Lo que León XIV dijo en las Cortes, y merece la pena escuchar

 La intervención del Papa León XIV en las Cortes Generales ha dejado mensajes que trascienden el ámbito religioso y se adentran de lleno en el terreno de la reflexión política, social y humana. Más allá de las opiniones que pueda suscitar su presencia en el Parlamento, resulta difícil negar la relevancia de algunas de las cuestiones planteadas.

 El primero, y probablemente el más importante de todos, fue la defensa de la dignidad de la persona como fundamento de toda acción política. En un momento en que con frecuencia predominan los intereses económicos, las estrategias partidistas o los cálculos electorales, León XIV les recordó a sus señorías que la política solo encuentra su sentido cuando se pone al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables.

 Otra de las reflexiones más destacadas fue el llamamiento al diálogo y a la superación de la polarización. En una sociedad cada vez más dividida, en un clima político marcado por la confrontación permanente, la apelación al respeto, al encuentro y a la búsqueda del bien común adquiere una relevancia especial siempre dentro del respeto democrático a la pluralidad de ideas.

 Pero la cita más esperada resonó en el hemiciclo con voz poderosa, los migrantes. Personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la falta de oportunidades. Personas concretas, con historias, esperanzas y derechos que no pueden ser ignorados, y mucho menos reducidos a un dato estadístico situado al final de la lista de prioridades.

 Relevante fue también su defensa de la paz en un momento internacional especialmente complejo. Frente a la lógica de los bloques, la escalada de tensiones y el aumento del gasto militar, reivindicó la diplomacia, la cooperación y el diálogo como instrumentos imprescindibles para la convivencia entre los pueblos.

 Por último, León XIV puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Su mensaje fue claro: el progreso técnico solo será verdaderamente humano si va acompañado de principios éticos que garanticen el respeto a la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.

 En conjunto, su discurso dejó una idea de fondo que merece ser tenida en cuenta por creyentes y no creyentes por igual, una sociedad fuerte no es aquella que impone una única visión, sino la que es capaz de convivir en la diversidad, proteger a los más débiles y construir espacios de encuentro. Quizá ese haya sido, en última instancia, el mensaje más valioso de su intervención en las Cortes.

 

La conciencia obrera también defiende la historia de una comunidad

 Las recientes declaraciones del periodista Paco Gómez Nadal sobre las negociaciones del ERE de Nestlé, en su articulo “La Nestle nunca ha sido tu empresa” publicada en eldiario.es han abierto una discrepancia que considero necesario abordar. Desde el respeto a su opinión, considero que ese análisis carece de algunos matices esenciales y de una comprensión suficiente de la realidad social, laboral e histórica de territorios como el valle del Pisueña y de la relación que durante generaciones han mantenido miles de familias con la fábrica de La Penilla.

 Hace unos días, el periodista Paco Gómez Nadal publicaba en eldiario.es, un artículo sobre las negociaciones del ERE en Nestlé S.A., calificando la situación como un "drama" y llegando a definir como "enfermiza" la relación que muchos trabajadores y la mayoría de los sindicatos mantienen con la empresa. 

Se trata de una valoración que resulta excesivamente radical y, en cierta medida, arrogante. Especialmente cuando califica de ingenuos a quienes consideran la empresa como algo propio o cuando cuestiona la conciencia sindical y obrera de los trabajadores, concluyendo que solo "armados de conciencia de clase" pueden defenderse eficazmente sus derechos. 

La realidad demuestra precisamente que los trabajadores de Nestlé y sus representantes sindicales están defendiendo sus puestos de trabajo mediante movilizaciones, concentraciones y acciones colectivas. Están confrontando las decisiones de una dirección empresarial que parece considerar el despido colectivo como la solución más cómoda ante los desafíos de una reconversión técnica, productiva o económica.

Sin embargo, la defensa sindical de los derechos laborales no es incompatible con el respeto a los sentimientos y experiencias de quienes han dedicado décadas de su vida a una empresa. Especialmente entre los trabajadores de mayor antigüedad existe una fuerte vinculación emocional con la fábrica y con el entorno social y económico que se ha construido a su alrededor.

Durante décadas, la actividad industrial no solo generó empleo directo, también articuló la vida económica y social de toda una comarca. Los ganaderos suministraban la leche a la fábrica, los hijos sustituían a sus padres en los puestos de trabajo y la empresa colaboraba en el sostenimiento de numerosas actividades culturales, deportivas y sociales promovidas por los ayuntamientos de la zona, entre otros.

Ese arraigo ha generado un sentimiento de pertenencia e identificación con la empresa que algunos, desde una visión simplista, podrían comparar con una especie de "síndrome de Estocolmo", pero esa comparación resulta injusta. Lo que existe es el resultado de décadas de convivencia, de dependencia mutua y de construcción compartida de riqueza y bienestar, un sentimiento perfectamente comprensible y que merece respeto. 

Los trabajadores han demostrado precisamente esa implicación durante el conflicto actual. Su lucha no responde únicamente a la defensa de un salario o de unas condiciones laborales, también están defendiendo un modelo económico y social que ha proporcionado estabilidad y cohesión a generaciones enteras de familias.

Esta realidad no es exclusiva de Nestlé, ocurrió anteriormente en Sniace, en Nueva Montaña Quijano, Sidenor, en comarcas de los Valles Pasiegos, en el sector de la conserva y en tantas otras industrias que marcaron – y están marcando - la identidad y el desarrollo económico de sus comarcas.

Cuando una empresa se convierte durante décadas en la principal referencia económica y social de un territorio, resulta difícil aceptar que decisiones adoptadas en despachos de multinacionales, a cientos o miles de kilómetros del centro de trabajo, puedan poner en riesgo empleos, proyectos de vida y el futuro de toda una comunidad. 

