trasciende la desaparición de una estructura cerámica. Lo que muchos ciudadanos perciben es una forma de gobernar donde las decisiones se adoptan desde los despachos y se comunican como hechos consumados.

Resulta especialmente llamativo que el Ayuntamiento promoviera procesos participativos para cuestiones menores de la remodelación y, sin embargo, no impulsara un debate ciudadano sobre la desaparición de uno de los elementos más identificables del parque. Se pidió opinión para elegir detalles estéticos, pero no para decidir sobre un símbolo que formaba parte de la memoria colectiva de Santander.

La reacción ciudadana posterior a la inauguración demuestra que la cuestión no era anecdótica. Las redes sociales, los comentarios vecinales y las comparaciones fotográficas han puesto de manifiesto que la proa formaba parte del imaginario sentimental de la ciudad. Quizá no aparecía en los planos originales, pero sí estaba presente en la memoria de varias generaciones.

Y una ciudad no se construye únicamente con proyectos y expedientes, lo hace también con recuerdos. La paradoja es evidente. La rehabilitación de Piquio perseguía recuperar la identidad histórica del lugar y ha terminado generando un debate sobre la pérdida de una parte de esa identidad. No porque desaparezca un elemento arquitectónico de gran valor artístico, sino porque desaparece un símbolo que los ciudadanos habían incorporado como propio.

Por eso la inauguración no ha cerrado la discusión, al contrario, ha puesto sobre la mesa preguntas que el Ayuntamiento sigue sin responder: ¿era imposible restaurar la proa?, ¿se estudiaron alternativas?, ¿se valoró el impacto emocional de su desaparición?, ¿por qué no se consultó a los vecinos? Son preguntas legítimas en una democracia local.

Porque el verdadero patrimonio de una ciudad no son únicamente sus piedras, sus planos o sus documentos históricos, también lo son los símbolos que la ciudadanía reconoce como parte de su historia.

La proa de Piquio ya no está, lo que queda por saber es si el Ayuntamiento ha comprendido por qué tantos santanderinos siguen hablando de ella después de la inauguración.

Tome buena nota la alcaldesa Gema Igual. Cuando una administración deja de escuchar a la ciudad real para escuchar únicamente a los expedientes, corre el riesgo de perder algo más importante que un elemento ornamental, la confianza de los ciudadanos. 

La hora de las federaciones, reconstruir USO Cantabria antes de que sea demasiado tarde

 

Los sindicatos no se debilitan únicamente cuando pierden afiliación o representación, también lo hacen cuando la desconfianza sustituye al diálogo, la confrontación reemplaza al debate y los conflictos internos acaban ocupando más espacio que la defensa de los trabajadores.

Ese es el riesgo que afronta hoy USO Cantabria. Lo que está en juego no es un simple conflicto entre dirigentes, sino el modelo de organización que quiere construirse para los próximos años. La cuestión de fondo es si el sindicato será capaz de recuperar la cohesión necesaria para seguir siendo una organización útil, independiente y cercana a los trabajadores.

Durante los últimos meses se han sucedido conflictos internos, expedientes disciplinarios y un progresivo distanciamiento entre la dirección regional y una parte importante de la estructura sindical. Todo ello ha generado un desgaste que trasciende a las personas y termina afectando a la credibilidad de la organización.

Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Los trabajadores continúan enfrentándose a la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad, la transformación industrial y la incertidumbre económica, son esos problemas los que deberían ocupar el centro de la acción sindical.

La experiencia demuestra que ninguna organización se fortalece desde la exclusión, la cohesión no nace de imponer mayorías, sino de integrar sensibilidades, respetar la pluralidad y favorecer el diálogo, cuando un sindicato dedica más esfuerzos a gestionar sus conflictos internos que a defender a los trabajadores, pierde parte de la confianza que justifica su existencia.

Por eso ha llegado la hora de las federaciones profesionales. Son ellas quienes sostienen el sindicato cada día, negocian convenios, concurren a las elecciones sindicales y mantienen el contacto permanente con los centros de trabajo. Su legitimidad nace de esa realidad y de la confianza que depositan en ellas miles de trabajadores.

Las federaciones deben asumir ahora un papel de liderazgo para impulsar un gran acuerdo de reconstrucción sindical que permita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, la participación, el respeto a la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia interna.