Por eso, cuando se anuncian recortes de plantilla, cierres o procesos de deslocalización, la reacción de los trabajadores no puede interpretarse como una simple resistencia al cambio. Es la respuesta legítima de quienes ven amenazado no solo su empleo, sino también el tejido social y económico que ellos mismos han contribuido a construir con su esfuerzo, compromiso y trabajo durante décadas. 

La conciencia de clase no se mide por el grado de desapego hacia una empresa, se demuestra organizándose, movilizándose y defendiendo colectivamente los derechos laborales, y eso es exactamente lo que están haciendo hoy los trabajadores de Nestlé.

Las víctimas invisibles del nuevo Santander

 

Santander corre el riesgo de convertirse en una ciudad pensada más para quien la visita que para quien la vive. Mientras se habla de turismo, modernidad y proyección exterior, muchos vecinos se enfrentan a una realidad marcada por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de servicios, el deterioro de algunos barrios y una creciente sensación de inseguridad.

La expansión de las viviendas turísticas y la reducción del alquiler residencial están dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y trabajadores. Cada vez son más quienes destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o se ven obligados a abandonar la ciudad.

A ello se suman las quejas vecinales por la falta de atención en determinados barrios, el desgaste de los servicios públicos y la percepción de que muchas decisiones urbanísticas se toman sin suficiente participación ciudadana.

El problema no es el turismo en sí, sino la ausencia de un equilibrio que garantice que el desarrollo económico no se haga a costa de quienes sostienen la vida cotidiana de la ciudad.

La cuestión es sencilla: ¿queremos una Santander convertida en escaparate para visitantes e inversores o una ciudad que siga siendo habitable para sus vecinos? Porque una ciudad que expulsa poco a poco a quienes viven y trabajan en ella acaba perdiendo aquello que la hace única, su comunidad y su identidad

Cortiguera o la vergüenza cultural de Santander, cuando la iniciativa privada tapa el vacío público

 

Hay noticias que, más que celebrar, obligan a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí. El anuncio del delegado del Gobierno en Cantabria de que Okuda San Miguel impulsará la transformación del Palacete de Cortiguera en un centro cultural de referencia ha caído como un jarro de agua fría… pero no por el proyecto en sí, sino por lo que deja en evidencia.

Durante años, el Palacio de Cortiguera - propiedad del Ministerio del Interior - ha estado al alcance del Ayuntamiento de Santander. Bastaba voluntad política, capacidad de diálogo y una mínima ambición cultural para haberlo recuperado. No ha ocurrido. Y el resultado ha sido visible para cualquiera que haya pasado por la calle José Ramón López-Dóriga, abandono, deterioro y una imagen impropia de una ciudad que presume de vocación cultural.

Mientras tanto, los santanderinos hemos asistido con resignación a la degradación de un edificio singular en un entorno privilegiado, sin que el Ayuntamiento ni el Gobierno central hayan sido capaces de articular una solución, convirtiendo a Cortiguera en un símbolo incómodo, el de la inacción institucional.

Paradójicamente, ha tenido que ser una iniciativa vinculada al ámbito privado la que reactive el futuro del espacio. Una operación que, además, encaja con otras apuestas recientes como Faro Santander o el Centro Reina Sofía – Archivo Lafuente, impulsadas con entusiasmo por las administraciones locales y autonómicas, proyectos relevantes, sí, pero que comparten un patrón, el protagonismo de actores privados frente a la falta de una estrategia pública sólida.

A los responsables políticos de Cantabria se les llena la boca hablando de cultura, pero el relato se sostiene - en demasiadas ocasiones - sobre iniciativas ajenas, mientras que entre tanto, espacios como Cortiguera - quizá menos mediáticos, pero fundamentales para construir un tejido cultural amplio y diverso - se dejan morir lentamente. No es una excepción, es el síntoma de una política cultural que ha brillado más por su ausencia que por su planificación.

Ahora que surge una oportunidad real para devolver la vida a Cortiguera, conviene decirlo sin rodeos, no es el Ayuntamiento quien lidera el cambio, es quien llega tarde, y llegar tarde en cultura tiene un coste elevado, porque el tiempo perdido rara vez se recupera.

La posible implicación de Okuda no solo aporta visibilidad internacional, sino algo que ha faltado durante años, contemporaneidad, capacidad de conexión con nuevos públicos y una visión abierta del hecho cultural justo al contrario de la inercia que ha marcado la gestión municipal en este ámbito.

Por eso, la noticia es doble, por un lado, una buena noticia para Santander, la recuperación de un espacio olvidado y su transformación en un proyecto vivo, y por otra, un espejo incómodo para quienes han tenido la responsabilidad de evitar que Cortiguera llegara a este punto.

Quizá estemos ante la última oportunidad para corregir el rumbo, porque si algo deja claro este episodio es que el problema no era la falta de espacios, sino la falta de voluntad. Y si el Ayuntamiento no toma nota, volverá a confirmarse un modelo ya demasiado conocido, dejar pasar las oportunidades hasta que otros las convierten en realidad.

Huracán Tango, cuatro días de abrazos aprendizaje y pasión tanguera

 

La primera vez que acudía al encuentro de Huracán Tango en Peñíscola lo hacía con la curiosidad de quien busca compartir abrazos, música y aprendizaje en torno a una pasión común.

Hoy, después de cuatro días intensos de tango, regreso con el convencimiento de haber participado en uno de los encuentros más importantes y cuidados del panorama tanguero.

El decimotercer encuentro de Huracán Tango ha estado cargado de expectativas y emociones, especialmente por la presencia de Hermanos Macana y Giovanna Dan, figuras que han aportado al evento un extraordinario nivel artístico e internacional.

Los Hermanos Macana representan una referencia mundial del tango contemporáneo, bailarines, coreógrafos y maestros argentinos que han llevado el tango escenario y social a los teatros y festivales más prestigiosos del mundo, fusionando tradición, técnica y una interpretación moderna sin perder la esencia porteña. Su presencia en Peñíscola ha supuesto un verdadero privilegio para quienes amamos esta danza.

Con la milonga como especialidad, los asistentes hemos podido disfrutar además de un magnífico complemento formativo, gracias a las tres sesiones impartidas por los maestros, centradas especialmente en la milonga de traspié. Una enseñanza explicada e interpretada de manera cercana, accesible y pedagógica para todos los presentes, independientemente del nivel de cada bailarín. Esa capacidad de hacer sencillo lo complejo es, precisamente, una de las virtudes de los grandes maestros.

Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este importante encuentro, Elvira, Nati, Gloria y Marcel, este último integrante del grupo de musicalizadores, por habernos facilitado cuatro días de tango de altísimo nivel humano y artístico.

Deseo hacer una mención muy especial a Marcel Fabra, a quien tuve el honor de conocer en la Milonga de la Encina en Santander y con quien pude dialogar sobre sus iniciativas musicalizadoras y su manera de entender la animación de las milongas.

Marcel cuida la pista de baile con sensibilidad y conocimiento, construyendo tandas que recorren los tangos clásicos desde la guardia vieja de los años cuarenta hasta la guardia nueva, sin renunciar tampoco a los tangos actuales. Una visión musical abierta, elegante y profundamente respetuosa con quienes bailan.

Muchas gracias por vuestro aporte al mundo del tango. Estoy seguro de que no será la última vez que pase por Peñiscola, ni por el encuentro de Huracán Tango. Porque encuentros así no solo se disfrutan, también dejan huella.

Del debate al insulto, cuando la opinión deja de ser periodismo

 

Confieso que hacía tiempo que no leía a Federico Jiménez Losantos. Y, tras su último comentario del pasado 6 de mayo en El Mundo, probablemente vuelva a tomar distancia durante una buena temporada. No por discrepancia ideológica - que es mucha - sino por algo bastante más básico, la ausencia total de un mínimo respeto en la forma de argumentar.

 Me cuesta entender en qué momento el insulto pasó a convertirse en género periodístico. Lo que uno encuentra ya no es una crítica política - dura, si se quiere - sino una sucesión de descalificaciones, insinuaciones y expresiones de brocha gorda que poco o nada aportan al debate público.

 Cuando el lenguaje se llena de términos como “puterío”, “puteros” o similares, aplicados además de forma indiscriminada, lo que se degrada no es solo a quien va dirigido, sino al propio texto.

 El caso de Ábalos y Pedro Sánchez es paradigmático, más allá de las responsabilidades que puedan o no demostrarse - que para eso están los tribunales - lo que se ofrece no es análisis, sino una especie de relato construido a base de excesos verbales, donde todo parece valer.

 Se sugieren tramas, se trazan paralelismos y se reparten culpas con una ligereza que inquieta, sobre todo cuando no van acompañadas de pruebas.

 Tampoco ayuda la tendencia a generalizar, pasar de casos concretos a etiquetas que engloban a todo un partido político no solo simplifica la realidad, sino que la distorsiona deliberadamente, convirtiéndola, en recurso fácil, pero profundamente empobrecedor.

 Quizá lo más llamativo es esa contradicción constante, mientras se reivindican valores como la honradez o la dignidad, el propio discurso se desliza una y otra vez hacia el terreno de la descalificación personal. Y ahí es donde, al menos para mí, se rompe cualquier posibilidad de tomar en serio lo que se dice.

 No se trata de pedir suavidad ni corrección política, se trata, simplemente, de exigir un mínimo de rigor y respeto en el uso de la palabra. Porque cuando eso desaparece, lo que queda ya no es periodismo, ni siquiera opinión, es ruido, y de eso, sinceramente, ya vamos bastante sobrados.

Altamira, el gran campus tecnológico de Cantabria, entre la ambición y la incertidumbre.

 

El llamado Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos - y a la vez más cuestionados - del actual Gobierno de Cantabria. Presentado como un símbolo del salto de la región hacia la economía digital, hoy permanece atrapado en una fase administrativa sin avances visibles, envuelto en tensiones políticas y dependiente de decisiones externas clave.

 El proyecto fue anunciado con gran despliegue institucional por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la mayor inversión privada en la historia de Cantabria, estimada en 3.600 millones de euros, un plan que, de salir bien, afectara una superficie a repartir entre Piélagos y Villaescusa de 637.000 metros cuadrados.

 Su objetivo, posicionar a Cantabria en la primera división digital europea, aprovechando la conexión con infraestructuras como el cable submarino transatlántico, y con ello nuevos empleos de alta cualificación.

 El promotor principal es Stoneshield Capital, cofundado por Javier Ibáñez y Felipe Morenés, a través de su filial XDC Properties, encargada del desarrollo, según nos contó la presidenta Buruaga, que, por cierto, hasta la fecha guardan un escrupuloso silencio.

 El Ejecutivo autonómico, con muy buen criterio declaró Altamira como Proyecto Empresarial Estratégico y con ello, el inicio de la compra de terrenos - o eso se pensaba - para la tramitación urbanística mediante un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

 Sin embargo, este trámite, que estaba prevista su ejecución entre finales del 2025 y primeros del 2026 no se ha puesto en marcha, incluso la compra de terrenos se ha convertido en una mera opción de compra, lo que está provocando cierta inseguridad, entre los diputados regionales.

 El principal obstáculo, según ha comentado el diputado del PP Alejandro Liz no es urbanístico, sino energético, al requerir hasta 500 MW de potencia eléctrica, lo que obliga a reforzar la red de transporte eléctrico, una competencia que depende de decisiones estatales y de Red Eléctrica de España.

 EL debate político y presión parlamentaria, no se han hecho esperar, y el pasado 4 de mayo a pregunta del diputado Hernando del PRC se ha puesto en evidencia los retrasos y las dificultades, a las que, en sesión parlamentaria, el PP ha sido incapaz de responder, acudiendo a los tópicos de siempre  atribuyendo los retrasos al Gobierno central por no incluir el proyecto Altamira en la planificación de nuevos centros tecnológicos hasta 2030.