Pero ese proceso exige también afrontar las heridas abiertas durante los últimos tiempos, resulta difícil hablar de integración mientras continúen abiertos procedimientos que afectan a dirigentes de la Federación de Industria y que, con independencia de su tramitación estatutaria, se han convertido en uno de los principales símbolos de la fractura interna.

Recuperar la normalidad no significa cuestionar las normas ni interferir en los procedimientos internos, significa comprender que ninguna reconstrucción será posible sin voluntad de diálogo, sin capacidad para rebajar la confrontación y sin el propósito de reincorporar al proyecto común a quienes pueden seguir aportando experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo.

El próximo Congreso Regional representa una oportunidad que no debería desaprovecharse, no puede convertirse en un ajuste de cuentas interno ni en la proclamación de vencedores y vencidos, debe ser el inicio de una nueva etapa en la que el interés colectivo vuelva a situarse por encima de las diferencias personales.

La afiliación espera responsabilidad, los delegados reclaman liderazgo, y los trabajadores necesitan un sindicato plenamente concentrado en defender sus derechos, no en prolongar conflictos internos que solo debilitan a la organización.

Todavía existe margen para cambiar el rumbo, todavía es posible construir un pacto amplio que devuelva la estabilidad y la confianza a USO Cantabria. Un pacto que tenga como pilares la integración, la transparencia, la participación democrática y la recuperación de la normalidad interna.

La historia de USO Cantabria demuestra que sus mejores etapas coincidieron con la unidad de sus estructuras, el respeto entre sus dirigentes y la capacidad de anteponer el interés general a cualquier diferencia.

Las federaciones tienen hoy una responsabilidad que trasciende sus propias organizaciones. Si asumen ese liderazgo, podrán impulsar la reconstrucción del sindicato desde el consenso y la participación. Si renuncian a hacerlo, otros decidirán el futuro de una organización que siempre encontró su fortaleza en la pluralidad y en la unidad de acción.

La historia no recordará quién ganó un expediente, quién impuso una mayoría o quién ocupó un cargo durante unos años, recordará quién fue capaz de preservar un sindicato útil para los trabajadores de Cantabria.

Ha llegado la hora de las federaciones. Ha llegado la hora de reconstruir USO Cantabria antes de que sea demasiado tarde.

Los jardines de Piquio sin proa, la reforma que borra la identidad de un lugar

Los Jardines de Piquio están a punto de abrir sus puertas después de años de obras, retrasos, sobrecostes y una interminable sucesión de anuncios institucionales. El Ayuntamiento de Santander ha puesto el acento en la recuperación de barandillas, pavimentos, pérgolas, fuentes y elementos históricos como la Bola del Mundo o la mesa circular de piedra. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta y que muchos santanderinos comienzan a hacerse: ¿dónde está la histórica Proa de Piquio?

Durante décadas, aquella singular pieza cerámica formó parte de la identidad visual de uno de los lugares más emblemáticos de Santander, era un elemento perfectamente reconocible para generaciones de vecinos y visitantes, sin embargo, con la reapertura de los jardines, la proa ha desaparecido sin que exista explicación pública alguna sobre su paradero.

Lo más llamativo es que el Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de los Jardines de Piquio y su entorno, redactado en marzo de 2022 por dos ingenieros, entre ellos el Ingeniero Civil del Servicio de Vialidad, no contemplaba ninguna retirada definitiva de este elemento patrimonial, que contaba con un presupuesto de 1.742.642,48 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La realidad, una vez más, ha sido muy distinta. El coste definitivo de la remodelación se sitúa en torno a los 2,61 millones de euros, según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento al finalizar las obras en julio de 2026, cifra que supone un incremento cercano al 92% respecto al presupuesto de adjudicación de 2024, fijado entonces en 1.360.128 euros.

Y aquí es donde surgen las dudas razonables. He revisado la información pública disponible sobre las obras y la reapertura de Piquio, los comunicados municipales que detallan con precisión actuaciones sobre muros, barandillas ornamentales, fuentes, pavimentos, pórticos, vigas de pérgolas y otros elementos históricos recuperados, sin que aparezca ni una sola referencia pública que explique lo qué ha ocurrido con la Proa de Piquio, dónde se encuentra actualmente o si existe intención de reinstalarla.

Resulta sorprendente que se informe hasta del pintado de los faldones inferiores de las barandillas perimetrales y, sin embargo, nada se diga sobre un elemento tan característico y simbólico para la ciudad.