 Esta posición ha sido cuestionada por los grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox. que han exigido explicaciones más precisas, de hecho, han otorgado un plazo de dos meses al Ejecutivo regional para presentar avances tangibles y la documentación pendiente, tras constatar retrasos de más de seis meses en la primera fase.

 En esta situación, no cabe más, y siendo muy generosos, que calificar Altamira como una gran promesa en transición, y esto siempre que exista, el inversor privado, y se vayan dando pasos en el desarrollo administrativo, y aun asi, imprescindible se vaya pronunciando el delegado del gobierno.

 Porque después del debate parlamentario, mucho me temo que el Campus Altamira, a lo que más pueda llegar, para el gobierno regional, sea su rentabilidad como activo político en expectativa que como una infraestructura en construcción.

Cantabria, el mito del bienestar frente a la realidad de la pobreza laboral

 

Durante años se ha instalado en el discurso político e institucional la idea de que Cantabria es una comunidad con altos niveles de bienestar y pobreza relativamente baja. En parte, las estadísticas parecen respaldar ese relato, los indicadores AROPE sitúan la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en torno al 22 %, varios puntos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, limitar el análisis a esa comparación resulta engañoso. Hoy más de 120.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Cantabria, y alrededor del 42 % de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto revela una amplia franja de población que, sin estar bajo el umbral estadístico de pobreza, vive con una economía extremadamente ajustada.

El último informe de la Fundación FOESSA señala que más de 80.000 personas se encuentran ya en situación de exclusión social - cerca del 14 % de la población - y que esta cifra ha crecido un 30 % desde 2018.

La estructura económica regional tampoco ayuda. Cantabria presenta una renta media por hogar inferior a la media nacional y un modelo productivo muy dependiente del sector servicios, con empleos precarios, salarios bajos y alta temporalidad. De ahí una paradoja cada vez más visible, tener trabajo no siempre protege frente a la pobreza. Una parte importante de quienes viven en exclusión, trabajan o buscan empleo activamente.

La pobreza infantil alcanza ya a cerca de uno de cada cuatro menores, lo que condiciona las oportunidades de toda una generación, las mujeres presentan tasas de pobreza superiores, especialmente en hogares monoparentales o en empleos precarios, y el envejecimiento demográfico añade presión, muchas familias dependen de pensiones bajas que deben sostener a varios miembros del hogar.

A esto se suma el encarecimiento del alquiler de la vivienda, los suministros y el coste de vida en general, que reduce el margen económico de miles de hogares. Cada vez más familias viven en una economía de subsistencia donde cualquier imprevisto - una avería, un gasto sanitario, la pérdida de empleo - puede desencadenar una situación de pobreza.

El verdadero reto de Cantabria no puede limitarse a mantener indicadores ligeramente por debajo de la media. El desafío real es reducir la desigualdad, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría. Porque detrás de las cifras que hablan de bienestar existe otra realidad, la de miles de personas que trabajan, cotizan y sostienen la economía regional, pero siguen teniendo dificultades para vivir con dignidad.

Unidad Sindical para defender lo conquistado frente a Vox y el PP

 

Lo que hoy plantea Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León no es una simple diferencia ideológica. Es un proyecto estructurado de desmantelamiento del modelo laboral y sindical construido durante décadas de lucha democrática, y si el Partido Popular decide ser cómplice de este camino, la confrontación social será inevitable.

El esquema que impulsa Vox rompe de raíz con el papel de los sindicatos democráticos, pretendiendo sustituirlos por estructuras dóciles creadas a su medida, debilitando la representación real de los trabajadores. El objetivo es evidente, dejar al trabajador solo frente al poder empresarial, eliminando la fuerza colectiva que equilibra la relación laboral.

La ofensiva contra los convenios colectivos - sectoriales, autonómicos o estatales - busca precisamente ese objetivo la fragmentación de la clase trabajadora. Bajo el discurso de la “flexibilidad”, imponiendo un modelo donde cada empresa fije sus reglas, generando desigualdad y competencia entre trabajadores.

Abaratar el despido, reducir indemnizaciones, recortar cotizaciones empresariales y debilitar las prestaciones por desempleo forman parte del mismo paquete, el de trasladar el riesgo al trabajador a la vez que se vaya consolidando un mercado laboral basado en la inseguridad.

Y para ello se ataca al sindicalismo y su derecho de protesta, por ejemplo, recortando su financiación y cuestionando la concertación social, limitando el derecho de huelga y la protesta sindical, provocando un ataque directo a los instrumentos de defensa de los trabajadores.

Y es precisamente en el marco laboral y sindical, donde con mas crudeza, se pretende aplicar la propuesta de Vox, “prioridad nacional” que pretende fracturar a la clase trabajadora aplicando medidas insolidarias, regresivas y contraria a los principios fundamentales del derecho laboral.

Ante este escenario, no basta con resistir por separado, es imprescindible que el conjunto de los sindicatos democráticos abra un espacio real de diálogo entre ellos, superando diferencias y estrategias parciales, para avanzar hacia una unidad sindical efectiva.

Unidad que no sea solo declarativa, sino operativa, capaz de articular movilizaciones sostenidas, respuestas coordinadas, en la defensa común de los derechos laborales, porque frente a un proyecto organizado de regresión social, la división sindical es una debilidad que no nos podemos permitir.

Si el Partido Popular avanza junto a Vox en este modelo, el sindicalismo debe responder con firmeza, organizándose para movilización y confrontación democrática, porque lo que está en juego no es una reforma más, es el modelo de sociedad, y dignidad del trabajo.

Extremadura, el laboratorio de la desigualdad que amenaza con extenderse

 

La presidenta de Extremadura, ha vuelto a tragarse su correspondiente dosis de sapos para ser investida de nuevo gracias al pacto de gobierno entre el PP y Vox. Un acuerdo que no es un simple trámite institucional, sino un experimento político con vocación de réplica en otros territorios como Aragón  y Castilla y León, por tanto, ante un banco de pruebas donde se ensayan las bases de futuros pactos.