Por ello, sería conveniente que los grupos de la oposición municipal revisaran con detalle la documentación de la obra, cruzando el proyecto inicial con la justificación final de los gastos. Porque hasta la fecha, las explicaciones conocidas sobre el incremento presupuestario no dejan de ser una enumeración genérica de trabajos que, en gran medida, ya figuraban recogidos y valorados en el proyecto original.

Los santanderinos tienen derecho a saber qué ha pasado con cada euro invertido y también con cada elemento patrimonial que formaba parte de este espacio público.

Salvo que algún listo - y no sería la primera vez que ocurre algo parecido en esta ciudad - haya decidido apropiarse de lo que pertenece a todos, la alcaldesa Gema Igual debería aclarar de inmediato cuál es la situación de la Proa de Piquio.

Si la pieza está siendo restaurada, explíquese públicamente. Si se encuentra almacenada, dígase dónde y en qué condiciones. Y si se ha tomado la decisión de no reinstalarla, la ciudadanía merece conocer los motivos de una decisión que afecta directamente al patrimonio urbano de Santander.

Porque no estamos hablando simplemente de un elemento decorativo, estamos hablando de una parte de la memoria sentimental de la ciudad, de un símbolo que ha acompañado durante décadas a quienes han paseado por Piquio, han contemplado desde allí el Sardinero y sus playas o simplemente han crecido identificando aquel rincón con una imagen singular e irrepetible.

La Proa de Piquio no pertenece a ningún gobierno municipal, pertenece a la memoria colectiva de Santander, y precisamente por eso, los santanderinos tienen derecho a saber dónde está.

CEOE Cantabria pone bajo sospecha a los trabajadores enfermos

 

La campaña lanzada por CEOE-CEPYME Cantabria bajo el lema "Mientras unos no están, otros esperan" pretende presentarse como una iniciativa contra el absentismo laboral. Sin embargo, detrás de esa aparente preocupación por la productividad se esconde una estrategia mucho más preocupante, trasladar a la opinión pública la idea de que buena parte de los problemas que sufren empresas, usuarios y servicios tienen su origen en los trabajadores que no acuden a sus puestos de trabajo.

Y esa afirmación es, sencillamente, falsa. La patronal cántabra ha intentado matizar posteriormente que su campaña se dirige únicamente contra el absentismo injustificado y que no cuestiona las bajas médicas. Pero el problema no está en las explicaciones posteriores, sino en el mensaje que recibe la ciudadanía.

Cuando se difunden eslóganes como "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca", "Esperar una hora a que te traigan el segundo plato" o "Que tu abuela no reciba la medicación a su hora", la conclusión que se induce es evidente, si los servicios fallan es porque los trabajadores no están trabajando.

Se trata de una simplificación interesada que evita analizar las verdaderas causas de muchos de los problemas que afectan al mercado laboral y a la actividad económica, entre otros la falta de personal que existe en numerosos sectores, de las plantillas ajustadas al límite, las cargas excesivas de trabajo, la precariedad laboral, la insuficiente inversión en prevención de riesgos laborales o de los accidentes de trabajo y tampoco del deterioro de la sanidad pública, provocadora de las listas de espera que retrasan diagnósticos y tratamientos, y mucho menos de determinadas decisiones empresariales que priorizan la reducción de costes sobre la calidad del empleo o la adecuada organización de los recursos humanos.

La campaña parte además de una confusión deliberada entre dos realidades completamente distintas. El absentismo injustificado que constituye una infracción laboral que las empresas pueden sancionar, y las bajas médicas, que son situaciones reconocidas por profesionales sanitarios, amparadas por la Seguridad Social y protegidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cuando se instala en el debate público la idea de que el absentismo es uno de los grandes problemas de la economía, inevitablemente se proyecta una sombra de sospecha sobre quienes se encuentran de baja médica. Porque la mayoría de la ciudadanía no distingue siempre entre una ausencia injustificada y una incapacidad temporal reconocida por un médico.

Y es precisamente ahí donde reside el verdadero problema de esta campaña, en la de buscar culpables sencillos para problemas complejos, aunque para ello se tengan que estigmatizar a las personas enfermas, y con ello a los profesionales sanitarios que valoran la enfermedad causa de la baja, porque, la idea que esconde esta campaña es la de presionar al trabajador para que vaya a trabajar incluso cuando no se esté en condiciones físicas o psicológicas de hacerlo.