Entre los elementos más preocupantes destaca la llamada “prioridad nacional”, un concepto que pretende favorecer a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Este planteamiento introduce un cambio de paradigma político al abrir la puerta a criterios de preferencia por nacionalidad o arraigo en derechos que, hasta ahora, se han construido sobre principios de universalidad e igualdad.

Lo más llamativo es que esta idea ha sido cuidadosamente suavizada en la puesta en escena pública de Guardiola, pero no por ello pierde su carga de profundidad, al contrario, supone una confrontación directa con la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, donde el principio de igualdad ante la ley no es negociable. 

Ahora vendrán las justificaciones, los matices y los habituales dimes y diretes de que en política no todo acuerdo está para cumplirse, argumento que a estas alturas resulta irrelevante.

Lo verdaderamente peligroso no es si se ejecuta o no cada punto, sino el marco discursivo que se consolida, y que tensiona principios básicos, a la vez que normaliza la idea de que los derechos pueden ser condicionados.

El propio acuerdo, de hecho, deja entrever sus límites al remitirse constantemente al “marco legal vigente” y a las competencias restringidas de una comunidad autónoma. Sin embargo, eso no impide que se planteen restricciones en ayudas, endurecimiento de políticas migratorias o exclusión de determinados colectivos, medidas ya cuestionadas por su posible ilegalidad o invasión de competencias estatales.

El resultado es un escenario inquietante, gobiernos autonómicos impulsando iniciativas de dudosa constitucionalidad, abriendo conflictos institucionales con el Estado y la Unión Europea, y fomentando una judicialización constante de la acción política. Se corre así el riesgo de legislar no para gobernar, sino para provocar recursos y alimentar una estrategia de confrontación permanente.

Mientras tanto, en Aragón ya se mira este pacto como referencia directa en las negociaciones en curso. Y en Castilla y León, donde la experiencia de gobierno compartido entre PP y Vox ya es una realidad, el precedente extremeño puede endurecer aún más el marco ideológico, especialmente en materias sensibles como inmigración o políticas sociales.

Paso a paso, este modelo puede consolidarse hasta convertirse en norma. Lo que hoy se presenta como una concesión puntual podría transformarse mañana en una condición estructural de gobernabilidad para el liderazgo de Rajoy.

El precio de gobernar a cualquier coste plantea un dilema de fondo, ¿hasta dónde puede llegar un partido para asegurar el poder?. 

Hasta claro que cuando conceptos como la igualdad, la universalidad de los derechos o la neutralidad institucional se convierten en moneda de cambio, dejamos de estar ante una disputa política ordinaria para entrar en un terreno mucho más profundo y estructural. 

Por lo tanto Extremadura ya no es solo un gobierno, es un precedente y cuando además se cuestiona el papel de los sindicatos o se intenta limitar su capacidad de acción, la gravedad es aún mayor. No estamos ante una opinión política más, sino ante un ataque directo a la libertad sindical, protegida por la ley y por organismos internacionales.

Ante este escenario no cabe la equidistancia. El sindicalismo no puede limitarse a observar. Tiene la responsabilidad de confrontar, de denunciar y de movilizar. Porque cada retroceso que se normaliza —como el que hoy se ensaya en Extremadura— es un derecho que puede tardar décadas en recuperarse.

El Bocal tiene responsables con nombres y apellidos

 

Lo ocurrido en la pasarela de El Bocal, de Santander, ya no admite eufemismos. El informe pericial ha desmontado cualquier intento de presentar la tragedia como un accidente inevitable. No lo fue.

 Fue el resultado directo de la negligencia acumulada de varias administraciones públicas que, durante años, miraron hacia otro lado mientras una infraestructura se degradaba a ojos de cualquiera. 

 El dictamen técnico es demoledor: corrosión avanzada, materiales inadecuados para un entorno marino, ausencia de mantenimiento estructural y un diseño incapaz de resistir el fallo de un solo elemento. En otras palabras, una estructura condenada si nadie intervenía, y nadie intervino.

 Aquí es donde hay que dejar de hablar en abstracto y empezar a señalar responsabilidades concretas.

 La Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) no puede eludir su papel. Si la infraestructura estaba bajo su ámbito competencial - como ocurre en buena parte del litoral - su obligación era clara, inspeccionar, mantener o, en su defecto, cerrar. No hizo ni una cosa ni la otra.

 El Ayuntamiento de Santander, por su parte, tampoco puede esconderse, aunque no fuera titular directo, sí era la administración más cercana al ciudadano, conocedora del estado de la pasarela y responsable de velar por la seguridad en su municipio. La inacción, en este contexto, también es responsabilidad.

 El Gobierno de Cantabria tampoco queda al margen, su papel de supervisión, coordinación y garantía de la seguridad en infraestructuras públicas no puede reducirse a una presencia institucional tras la tragedia, porque la prevención es también una obligación política.

 Y junto a las administraciones, surge otra cuestión incómoda la de preguntarse ¿Dónde estaban los controles técnicos?.

La corrosión que describe el informe no aparece en semanas, sin ninguna duda, es el resultado de años de abandono. Años en los que nadie - o quienes debían hacerlo - decidieron mirar hacia donde no convenía.

 Lo más grave no es solo el fallo técnico. Es el fallo del sistema, un sistema en el que se inauguran infraestructuras, pero no se mantienen. En el que las competencias se fragmentan hasta diluir la responsabilidad, en el que nadie actúa… hasta que ocurre una tragedia.

 Y entonces, como siempre, llegan las declaraciones, los minutos de silencio y las promesas de investigación.

 Pero esta vez no debería bastar, porque el informe pericial es claro: ERA INEVITABLE, y cuando algo es evitable y aun así ocurre, deja de ser un accidente para convertirse en una responsabilidad.

 Ahora toca algo más que explicaciones, toca depurar responsabilidades hasta el final toca saber quién decidió no actuar, toca asumir que la omisión también mata.

 El Bocal no puede cerrarse en falso, porque si no hay consecuencias, el siguiente fallo estructural no será una sorpresa, será una repetición.

La Remonta, el símbolo de cómo PP, PRC y PSOE han fallado a la vivienda en Cantabria

Cantabria ya no puede esconder su problema de vivienda detrás de diagnósticos repetidos. La situación es clara, acceder a una vivienda digna es cada vez más difícil y los responsables tienen nombre. Durante años, el Partido Popular (PP), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han sido incapaces - o no han querido - dar una respuesta eficaz a un problema que hoy es central para miles de cántabros.

El crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas en Santander no es casualidad, es consecuencia de años de permisividad política. Ninguno de los gobiernos – nacionales, municipales ni autonómicos - han querido afrontar el coste de regular de verdad este fenómeno, el resultado, menos vivienda residencial, y precios disparados.

Y frente a esta situación, la existencia de más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria, que retratan el fracaso colectivo, con el que solo cabe preguntarse, dónde han estado las políticas para movilizarlas, y que han hecho el PP, PRC y PSOE más allá de anunciar medidas que nunca llegan. La respuesta no puede ser otra, que la inacción prolongada, que está convirtiendo este problema en algo más que técnico, para convertirlo también en una responsabilidad política compartida.

La regulación del alquiler turístico sigue siendo insuficiente porque, sencillamente, no ha sido una prioridad real para quienes gobiernan o han gobernado. Se ha legislado a medias, se ha controlado poco y se ha permitido que la situación derive en un modelo insostenible.

Pero si hay un símbolo que concentra décadas de ineficacia política es La Remonta, en Peñacastillo.

Más de 25 años, gobiernos de distinto color, alternancias políticas, y promesas reiteradas, han tenido el mismo resultado, cero viviendas construidas en uno de los suelos más estratégicos de Santander.

El listado de planes es tan extenso como estéril, desde finales de los 90, proyectos estatales, acuerdos entre administraciones, planes parciales, propuestas de parques, anuncios de vivienda social, comisiones técnicas… todos ellos impulsados, en distintos momentos por PP, PRC o PSOE, pero ninguno ejecutado. La Remonta se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la política regional cuando falla, todos han pasado por el problema, pero ninguno ha asumido la solución.

Mientras tanto, más de 1.300 viviendas sociales potenciales, siguen sin construirse, mientras que, jóvenes, familias y trabajadores siguen sin acceso a vivienda, y a la espera de que las administraciones – autonómicas, nacionales y locales - se pongan de acuerdo.

Y todo ello en paralelo a un proceso creciente de gentrificación, que transforma Santander en una ciudad cada vez más orientada al visitante y menos al residente.   

La conclusión es incómoda, pero inevitable, el problema de la vivienda en Cantabria no es solo económico o urbanístico, es profundamente político.

Las soluciones están encima de la mesa desde hace años, regular de forma efectiva las viviendas turísticas movilizar la vivienda vacía con medidas reales, apostar decididamente por vivienda pública y desbloquear de una vez suelos estratégicos como La Remonta.

Por lo tanto, lo que falta no es información, ni capacidad técnica, incluso ni diagnóstico, lo que falta es decisión política y asumir los costes correspondientes, porque mientras el PP, PRC y PSOE sigan utilizando la vivienda como argumento y no como prioridad real, Cantabria seguirá avanzando hacia un modelo en el que vivir será cada vez más difícil… y la política, cada vez menos creíble.

Las vallas de Santander tapan años de dejadez

 

Santander se está llenando de vallas, cintas de precinto y señales de “prohibido el paso”, que dibujan una ciudad que ha pasado de la normalidad, a la sospecha sobre sus propios espacios públicos.                        

Hoy el mapa urbano puede leerse a través de sus cierres, paseos interrumpidos, pasarelas clausuradas, accesos restringidos, zonas emblemáticas bajo revisión - como los bajos de Sardinero – permitiendo que la valla, deje de ser un elemento provisional para convertirse en un mensaje claro de que algo no se revisó a tiempo. 

Todo se aceleró tras lo ocurrido en El Bocal, pero el problema venía de antes. El mantenimiento, esa política silenciosa que no se ve, ha fallado, y cuando falla lo hace de golpe.                                                                                                                                     

Las inspecciones y cierres actuales son necesarios, incluso obligados, pero también evidencian un cambio brusco, el de no haber actuado hasta que el riesgo ya es evidente, a cerrar ante la mínima duda, y ese giro, aunque correcto, tiene un coste, la pérdida de confianza.  Hoy el ciudadano mira distinto su ciudad, donde antes había rutina, ahora hay preguntas: “¿desde cuándo estaba esto así?”.                                                                 

Las vallas caerán y los espacios se reabrirán, pero Santander debería quedarse con una lección clara, el mantenimiento no puede ser reactivo, porque cuando llega tarde, no solo se cierran espacios, también se resiente la confianza.

Tango el arte de acompañarnos en tiempos difíciles

En momentos de incertidumbre, cuando la vida nos pone a prueba, también yo me atrevo a compartir una fórmula para sobrellevar la crisis- bailar. Más aún, bailar tango, y regalarte - junto a tu pareja - esos instantes luminosos que solo este baile sabe ofrecer.

Si algún día te acercas a una milonga, lo primero que descubrirás será la imagen de dos personas moviéndose por la pista, un hombre y una mujer que deslizan los pies con una suavidad casi felina, envueltos por una música intensa. A simple vista, parecería que apenas se conocen; su concentración es tal que todo lo demás desaparece.

Pero esa es solo la superficie. En el tango no hace falta una identificación previa con la pareja. Cada tango es una experiencia nueva, irrepetible, que se construye a partir del abrazo, del instante y de la música elegida. Cada encuentro es distinto, y cada baile es, en sí mismo, una historia.