Y eso supone un evidente retroceso social, por el que las organizaciones sindicales, han tenido que reaccionar con contundencia, lo que está en juego no es únicamente una campaña publicitaria, lo que está en juego es la defensa de un principio básico, el derecho de los trabajadores a proteger su salud sin ser señaladas ni convertidas en sospechosas.

Si Enrique Conde presidente de la patronal en Cantabria, quiere debatir seriamente sobre el absentismo injustificado, seguro encontrará interlocutores sindicales entre otros dispuestos a hacerlo, pero lo que no puede hacer es el uso de una campaña publicitaria como coartada para trasladar a los cántabros la idea de que las bajas médicas son parte del problema. La enfermedad no es absentismo, ni fraude y mucho menos los trabajadores enfermos, responsables de los problemas estructurales de la economía cántabra.

España arde, se inunda y la política sigue mirando hacia otro lado.

Mientras España vuelve a enfrentarse a incendios forestales de enorme magnitud en Madrid, Ávila y otras comunidades, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones masivas, pueblos confinados y la declaración de situaciones de emergencia extraordinaria, la política continúa atrapada en un debate tan estéril como irresponsable.

Hace apenas unos meses fueron las inundaciones de Valencia las que dejaron decenas de víctimas, miles de damnificados y pérdidas multimillonarias. Hoy son los incendios los que obligan a movilizar a centenares de efectivos de emergencias para evitar nuevas tragedias. Mañana será una sequía extrema, una ola de calor o una nueva riada. Lo único seguro es que volverá a ocurrir.

Sin embargo, cada vez que una catástrofe golpea España, el debate público se divide en dos trincheras. Por un lado, quienes explican cualquier desastre exclusivamente a través del cambio climático, y por otro, quienes reducen todo a una cuestión de gestión política, mientras que el Partido Popular intenta navegar entre los compromisos climáticos europeos y la presión de quienes cuestionan las políticas ambientales, sin terminar de definir una posición clara.

La realidad es mucho más compleja. El cambio climático constituye un factor determinante en el incremento de muchos riesgos naturales y cada vez resulta más difícil ignorar las evidencias científicas. Pero también influyen el abandono del medio rural, la acumulación de combustible forestal, la ocupación de zonas inundables, la falta de mantenimiento de cauces, la escasa gestión de los montes, infraestructuras envejecidas y una coordinación administrativa que continúa mostrando importantes deficiencias.

El problema es que España sigue abordando cada desastre como un episodio aislado. Se actúa cuando llega la emergencia, se buscan responsables durante unas semanas y, una vez desaparecen las cámaras, todo vuelve a la normalidad hasta la siguiente tragedia.

Lo verdaderamente preocupante es que el cambio climático ya no puede contemplarse como una hipótesis futura. Sus efectos están presentes y seguirán intensificándose si no se adoptan medidas globales capaces de reducir sus impactos. Pero incluso aceptando esta realidad, existe una cuestión igual de urgente, preparar al país para convivir con fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Por ello resulta imprescindible abrir un gran debate nacional que desemboque en una auténtica Ley Integral de Emergencias Naturales. Una norma que unifique criterios defina competencias, refuerce la coordinación entre administraciones, impulse sistemas de alerta temprana, fomente inversiones en infraestructuras resilientes y convierta la prevención en una verdadera política de Estado.

Lo que falta no son profesionales. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en protección civil, emergencias, meteorología y gestión ambiental de Europa. Lo que falta es voluntad política para construir un marco legal estable, coherente y permanente que permita actuar antes de que se produzcan las tragedias y no únicamente cuando ya es demasiado tarde.

Los incendios de Madrid y Ávila, las inundaciones de Valencia y tantas otras catástrofes recientes deberían servir como una llamada de atención definitiva. No podemos seguir instalados en el enfrentamiento ideológico mientras el territorio se vuelve más vulnerable y los ciudadanos asumen las consecuencias.

Las emergencias naturales no distinguen entre votantes de izquierdas o de derechas. Tampoco deberían hacerlo las soluciones. España necesita abandonar el ruido político y comenzar a construir una estrategia nacional basada en la prevención, la planificación y la resiliencia. Porque mientras los partidos discuten quién tiene la culpa, los bosques siguen ardiendo, los pueblos siguen inundándose y los ciudadanos continúan pagando el precio de la inacción. 