Por eso te invito a bailar tango. Te invito a vivir esa experiencia única donde los sentimientos encuentran su cauce, donde las habilidades se entrelazan con cadencias, giros, sacadas, cortes y quebradas que hacen de cada danza un universo distinto. No exagero, quien lo ha probado sabe que bailar tango es algo que no se repite jamás del mismo modo.

A los que lo bailamos nos gusta decir que, en el tango, se bailan incluso los silencios. Esos silencios que, suspendidos en el tiempo, nos recuerdan que no estamos solos. El ritmo compartido, la sintonía con el otro y el placer sensorial del movimiento nos hacen sentir que atravesamos un reto emocional e intelectual. Por eso, el tango es mucho más que un baile, es una manera de encontrarnos, incluso cuando el mundo parece desordenarse.

Alcaldesa, narrar el dolor no basta, la verdad exige hechos

Llevamos más de un mes desde que seis jóvenes murieron en el Bocal de la senda costera de Santander. Seis. Y ha tenido que pasar todo este tiempo para que la alcaldesa, Gema Igual, publique en el Diario Montañés un artículo en el que nos habla de dolor y verdad.

Dice que cada día se asoma al precipicio del dolor. Yo la recuerdo, con todo el respeto que merece el cargo que ocupa, que el precipicio real fue el del Bocal, y que quienes cayeron por él, no lo hicieron metafóricamente.

Dice que cada mañana empieza pidiendo serenidad y reclamando que se conozca la verdad, y lo dice como si esa verdad fuera algo ajeno a ella, algo que está ahí fuera esperando a ser descubierto, como si el Ayuntamiento que preside no fuera parte fundamental de la historia que hay que explicar.

Porque la verdad, alcaldesa, no está tan lejos. Está en el estado en el que se encontraba esa pasarela, en los materiales con los que fue construida, en los años que pasaron sin que nadie le dedicara la atención, el tiempo y el presupuesto que necesitaba una infraestructura junto al mar, sometida a condiciones climatológicas exigentes que sin duda alguna requería un mantenimiento serio y continuado, que no lo tuvo.

En las últimas semanas hemos leído muchas páginas de periódico con referencias a la Confederación Hidrográfica del Norte. Puede que la Confederación tenga también responsabilidades que responder, y los tribunales lo determinarán. Pero señalar hacia otro lado no es buscar la verdad, es precisamente, alejarse de ella.

La verdad que las familias merecen no es la que más convenga políticamente. Es la que explique, sin eufemismos, qué falló, cuándo empezó a fallar, quién lo sabía y qué se hizo al respecto. Esa verdad incluye al Ayuntamiento, incluye a quienes tuvieron responsabilidad en el mantenimiento de la senda costera durante estos años. Y apelar ahora al compromiso con las familias, después de semanas de relato institucional, suena a poco si no va acompañado de una transparencia real y sin condiciones.

No hace falta esperar a las sentencias judiciales para reconocer lo evidente, hubo un fallo de mantenimiento grave, con consecuencias irreparables, los juzgados pondrán blanco sobre negro las responsabilidades penales y civiles. Pero la responsabilidad política no necesita sentencia, se ejerce, o no se ejerce, cada día desde el cargo.

Santander lleva semanas llenándose de vallas, pasarelas clausuradas, miradores cerrados, - el Sardinero precintado - y en cada caso siempre surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?, y si alguien lo sabía.

Lo que ha cambiado no es solo el estado de las infraestructuras, es la confianza de los vecinos, en quienes tienen la obligación de cuidar los espacios de todos, esa confianza que no se recupera con columnas en el periódico, se recupera con hechos, con transparencia y con la honestidad de asumir lo que corresponde asumir

 

El Cabildo de Arriba, más de una década esperando el plan que nadie cumple

En septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Santander presentó un ambicioso Plan Especial de Protección y Reforma Interior para la recuperación del Cabildo de Arriba, respaldado por la asistencia técnica de las empresas AUGE Arquitectura y Urbanismo y APIA XXI. El anuncio sonó a promesa seria. Parecía, por fin, el inicio de una nueva etapa para uno de los barrios más castigados del centro de la ciudad. 

Más de diez años después, aquella promesa sigue sin cumplirse, a pesar de que el diagnóstico que lo decía todo.

El informe de 2013 describía sin rodeos la situación del Cabildo de Arriba, "un barrio en el corazón de la ciudad, en el que parte de los edificios ya no existen, y los que se mantienen en pie cuentan con multitud de viviendas vacías". Los técnicos alertaban también de la ocupación de esas viviendas abandonadas por personas en situación de grave exclusión social y económica.

La conclusión era clara, la recuperación edificio a edificio resultaba inviable. Lo que se necesitaba era una intervención pública decidida, una rehabilitación integral, el retorno de la población tradicional y políticas sociales capaces de frenar el deterioro. Estaba todo escrito. Todo diagnosticado, y sin embargo, nada ocurrió. Los años han ido pasando y esa intervención integral nunca ha llegado.

Tanto la administración autonómica como la municipal parecen haber optado por una estrategia diferente, la de confiar en que el mercado privado absorba lentamente las viviendas vacías y los inmuebles con graves deficiencias estructurales. Una solución cómoda para quienes gestionan desde los despachos, pero insoportable para quienes viven cada día en el barrio, lidiando con la degradación, la incertidumbre y una sensación de abandono que se acumula año tras año.

En este tiempo no han faltado los planes, los borradores, las reuniones ni los titulares de prensa. Lo que ha faltado es la acción.

Hace unos meses se anunció el derribo de dos edificios en la calle Alta. La noticia se presentó, una vez más, como el primer paso hacia la regeneración definitiva del barrio. Los vecinos, sin embargo, llevan demasiado tiempo escuchando promesas parecidas como para ilusionarse con gestos aislados. Para ellos, esto no es más que otro parche, otra actuación puntual que sirve más para rellenar portadas que para transformar la realidad cotidiana del Cabildo.