Santander y la Semana Grande de los problemas, una ciudad que se llena de vallas, ruido y abandono

 

Santander vive estos días su momento de mayor proyección turística. Miles de visitantes llenan hoteles, playas, terrazas y espacios festivos. Sin embargo, la imagen que ofrece la ciudad durante este verano está muy lejos de la excelencia que debería caracterizar a la capital de Cantabria.

Lo que los santanderinos contemplan cada día es una ciudad marcada por las vallas, las obras interminables, los espacios cerrados y una preocupante sensación de deterioro urbano.

Los Jardines de Piquío, uno de los símbolos más reconocibles de Santander, han acumulado sucesivos retrasos que han impedido su disfrute durante buena parte de la temporada turística. Lo que debía ser una actuación de mejora se ha convertido en un ejemplo de cómo una obra puede eternizarse y privar a vecinos y visitantes de uno de los enclaves más emblemáticos del Sardinero.

A ello se suma el cierre de la Plaza de Pombo, corazón histórico y social de la ciudad. El precinto de este espacio, motivado por los problemas estructurales detectados en el aparcamiento subterráneo, ha transformado uno de los lugares más representativos del centro en una gran zona vallada. Las previsiones municipales apuntan incluso a que las obras podrían prolongarse durante muchos meses, afectando a residentes, comercios y visitantes.

Pero los problemas no terminan ahí. En Puertochico, Castelar y otros espacios céntricos proliferan vallados, restricciones y actuaciones provisionales que trasladan una imagen de ciudad en obras permanentes. Santander parece haberse acostumbrado a convivir con cierres, precintos y limitaciones en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Mientras tanto, numerosos vecinos denuncian una limpieza insuficiente en determinadas zonas, especialmente tras los eventos multitudinarios de la Semana Grande. Papeleras desbordadas, restos de botellones, suciedad acumulada y basura dispersa por calles y jardines generan una imagen impropia de una ciudad que aspira a ser referencia turística del norte de España.

La convivencia vecinal tampoco atraviesa su mejor momento. El ruido nocturno, la concentración de actividades festivas y la falta de control efectivo sobre determinadas conductas incívicas provocan cada verano un aumento de las quejas de los residentes. Las fiestas son necesarias, pero no pueden convertirse en una excusa para ignorar el derecho al descanso de quienes viven en la ciudad durante todo el año.

A estas dificultades se añaden las tensiones existentes en la Policía Local. Los conflictos laborales y la falta de acuerdo con los agentes han generado preocupación sobre la capacidad operativa del servicio en una de las épocas de mayor actividad y afluencia de personas. Aunque el Ayuntamiento asegura que la seguridad está garantizada, la existencia misma del conflicto evidencia problemas de gestión que deberían haberse resuelto mucho antes del inicio de las fiestas.

La sensación que queda es preocupante. Santander dispone de un entorno privilegiado, una oferta turística de primer nivel y una Semana Grande consolidada. Sin embargo, la acumulación de retrasos, cierres, problemas de mantenimiento, suciedad, ruido y conflictos de gestión está deteriorando la percepción de muchos ciudadanos.

La ciudad no necesita más campañas de promoción. Necesita una gestión más eficaz de los espacios públicos, una planificación rigurosa de las obras, una mejora visible de la limpieza y una apuesta decidida por la convivencia vecinal.

Porque cuando los jardines más emblemáticos permanecen cerrados, cuando la plaza más representativa aparece vallada, cuando la basura se acumula tras las celebraciones y cuando los vecinos perciben que sus problemas cotidianos no encuentran respuesta, el balance de una corporación municipal no puede calificarse de satisfactorio.

La Semana Grande debería ser el escaparate de la mejor Santander. Hoy, para muchos santanderinos, se está convirtiendo en el reflejo de sus carencias.

El Emboque de Oro en el alambre, cuando los méritos dejan de importar

 

Actualización 17/07/2026: Habiendo aparecido recientemente en los medios de comunicación noticias relativas a uno de nuestros galardonados, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se describen en ellas, la Casa de Cantabria en Madrid, de forma preventiva, no entregará el Emboque de Oro el día 13 de agosto al Teniente General Luis Antonio del Castillo en el acto que tendrá lugar en el Gran Casino Sardinero de Santander, como anteriormente se había informado.

Pues ahora resulta que Luis del Castillo ya no tiene arraigo en Cantabria. Tampoco cuenta su infancia en Santander, donde residió desde los dos años, ni parece importar que ejerciera como coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria entre 2016 y 2022. Mucho menos que alcanzara el empleo de teniente general o que fuera designado para dirigir el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución.