El barrio no esta pidiendo nada extraordinario. Solo lo que ya estaba escrito en 2013, un plan claro, serio y, sobre todo, cumplido. Sus vecinos llevan más de una década reivindicando algo que debería ser un derecho básico e innegociable, vivir en un barrio digno, cuidado y respetado.

Mientras las administraciones siguen aplazando decisiones, el Cabildo de Arriba continúa esperando. Y el reloj sigue corriendo.

 

De Cantabria a Wall Street, cuando tus datos de salud entran en el mercado

Se nos viene repitiendo por parte del Consejero de Sanidad que proyectos como el de Cohorte Cantabria representan el futuro de la medicina, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado. Todo ello apoyado en un principio aparentemente incuestionable, de que cuantos más datos tengamos, mejor podremos cuidar la salud de la población. Y, sin embargo, hay una pregunta que rara vez se formula con claridad, ¿qué ocurre cuando esos datos salen del ámbito público y entran en la lógica del mercado?

La experiencia internacional ofrece pistas. Modelos como el de UK Biobank en el Reino Unido ha demostrado el enorme valor científico de las grandes bases de datos poblacionales. Pero también abierto la puerta a colaboraciones con empresas privadas capaces de convertir esa información en patentes, medicamentos y en última instancia, beneficios multimillonarios.

El mecanismo es sutil. Ningún ciudadano vende directamente sus datos. Nadie firma un contrato con una farmacéutica. Todo se hace a través de intermediarios legítimos, institutos de investigación, universidades, biobancos públicos, encargados de codificar y supuestamente proteger dando una sensación de protección legal impecable. Pero económicamente, el resultado es claro, la información generada de forma colectiva acaba alimentando circuitos de valor privados.

En este contexto, Cohorte Cantabria deja de ser un proyecto regional para convertirse en una pieza potencial de un engranaje mucho mayor. Hoy es una base de datos pública, gestionada por instituciones como el sistema sanitario y centros de investigación (IDIVAL) para mañana convertirse – como es el caso - en parte de redes internacionales ( Regeneron Pharmaceuticals ) donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos.

No se trata de demonizar la colaboración con la industria. Sin empresas farmacéuticas no hay ensayos clínicos a gran escala, ni capacidad de producción, ni llegada real de los tratamientos al paciente. El problema aparece cuando el equilibrio se rompe, cuando el ciudadano aporta datos, el sistema público organiza el conocimiento y el retorno económico queda concentrado en actores privados.

Aquí es donde el debate debería volverse más exigente. No basta con garantizar la protección de datos. No basta con cumplir la ley. La cuestión de fondo es otra, ¿qué obtiene la sociedad cántabra a cambio? ¿Existe un retorno tangible, más allá de promesas futuras? ¿Se reinvierte ese valor en el sistema público que hizo posible la investigación?

Porque el riesgo no es inmediato ni visible. No hay un escándalo evidente, ni un uso ilegal de la información. Lo que hay es algo más complejo, una transferencia silenciosa de valor desde lo colectivo hacia lo privado, legitimada por el discurso del progreso científico.

Cohorte Cantabria, como tantos otros proyectos similares, se mueve en esa frontera. Puede ser una herramienta poderosa al servicio del bien común o una fuente de valor que otros sabrán capitalizar mejor. Todo dependerá de las reglas del juego que se establezcan hoy.

La decisión, en última instancia, no es técnica. Es política. Y consiste en responder con honestidad a una pregunta incómoda, en la medicina del futuro, ¿los datos de todos servirán realmente para el beneficio de todos?

Cuba entre el bloqueo y un relato interesado

He leído en El Diario Montañés del 22 de marzo un artículo de Manuel Ángel Castañeda titulado “Cuba, se desmerenga el mito de la revolución”. En él se presenta la situación actual de la isla como la prueba definitiva del fracaso de su sistema político. Sin embargo, el análisis resulta demasiado simple para explicar una realidad mucho más compleja.

Reducir las penurias económicas de Cuba únicamente a su modelo político es olvidar un factor decisivo: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de sesenta años. Pocas economías en el mundo han tenido que sobrevivir durante tanto tiempo bajo un régimen de sanciones que limita el comercio, la financiación internacional y hasta la compra de productos básicos.

Las consecuencias de ese cerco se reflejan en datos concretos. Las pérdidas acumuladas para la economía cubana superan los 150.000 millones de dólares y cada año la isla afronta enormes dificultades para importar combustible, alimentos o medicamentos. Incluso empresas de terceros países evitan comerciar con Cuba por miedo a sanciones.

A esta situación se suma ahora una nueva amenaza política desde Washington. El retorno de Donald Trump al poder viene acompañado de una retórica aún más dura hacia la isla y de la intención declarada de endurecer el aislamiento económico. Ese tipo de políticas no solo persiguen presionar al gobierno cubano; en la práctica terminan agravando las condiciones de vida de la población, provocando mayores dificultades alimentarias, sanitarias y energéticas en un país que ya vive bajo una presión económica extraordinaria.

En el artículo también se menciona la escasez actual de petróleo procedente de Venezuela, como si fuera una especie de castigo histórico que revela el fracaso del sistema cubano. Pero la realidad energética de la isla también está condicionada por las sanciones que afectan al transporte marítimo, a las aseguradoras y a cualquier empresa que decida vender combustible a Cuba.

Por supuesto, Cuba tiene problemas internos y su sistema político puede ser objeto de crítica. Pero analizar la situación del país sin tener en cuenta más de seis décadas de presión económica externa no es un ejercicio de rigor, sino de simplificación.

Antes de hablar del derrumbe de un mito, quizá convendría reconocer que un país pequeño ha tenido que sobrevivir durante décadas bajo un cerco económico casi permanente. Y que, pese a todas sus dificultades, el pueblo cubano sigue resistiendo una situación que difícilmente sería soportable para cualquier otra nación.