Todos esos méritos sirvieron para concederle el Emboque de Oro. Hoy, sin embargo, parecen haber desaparecido de un plumazo.

Basta una polémica interna entre guardias civiles, para que la Casa de Cantabria de Madrid haya decidido – según el Diario Montañés - retirarle de forma preventiva una distinción que le fue otorgada precisamente por su trayectoria personal y profesional. Y, para completar la operación, la decisión se haya aireado públicamente con una rapidez que contrasta con la prudencia que debería exigirse cuando todavía existen numerosas incógnitas sobre lo sucedido.

Lo más sorprendente es que nadie parece preguntarse si los méritos que justificaron el premio han cambiado. Porque si siguen siendo los mismos, la cuestión no es Luis del Castillo, sino la consistencia de quienes conceden y retiran reconocimientos según sopla el viento.

En el origen de esta historia aparece una controversia relacionada con el cumplimiento de órdenes y la asistencia a un acto institucional. Una discrepancia que algunos han transformado rápidamente en un conflicto político y mediático. Como tantas veces ocurre, antes de que se conozcan todos los detalles ya se han dictado sentencias en tertulias, despachos y redacciones.

Mientras tanto, la Casa de Cantabria en Madrid, guarda una explicación que sigue sin convencer, la de si existen razones objetivas y suficientemente graves para retirar el galardón.

Pero si la decisión responde a presiones, intereses particulares o al deseo de evitar incomodidades, entonces quien queda en entredicho no es el galardonado, sino la propia institución que concede el premio.

Porque los reconocimientos tienen valor cuando distinguen trayectorias y méritos. Cuando se utilizan para contentar a unos o castigar a otros, dejan de ser reconocimientos y se convierten en simples herramientas de conveniencia.

La Casa de Cantabria haría bien en aclarar qué ha cambiado exactamente. Porque si los méritos de Luis del Castillo siguen siendo los mismos que el día en que recibió el Emboque de Oro, la retirada preventiva no degrada al premiado. Degrada al premio.

Y un premio que pierde credibilidad acaba convirtiéndose en poco más que una pieza decorativa sin prestigio ni representatividad.

Regularizar extranjeros para crecer también en Cantabria, no para dividir

La información publicada por El Diario Montañés sobre las 8.767 solicitudes de regularización presentadas en Cantabria debería servir para abrir un debate serio y alejado de los tópicos. Hablamos de una cifra importante para una comunidad de poco más de 590.000 habitantes, marcada desde hace años por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Los datos muestran que la mayoría de los solicitantes son personas jóvenes, en edad de trabajar, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres y con niveles formativos nada despreciables: cerca del 70% cuenta con estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios.

Desde una perspectiva sindical, la conclusión es evidente. Cantabria necesita trabajadores. Sectores como la hostelería, los cuidados, la construcción, la industria o el transporte llevan tiempo denunciando dificultades para cubrir puestos de trabajo. La incorporación de estas personas supone más empleo, más cotizaciones a la Seguridad Social, más recursos para sostener las pensiones y los servicios públicos y menos espacio para la economía sumergida.

Estamos hablando además de una importante aportación de capital humano. Jóvenes formados que pueden contribuir al crecimiento económico de la región y ayudar a afrontar uno de nuestros principales problemas: la falta de relevo generacional.

Sin embargo, mientras la realidad económica y demográfica apunta en una dirección, parte del debate político sigue instalada en la demagogia. El PP justifica las regularizaciones porque estas personas ya viven y trabajan aquí, pero evita hablar de solidaridad, integración y derechos humanos. Vox, por su parte, insiste en los discursos de expulsión y rechazo, ignorando la realidad de un mercado laboral que necesita trabajadores y de una sociedad que necesita población joven.

Resulta paradójico que en una tierra de emigrantes como Cantabria algunos pretendan negar hoy a otros las oportunidades que miles de españoles buscaron durante décadas fuera de nuestras fronteras.

La regularización no es solo una cuestión administrativa. Es una cuestión de justicia social, pero también de sentido común. Quienes alimentan el miedo deberían observar los datos, Cantabria gana trabajadores, gana cotizantes, gana talento y gana futuro.

Por mucho que algunos se empeñen en convertir la inmigración en un problema, la realidad demuestra que una inmigración regulada e integrada forma parte de la solución.